Las batallas que libra Macri en la Justicia laboral
La reforma laboral que ideó el Gobierno y que no avanzó en el Congreso tiene su correlato casi a diario en los tribunales. En el fuero laboral, blanco de filosas críticas por parte de Mauricio Macri , dominan hoy los litigios por los alcances de la negociación salarial y el derecho a huelga, pero también sobre los despidos colectivos en el marco de los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), un atajo que permite a las empresas concretar suspensiones y pagar a veces menos por las indemnizaciones. Los pedidos de PPC dieron un salto significativo: en 2018 hubo 108 solicitudes, 25 más que en 2017 y 53 más que en 2016. La tendencia ascendente se mantiene en 2019, con 41 pedidos "en los primeros meses".
El caso modelo que dejó al descubierto las diferencias entre la Justicia laboral y el Gobierno fue el cierre de una fábrica de PepsiCo, en 2017. Con el PPC en curso, la empresa bajó sus persianas de una planta en Florida con un despliegue policial inédito. La Cámara Nacional de Apelaciones ordenó reincorporar a los 536 despedidos hasta que se logre acreditar la crisis. La intervención judicial sirvió para forzar un acuerdo de salida y a todos se les abonó la indemnización.
En la Casa Rosada distinguen la influencia del sindicalismo y el PJ en la mayoría de las decisiones del fuero. Macri, hace un tiempo, se refirió a la "mafia de los juicios laborales" y le puso nombre propio: acusó a Héctor Recalde, exdiputado kirchnerista y exasesor legal de la CGT, de estar detrás de esas maniobras que el Presidente no especificó.
La embestida del Gobierno siguió con la denuncia a jueces de primera instancia y camaristas por diversos motivos: a Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, por ejemplo, fue por avalar un reclamo salarial de los bancarios; a Diana Cabral y Luis Raffaghelli por ordenar reincorporaciones en el Enacom, y a Dora Temis (ya fallecida) por intimar a retrotraer los descuentos a los docentes por los días de huelga. También hubo planteos por la actuación de José Ignacio Ramonet, el juez que dejó sin efecto un embargo preventivo de $300 millones contra el gremio de Camioneros de Hugo Moyano y que ordenó al por entonces Ministerio de Trabajo a recalcular la multa de $810 millones que le había impuesto por no acatar una conciliación obligatoria. La pena, de efectivizarse, sería ahora mucho menor.
En la Justicia laboral nacional trabajan unas 1500 personas y cuenta con menos recursos y presupuesto que otros fueros, según fuentes del gremio judicial. Y un litigio por una indemnización, por ejemplo, podría demorar cinco años promedio, según un cálculo hecho por la Asociación de Abogados Laboralistas.
Cuando asumió Macri, el kirchnerismo le dejó unas 30 vacantes en juzgados de primera instancia y otros 10 cupos en las salas de la Cámara. Todavía no se cubrieron todos los lugares, aunque los magistrados que ingresaron permiten identificar una intención oficial de cambiar el perfil del fuero por "jueces que no fallen siempre para el mismo lado". Dicho por abogados vinculados a los gremios sería: "Ahora pesa en el fuero la voz de [Daniel] Funes de Rioja".
El desafío es erosionar la influencia que mantendría Recalde, cuya esposa, Graciela Craig, es presidenta de la Sala VI. O limitar el margen de acción del sindicalista judicial Julio Piumato, cuya esposa, Analía Viganó, ocupa el Juzgado del Trabajo N° 31.
Viganó planteó hace unos días que el expediente de la intervención del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), de Marcelo Balcedo, sea enviado a los tribunales nacionales. Pidió, en definitiva, que no actúe más el juez platense Ernesto Kreplak. En los pasillos oficiales interpretaron la maniobra de Piumato como una señal a Balcedo, que está preso en Uruguay y quien habría amenazado desde el encierro con ventilar secretos de los popes sindicales de la CGT. En agosto finalizará la intervención del Soeme y se llamará a elecciones. Al igual de lo que sucede con otros gremios intervenidos, como el de seguridad privada, el Gobierno fogonea candidatos propios con algún sugestivo interés.
Como parte de la misma estrategia, Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, decidió en febrero armar un Consejo Asesor, cuyos integrantes están vinculados a la Justicia laboral. Lo preside Julio César Simón, amigo íntimo del funcionario y viejo asesor de Luis Barrionuevo. Aunque otra voz de referencia sería la de Juan José Etala, miembro histórico de la Unión Industrial Argentina (UIA) y quien se jactaría de tener llegada a Macri y Germán Garavano.
Los otros integrantes son Carlos Aldao Zapiola, delegado de los empleadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), exdirectivo de la Cámara de Comercio de EE.UU. y exgerente del Grupo Fortabat, Revlon y Jonh Deer; Miguel Ángel Maza, que se jubiló en 2018 de la Sala II y fue uno de los impulsores del fallo que le revocó la personería gremial a los metrodelegados del subte en su pulseada con la UTA; Leandro Jesús Ambesi, excamarista laboral y a quien Jorge Triaca le delegó la "unidad de reordenamiento laboral", y Abel Nicolás De Manuele, que fue asesor legal del gremio UPCN y mantuvo una fuerte disputa con ATE por la representación de los trabajadores estatales. De Manuele renunció a los pocos días y ni siquiera estuvo para la foto fundacional.
El Consejo Asesor, sin embargo, no garantiza aún triunfos en los tribunales. Etala lo comprobó en carne propia al representar a la agencia estatal Télam en la pulseada por 354 despidos. Entre julio y octubre de 2018, diversos jueces laborales ordenaron la reincorporación de 241 despedidos en forma cautelar hasta que se resolviera la cuestión de fondo sobre la legitimidad de las cesantías (la mayoría de esas cautelares fueron dictadas por Ricardo Tatarsky y Silvia Garzini). Los despedidos que reingresaron a la empresa volvieron a sus puestos originales y cobran sus salarios en forma normal, pero ninguno de los jueces los obligó a devolver las indemnizaciones cobradas, según fuentes de la agencia. En diciembre, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la reincorporación de 104 despedidos en un juicio colectivo que había sido iniciado por el gremio Sitrapren, pero en este caso les ordenó devolver el dinero cobrado. Hasta el 11 de abril de 2019 Télam recuperó $37.335.566 sobre un total de $78.637.464 de las indeminizaciones. Es apenas una batalla más entre las muchas que se libran en los tribunales.
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