La Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo antilavado, dispuso congelar indefinidamente los bienes de los prófugos del ataque a la AMIA, de Hezbollah, Hamás y de los sospechosos de procurar financiamiento al terrorismo internacional, hasta que esa medida sea revocada judicialmente o los imputados sean excluidos de los registros de terrorismo. Hasta ahora esa medida se debía renovar cada seis meses.