LA UIF fue aceptada como querellante en la causa contra el Polo Obrero y hoy indagan a Eduardo Belliboni
Fue admitida por el juez Casanello, lo que indica que se investiga también el delito de lavado de activos; continúa la crisis por el pedido de renuncia al segundo de la entidad, Tessio
LA NACION
La Unidad de Información Financiera (UIF), sumida en una crisis desde que la Casa Rosada le pidió la renuncia a su vicepresidente, fue admitida como querellante en la causa en la que se investiga al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a dos docenas de piqueteros, acusados de coaccionar a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, amenazarlos con sacarle esos beneficios o impedirle acceder a los comedores si no iban a las manifestaciones.
Belliboni, que también está acusado de desviar fondos que recibía del programa Potenciar Trabajo para financiar el Partido Obrero, será indagado este martes en Tribunales.
En esta causa el Gobierno ya es querellante mediante una presentación que hizo el Ministerio de Capital Humano. El juez Sebastián Casanello –dijeron fuentes judiciales a LA NACION– unificó esa querella con la de Oficina Anticorrupción. Y ahora admitió por separado a la UIF, que es un organismo estatal, autónomo, especializado en lavado de dinero.
El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, firmó el escrito que le permitió entrar a la causa. En diez carillas, explicó los fundamentos legales de la UIF para ser querellante, la jurisprudencia argentina de su intervención en otros casos y los motivos para sospechar sobre maniobras de lavado de dinero.
El escrito, al que accedió LA NACION, menciona que además de la coacción, Casanello investiga actividades de los acusados para canalizar los fondos ilícitos provenientes de dichos delitos a través de “cooperativas” y acciones que pusieron en circulación ese dinero en el mercado. Y ahí es donde se da la posibilidad de que el dinero y los bienes adquieran la apariencia de un origen lícito, aunque se desconoce el destino final de ese dinero.
Además, esa actividad se hizo mediante acuerdos con el Estado, debido a que la percepción y disposición supuestamente ilegítima por parte la Asociación Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor Ltda se hizo sobre recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex-Ministerio de Desarrollo Social.
La UIF está en medio de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para determinar si la Argentina cumple con las normas antilavado y si puede exhibir procesos exitosos, decomisos y multas. En medio de este trámite de alta sensibilidad, donde la Argentina pretende no caer en la “lista gris” de países que no combaten el lavado de dinero, desde el Gobierno le pidieron la renuncia al vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio.
Hay versiones encontradas sobre el motivo de esta renuncia, que fue presentada por el funcionario y aún no fue aceptada por el Gobierno, donde ya están buscando un sucesor para Tessio. El encargado de la tarea es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, hombre de confianza de Santiago Caputo, el asesor de Javier Milei, dijo una alta fuente de la cartera de Justicia.
Fuentes del Gobierno señalaron que Caputo mandó a pedirle la renuncia a Tessio. La medida se tomó en coincidencia temporal con la presentación que hizo la UIF para ser querellante contra el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras su viaje por Marbella con Sofía Clerici.
La presentación de la UIF en el caso Insaurralde cayó mal en el Gobierno y le pidieron explicaciones a su titular, Yacobucci, dijeron fuentes oficiales. Si bien Yacobucci fue quien firmó el escrito para presentarse como querellante en el caso Insaurralde, Tessio era el interlocutor con las autoridades de la justicia federal de Lomas de Zamora.
El vicepresidente de la UIF estaba activando los contactos de la red de entes antilavado en todo el mundo para rastrear las finanzas de Insaurralde fuera del país, el origen de los fondos con los que pagó sus viajes a Europa y Estados Unidos con una Tarjeta American Express emitida en el extranjero y, eventualmente, supuestas cuentas en el exterior.
Por estas horas, Yacobucci participa en Singapur de una cumbre del GAFI junto al presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky. La delegación Argentina está integrada, entre otros, por Eugenio Curia, de la Cancillería; Yacobucci, Borinsky; Silvina Rivarola, del Banco Central de la República Argentina, y Mariana Currais, directora de Internacionales de la UIF. El encuentro finaliza el 28 de junio. La Argentina pone en juego su permanencia en la máxima categoría internacional en lo que se relaciona con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Una segunda versión sobre la renuncia de Tessio apunta a que incidió en su designación Nicolás Posse, el eyectado exjefe de Gabinete. La tercera versión, que proviene de fuentes allegadas a Caputo, menciona que el motivo de la salida de Tessio es que en la función pública su sueldo apenas si llega a la quinta parte de lo que facturaba como abogado. Sin embargo, esta versión choca contra el reglamento de la UIF, que establece que sus exfuncionarios no pueden atender casos vinculados por dos años, cuando la especialidad de Tessio son los casos de compliance, transparencia y prevención del lavado de dinero. Además, el funcionario conocía su salario cuando aceptó el cargo.
Cualquiera sean los motivos, que en vísperas de una decisión del GAFI sobre Argentina el vicepresidente de la UIF sea removido no es una buena señal para los evaluadores internacionales que ya visitaron el país en mayo pasado y que deben elaborar sus conclusiones sobre los avances en legislación y eficiencia en el combate del lavado de dinero. Sobre todo porque la UIF es autónoma del poder político, aunque funcionalmente esté bajo el Ministerio de Justicia.
La Argentina lleva adelante en la reunión del GAFI de Singapur encuentros bilaterales con distintos países para demostrar avances. Por ejemplo, la aprobación de tipo penal de financiamiento de terrorismo, la introducción de los abogados como nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas y distintas resoluciones de la UIF sobre la manera de controlar y sancionar.
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