La UCR también quiere volver a las colectoras

Lo que era una jugada maestra del Gobierno contra la oposición peronista en Buenos Aires tendría, a la postre, el efecto de un búmeran. El decreto que firmó Mauricio Macri en abril pasado para eliminar las "listas colectoras" es ahora un pesado lastre no solo para el equipo de María Eugenia Vidal, sino también para la UCR, que se apresta a negociar las listas con la Casa Rosada.

El decreto fue hecho a medida de la gobernadora de Buenos Aires, para evitar que las distintas vertientes del peronismo presentaran un único candidato a gobernador. Para Vidal eso hubiese jaqueado sus posibilidades de reelección y una derrota clave de Cambiemos en el principal distrito del país.

El Gobierno, con el decreto, frenó la maniobra, pero la UCR pretende ignorarlo. Es que la norma constituye un obstáculo a su afán de cosechar legisladores propios en aquellas provincias donde el partido armó alianzas con el PJ y otras fuerzas políticas.

Tal como anticipó la nacion, el decreto ahora asoma también como contraproducente para la propia Vidal, obligada a estudiar distintas alquimias electorales para enfrentar a Axel Kicillof-Verónica Magario, flamantes candidatos a gobernador y vice de Unidad Ciudadana.

Una de las ideas que se pergeñaron en los últimos días es que la boleta de Vidal acompañe no solo la de Macri, sino también la que postule al candidato presidencial de Alternativa Federal.

Para el radicalismo el dilema es similar. En provincias como Jujuy, Santa Cruz y La Rioja, este partido ya tiene articuladas alianzas más amplias que exceden a Pro y a la Coalición Cívica. Por caso, en 2015 hubo nueve listas distintas que llevaron como candidato a gobernador de Jujuy al radical Gerardo Morales. En estas elecciones nacionales, la UCR propone que las listas de legisladores nacionales y provinciales puedan adherirse a las boletas de todas las listas de precandidatos a presidente de la Nación. En buen romance, cosechar legisladores por medio de distintas boletas, además de la de Macri.

Esta intención está expresada en el punto 5 de la resolución de la convención nacional de la UCR. "Lo incluimos para abrir el paraguas en la negociación que se abrirá con los socios de Cambiemos", reconoció un importante dirigente del partido.

En el radicalismo critican el decreto porque no tuvo en cuenta las realidades provinciales. "Además, es muy cuestionable porque el Gobierno lo sacó dos meses antes del cierre de las alianzas electorales", admiten en la UCR.

En el Gobierno descartan que se dé marcha atrás con el decreto de la polémica. "El tema está judicializado", indicó una alta fuente del Ministerio del Interior. En definitiva, la última palabra la tendrá la Justicia Electoral.

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