Allanaron el departamento de la mujer de Recoleta acusada de haber encargado los carteles contra Cristina Kirchner
Nilda Melhem había presentado ayer un escrito en el juzgado para evitar ser detenida; también se presentó un chico de 17 años, señalado como quien le entregó la plata al mensajero que la llevó a la imprenta
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LA NACION
Por orden del juez de instrucción Manuel De Campos, la Policía Federal allanó el departamento de Nilda Lilian Melhem, una vecina de 61 años, de Recoleta, acusada de haber encargado la pegatina de afiches contra Cristina Kirchner que la acusaban de “asesina” por priorizar a Rusia como proveedor de vacunas contra el Covid-19.
Melhem había hecho llegar anoche un escrito al juzgado para ponerse a disposición y evitar ser detenida, lo que finalmente consiguió. Lo mismo hizo un menor de edad, supuestamente quien entregó el dinero para pagar el trabajo de imprenta.
En el escrito, firmado por Melhem con el patrocinio del abogado Matías Cuneo Libarona, ella señala que se sintió aludida por lo que informaron los medios de comunicación y se pone a disposición del juez, sin necesidad de que la detengan.
Asimismo, un adolescente de 17 años, de nombre Lucio y también patrocinado por Cuneo Libarona, presentó otro escrito con su firma y la de su padre, señalando que supo de la causa por los medios de comunicación y que mediante este escrito “concurre a ponerse a entera disposición del juzgado y de la fiscalía” de Leonel Gómez Barbella, que interviene en el caso.
La mujer, según los investigadores, habría escrito en sus redes sociales que su padre murió hace dos años a causa del Covid-19, lo que explicaría su dolor y su reclamo al Gobierno por no conseguir vacunas a tiempo.
Melhem afirma que ante la eventualidad de que se busque detenerla, prestará “plena colaboración y concurrencia cada vez que sea citada”. Y explica: “No tengo antecedentes computables penalmente; jamás tuve denuncias en mi contra; vivo desde hace mucho tiempo (exactamente desde 2009) en un inmueble de mi propiedad, sito en la calle Billinghurst [la dirección se excluye], CABA, junto a mi hija Agustina, de 22 años de edad”.
“Tengo infinidad de comprobantes y constancias que acreditan mi arraigo en este país y, específicamente, en esta ciudad. Trabajo y soy el sustento de mi hogar, pese a ostentar la calidad de jubilada, y figurar como monotributista Categoría E. No tengo intenciones de irme del país, ni nada que se le parezca”, reafirma la mujer para que el juez De Campos no pida detenerla y la cite sin correr el riesgo de dejarla presa.
“Señor Juez, no luce razonable que se disponga una medida restrictiva de libertad sobre mi persona habida cuenta, principalmente, que a través de esta presentación me estoy poniendo a disposición y estoy certificando que pretendo estar a derecho hasta que el hecho que se investiga se aclare, máxime el estado embrionario del sumario”, explica en el escrito con su firma.
Además, señaló que como la escala penal para el delito que se imputa (hurto y defraudación) permiten que en caso de una condena sea de ejecución condicional, no se justifica su detención.
Sin mencionar que pide una exención de prisión (donde solicita declarar sin ir presa) la mujer explica en el texto que le pide al juez De Campos: “Revea la decisión que habría ordenado mi detención y la revoque por contrario imperio, sin sustanciación de incidente alguno, por resultar ello innecesario”.
“Señor Juez, los riesgos procesales pueden fundarse en pautas objetivas, es cierto. Pero también es cierto que corresponde analizar el caso concreto de cada persona y el momento en que supuestamente aquellas pautas objetivas comenzaron a existir y, consecuentemente, los riesgos empezar a aflorar. En mi caso no hay riesgo alguno”, consideró la jubilada.
El joven de 17 años presentó otro escrito donde dice que escuchó que los medios de comunicación habían pedido una detención, por lo que “para eliminar cualquier posibilidad de riesgo procesal”, como ser que crea que está planeando “una posible fuga o entorpecimiento” de la actuación de la Justicia es que insiste en “su plena colaboración y concurrencia cada vez que sea citado”.
Los afiches contra Cristina
Los afiches en cuestión comenzaron a ser visibles en la vía pública días atrás y con la foto de Cristina Kirchner. Contenían frases como “Culpable de 35.000 muertes”, “elegiste negocios con (Vladimir) Putin en lugar de salvar vidas” y la palabra “asesina”. Mostraban, además, un código QR que redirigía a un sitio de publicidades. Las acusaciones apuntan a la relación entre la Argentina y Rusia para el ingreso al país de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.
La detención de la mujer fue ordenada por el juez de instrucción De Campos, dijeron a LA NACION fuentes allegadas al caso.
La pista que permitió dar con la señora fue la declaración de un chofer de Uber, que le dijo a las autoridades que había sido contratado para entregar un paquete de dinero al imprentero que realizó la confección de los afiches.
El chofer de unos 25 años, fue ubicado porque las cámaras captaron su auto, cuando fue entregar al dinero a la imprenta. Se buscaron los datos en el registro de la propiedad automotor y así se allanó su casa. Cuando la policía lo fue a buscar dijo que había sido contratado por la señora y entregó su teléfono celular.
Asimismo mencionó al chico de 17 años menor de edad de nombre Lucio y que entregó el paquete de dinero al chofer de Uber. Los mensajes de su teléfono permitieron ubicar a su clienta, en la calle Billinghurst.
Esta investigación se inició por la denuncia del exsecretario de Medios Enrique Pepe Albistur, dueño de una empresa de cartelería de vía pública, y amigo de Alberto Fernández, al punto que le prestaba su departamento para vivir, quien dijo que sus pantallas publicitarias fueron tapadas por estos afiches.
Inicialmente el caso había sido investigado por el fiscal Leonel Gómez Barbella. Las cámaras de la Ciudad captaron el momento de la pegatina de afiches y una camioneta Fiat Fiorino que trasladaba las personas que los estaban pegando.
Identificado el vehículo se llegó a su dueño y se allanó una imprenta en la que se secuestraron gigantografías con las imágenes del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, y del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
Hubo cuatro detenidos por pegar esos afiches. Además se ubicó otra imprenta donde el encargado de las ventas, identificado como Francisco Serrano, habría sido quien realizó el trabajo de impresión y a quien le enviaron el dinero por esa tarea. El dinero fue entregado por el chofer de Uber, que dio la pista de la señora que encargó el trabajo. Serrano contrató a los pegadores de afiches.
Toda la tarea de impresión habría costado unos 470.000 pesos y la pegatina en Avenida Paseo Colón, Plaza de Mayo, Plaza Congreso, Plaza Vicente López, Avenida Libertador, Avenida Callao, Avenida Santa Fe, 9 de julio y en el Paseo del Bajo habría costado unos 90.000 pesos.
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