La UIF pidió condenar a Lázaro Báez a nueve años de cárcel en otro caso de lavado de dinero de la corrupción
Es por la compra de El Entrevero, un amplio predio junto al mar, en Uruguay; la AFIP también pidió que se lo condene a siete años y medio de prisión; el juicio entra en su fase final
LA NACION
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que el empresario Lázaro Báez sea condenado a nueve años de prisión en un nuevo juicio oral por lavado de dinero, relacionado con la compra del campo El Entrevero, en Uruguay. En el mismo proceso, la AFIP reclamó una condena para Báez de siete años y medio de cárcel.
Con los alegatos de las querellas –el 8 de abril será el turno del fiscal Abel Córdoba– y las exposiciones de los abogados defensores el proceso entrará en su etapa final para que los jueces Gabriela López Iñíguez, Jorge Gorini y Néstor Costabel dicten su veredicto.
Los problemas judiciales de Báez, lejos de terminar, se agravan día a día. El empresario favorito de Néstor Kirchner ya fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, que en rigor es la primera parte de este expediente.
Allí se lo juzgó por lavar plata de la corrupción (según la condena de los dos jueces de la mayoría) mediante transferencias desde la financiera de Puerto Madero conocida como La Rosadita al exterior. Esos fondos viajaron por cuentas de bancos suizos y terminaron en poder de la familia Báez. Además de Báez fueron condenados el abogado Jorge Chueco, el financista Federico Elaskar y el arrepentido Leonardo Fariña.
En un tramo residual de esta causa, la Cámara Federal insiste en investigar a Cristina Kirchner y determinar si el dinero de Báez en verdad es plata de la exfamilia presidencial.
A su vez, Báez fue condenado a seis años de prisión en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, por fraude al Estado, debido al direccionamiento de las obras públicas de la provincia de Santa Cruz en beneficio del hombre de negocios patagónico. El empresario se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en un country bonaerense.
Ahora se juzga a Báez, al abogado Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín, a Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, al financista Santiago Carradori y a Osvaldo Guthux, por la compra de un campo en Uruguay, por 14 millones de dólares; más un terreno en José Ignacio, por 320.000 dólares, y departamento en Libertador y Ruggeri por unos 800.000 dólares, supuestamente con dinero a blanquear.
La operación principal que está bajo la lupa es la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas, entre José Ignacio y La Barra, por el que se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños, según la acusación. Fariña declaró en el juicio que se puso más dinero, habló de 16 millones de dólares y sostuvo que los que intervinieron en la operación se quedaron con plata.
En este juicio, los querellantes por parte del Estado son la AFIP y la Unidad de Información Financiera, que alegaron en este tramo final del juicio oral.
La AFIP pidió condenar a Báez a siete años y seis meses de prisión efectiva, más una multa de seis veces el monto del valor operado. Para Goff Dávila pidió siete años de prisión y una multa de cuatro veces el monto del valor operado, al igual que para Pérez Gadín. Con respecto a Carradori solicitó una pena de seis años de prisión efectiva y el pago de una multa de dos veces el monto del valor operado. Para Chueco pidió una pena de cinco años de prisión y multa de dos veces el monto del valor operado. Para Acosta, pidió una pena de cuatro años y para Guthux, una de tres años y seis meses. Para Fariña pidió que sea condenado a esa misma pena y que se lo multe con dos veces el monto del valor operado.
La UIF, en tanto, pidió que se condene a Báez a nueve años de prisión efectiva y multa de siete veces el monto de los activos lavados. Para Goff Dávila pidió siete años y seis meses de prisión efectiva. Para Fariña, cuatro años y seis meses de prisión. Para Carradori, seis años y seis meses de prisión. Para Chueco y Pérez Gadín, siete años y seis meses de prisión. Para Acosta y Guthux, cinco años y seis meses de prisión.
Los acusados intervinieron en la operación, supuestamente ordenada por Báez, realizada mediante sociedades constituidas en Uruguay y luego terminaron denunciándose entre ellos.
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