La Universidad de Buenos Aires informó que iniciará acciones legales ante la auditoría de la Sigen y Javier Milei respondió

La Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que tomará acciones legales en oposición a lo que considera una “intervención inconstitucional” por parte de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). La decisión fue informada a través de un comunicado en el que explicó “por qué el Poder ejecutivo”, a través de esta medida, busca “controlar lo que se enseña y aprende”.

Ante el anuncio, el presidente Javier Milei estimó que la negativa “no sólo revela que las autoridades están sucias, sino que además las cosas son peores a lo que imaginado, ya que el único sentido que tiene ocultar información es que lo que existe es pero a lo imaginado”.

En tanto, la institución académica señalo que realizará ”una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno” y aclaró cuáles son los mecanismos de auditoría a los que se somete regularmente “en cumplimiento de las leyes vigentes”. En tanto, agregó que “defenderá el principio de la libertad de cátedra utilizando todos los medios y recursos que estén a su alcance”.

En un documento titulado “SÍ a las auditorías, no a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”, la UBA detalló cómo rinde sus gastos regularmente “mediante todos los mecanismos que marca la legislación vigente y la convierte en uno de los entes más auditados y controlados del sector público”. Además, explica que solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso, que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en los años anteriores.

Por otra parte, señala que la Sigen no tiene las competencias para auditar a las universidades nacionales, ya que el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 dice “en términos indudables” que ese ente “puede controlar a las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”.

Además, la prestigiosa universidad denuncia que “detrás de las acusaciones de falta de transparencia, hay un “ataque ideológico a la idea misma de la universidad libre, gratuita, y masiva” y sostiene que el Ejecutivo “quiere controlar la libertad académica”.

De la misma manera, remarca que la autonomía “protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; y la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno”. “Sin ella no hay educación libre porque “se enseña lo que el gobierno de turno quiere, cuando el gobierno quiere, donde el gobierno quiere, y a quienes el gobierno quiere”.

Por lo tanto, la UBA resolvió, además de solicitar una auditoría externa independiente, “llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley”.

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