Lago Escondido: el gobierno de Río Negro se mantiene al margen del conflicto de Juan Grabois en medio de una puja judicial por el acceso a la estancia de Joe Lewis

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La empresa que administra la estancia Lago Escondido informó que, además de relevar si se está actuando de oficio en el juzgado y la fiscalía local, denunciarán penalmente a Juan Grabois y a todos los que formaron parte del acampe por violacion de domicilio, intrusión, amenazas y daños a la propiedad privada.

Asimismo, se formalizará una denuncia penal por violencia y agresión a una trabajadora y por violencia de género hacia esa misma mujer, que está embarazada.

“Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Durante un día por lo menos pudimos recuperar esa soberanía. Esperamos que sirva para algo”, dijo hoy Grabois en conferencia de prensa tras levantar el acampe en el lago.

Por su parte, desde la administración de la estancia del empresario británico Joe Lewis remarcaron el silencio del gobierno rionegrino ante la irrupción del grupo de unas 80 personas liderado por el dirigente kirchnerista. Consultadas por LA NACION, fuentes cercanas a la gobernadora Arabela Carreras indicaron que no tienen previsto pronunciarse sobre la cuestión.

La trama judicial

A mediados de septiembre, desde Vialidad Rionegrina se apeló el fallo judicial que impone la apertura de un segundo camino a Lago Escondido. Días antes, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativa le ordenó al gobierno provincial que, en un plazo de tres meses, debía garantizar a la población el tránsito por un camino de acceso al Lago Escondido, lindante con la propiedad de Lewis.

“Cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia el 21 de septiembre de 2005 rechazó la pretensión de Magdalena Odarda, la impulsora de la demanda, indicando en su parte dispositiva que deben llevarse a cabo los trámites administrativos para cumplir el decreto 578 de 2002 asegurando el acceso al Lago Escondido”, advirtieron desde el gobierno provincial.

Agregaron que la sentencia del 29 de julio de 2009 del Superior Tribunal de Justicia señala que “se acreditó que el Estado Provincial inscribió la servidumbre en la traza larga (un sendero de montaña) tal como ordenaba el Decreto 578/02 y fijó un plazo de 120 días para que se cumpla la señalización y las medidas de seguridad, concluyendo así que el objeto del incidente de ejecución de aquella sentencia estaba agotado”.

En agosto de 2009, en el marco de una aclaratoria, otra sentencia resolvió que lo decidido con anterioridad por el Superior Tribunal de Justicia “de ningún modo se trata de la apertura de un nuevo camino de acceso al Lago Escondido, sino que por el contrario, se refiere a los ya existentes, integrantes de la Red de caminos primarios y secundarios que corresponden a la ex Viarse conservarlos y mantenerlos”. Tal como señalaron desde Vialidad Rionegrina, eso implica que “nunca se ordenó abrir un nuevo camino”.

Al explicar los motivos de la apelación, desde la entidad recordaron que “el 29 de marzo de 2012, el expediente volvió a la Cámara de Apelaciones de Bariloche al solo efecto de gestionar el seguimiento y cumplimiento de aquella sentencia de 2009 en cuanto a la señalización y medida de seguridad del sendero de montaña”.

Y concluyeron: “Desoyendo las resoluciones del Superior Tribunal de Justicia, mediante sentencia de fecha 22 de febrero de 2013, se condenó al Estado Provincial a realizar un nuevo camino de acceso al lago, para lo que debe expropiar grandes cantidades de tierras, realizar obras, entre otros puntos. En virtud de este fallo, se han realizado las distintas apelaciones y demás instancias para revertir los alcances de este fallo”.

“Enclave británico”

Por su parte, desde la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), que preside Julio César Urien, informaron ayer que entre el 26 de enero y 14 de febrero realizarán, junto a diversas organizaciones sociales, políticas y gremiales, la séptima marcha a Lago Escondido para denunciar que el lugar es un “enclave británico” y funciona como “la cueva de un poder mafioso”.

En febrero de este año, la sexta marcha organizada por Fipca terminó con un “rescate” en helicóptero. Tras varios días de caminata, los manifestantes que buscaban llegar a la cabecera norte del lago denunciaron amenazas. Uno de los miembros de la marcha era el médico sanitarista Jorge Rachid, asesor del gobernador Axel Kicillof.

Como Rachid no pudo volver a comunicarse a través del teléfono satelital que utilizaron durante la travesía, Urien y sus abogados presentaron un hábeas corpus, que fue rechazado por el juez Mariano Castro, a cargo del Juzgado N°1 de Bariloche.

Horas después, el juez Juan Pablo Laurence rechazó un nuevo hábeas corpus presentado por Urien por considerar que no hubo “vulneración a las garantías constitucionales de las personas que se encuentran marchando hacia Lago Escondido”. Finalmente, una aeronave privada fue a buscar a Rachid, que se encontraba insolado.

Tensión en el sur. Grabois levantó el acampe en la estancia Lago Escondido y la empresa lo denunciará penalmente

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