Horacio Rodríguez Larreta presentó su reclamo en la Corte por la quita de fondos de coparticipación
LA NACIONHernán Cappiello
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó hoy su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de revertir la quita de fondos por la coparticipación federal dispuesta por el presidente Alberto Fernández en un decreto de la semana pasada.
Buscará no solo evitar que se siga ejecutado el descuento de 150 millones de pesos de diarios que implica la decisión presidencial, sino que incluye el nuevo avance del gobierno nacional que busca restarle más dinero con una ley enviada al Senado.
La Ciudad le dijo a la Corte que en al Constitución "no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales. Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación".
Y le señaló: "La legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires".
Los coeficientes sucesivamente asignados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron siempre establecidos mediante actos bilaterales entre la Ciudad y el Estado Nacional, destacó la Ciudad.
"En tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna", señaló el escrito.
El anuncio formulado por el Presidente de la Nación de recortar un porcentaje del 1,18% de la Coparticipación significa para la CABA, a valores de 2020, la pérdida de 36.000 millones de pesos.
El procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa, estuvo trabajando toda la semana en la presentación que, según informaron fuentes del gobierno porteño, tiene dos momentos: uno inicial con una medida cautelar y un reclamo final con el fondo de los cuestionamientos. Tras el anunció del proyecto de ley que profundiza la pérdida de los fondos porteños, la ciudad sumó un tercer momento con una ampliación.
La iniciativa, que fue enviada al Senado, plantea que Larreta ya no reciba de forma automática –con un goteo diario vía coparticipación nacional– los fondos para costear el servicio de seguridad traspasado a la ciudad, sino que ese monto se fije con una fórmula plasmada en el presupuesto.
La coparticipación que recibía la ciudad era del 3,5% y ahora será del 1,4%. El dinero para pagar la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, según este proyecto de ley, surgirá de una fórmula que surgirá de la negociación del presupuesto con las provincias, cuestión que en el gobierno porteño consideran inadmisible. Las transferencias de fondos de coparticipación hasta ahora se realizan a través del Banco de la Nación Argentina, en forma diaria y automática.
Los fundamentos del escrito que trabajó Astarloa y el equipo de la Procuración son que el asunto se trata de un caso de competencia originario de la Corte Suprema de Justicia, es decir que no hay que plantearlo ante un juez de primera y eventualmente ante la Cámara de Apelaciones, sino que es asunto de los que trata directamente el máximo tribunal.
Esto es así porque se trata de un conflicto entre la Nación y la ciudad, que está asimilada al estatus que tienen las provincias para acceder por competencia originaria ante el máximo tribunal.
La Corte lo dijo por última vez al resolver un conflicto entre Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, donde declaró la competencia originaria para esa demanda.
Además en el gobierno porteño plantean una acción integral de fondo que contempla la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 735/20 de Fernández y una cautelar que implique frenar la fuga de fondos y recuperar con intereses el dinero que la ciudad pierde desde la firma del decreto. Larreta y Fernández hablaron anoche en Olivos, donde se encontraron para resolver cómo continúa la cuarentena por el coronavirus. Pero no hubo acuerdo para negociar una salida pacífica al conflicto por los fondos.
El nuevo proyecto de ley
Ahora, en caso de que prospere el proyecto y se transforme en ley, en los términos actuales, la ciudad entiende que el perjuicio se agrava aún más.
El primer paso del trámite en la Corte es dar intervención al procurador interino Eduardo Casal para que dictamine si se trata de un caso de competencia originaria y que se pronuncie sobre el recuso de amparo.
En otras ocasiones esa coparticipación ya fue afectada por otros decretos que, a veces, merecieron fallos contrarios de la Corte para volver las cosas a su lugar y, otras, no tuvieron ninguna corrección. Por ejemplo los fallos de 2015, apenas asumió Macri, cuando la Corte ordenó pagar fondos retroactivos a Córdoba, San Luis y Santa Fe.
Destacan en el gobierno porteño que los decretos surgen de convenios previos entre las partes, como se da en todos los casos de coparticipación y que en este caso no fue así, sino que se trató de una medida unilateral.
Ahora con el proyecto de ley este argumento queda relativizado porque en caso de que prospere la iniciativa en el Congreso la reducción de la coparticipación será producto de una decisión mas participada. "La ley de coparticipación supone acuerdos y el federalismo impositivo es de concertación y no de imposición", insisten en la ciudad.
Por Hernán Cappiello
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