La UCR define cómo pararse ante las reformas de Milei en plena tensión interna entre “halcones” y “palomas”

La votación de la ley ómnibus en Diputados será la primera gran prueba de fuego para el gobierno de Javier Milei. Para evitar que sus reformas, sobre todo el capítulo fiscal -decisivo para que Luis “Toto” Caputo pueda lograr su meta de llegar al déficit cero- pendan de un hilo, el Presidente y sus espadas en La Libertad Avanza enfrentan el reto de armar un rompecabezas en las próximas dos semanas. El oficialismo no solo tendrá que avanzar con modificaciones en el texto para garantizarse el aval de Pro, su aliado más cercano en la galaxia opositora, o seducir a la bancada de Miguel Pichetto, sino que deberá apurar los contactos para contar con el respaldo mayoritario de un bloque cuyo peso se tornó estratégico en la nueva configuración de la Cámara baja: la Unión Cívica Radical (UCR), que ostenta 34 bancas.

Los diputados radicales conviven bajo el mismo paraguas en el Congreso, pero mantienen las diferencias internas que se reflejaron en la última campaña -absorbidos por la competencia de Pro- y en la feroz puja por la elección de las autoridades de la bancada. De hecho, el megaproyecto con el que Milei pretende desregular la economía y reformar el Estado deja en evidencia las discrepancias entre un sector que se inclina por erigirse en una oposición no obstruccionista y un ala con vocación combativa, que rechaza las posiciones ambiguas o concesivas frente a la avanzada reformista de los libertarios. Hay “halcones” y “palomas”.

Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de diputados de la UCR, quedó en el ojo del huracán después de la primera semana de debate de la ley ómnibus en el Congreso. El grupo que integran Facundo Manes -se encuentra en México y regresará al país en las próximas horas, según indican fuentes de su entorno-, los jujeños que responden a Gerardo Morales o Julio Cobos reclaman que el radicalismo asuma el rol de una posición intransigente ante Milei, sin doblez. “El discurso de De Loredo no nos representa. No estamos dispuestos a agachar la cabeza, hay una situación de gravedad institucional”, justifican cerca de Manes. Los detractores del médico en la UCR lo acusan de haberse “borrado” en pleno debate legislativo.

Allegados a Manes lo niegan. Y aseguran que mantuvo contactos con sectores afectados por las reformas de Milei o el DNU, como los jefes de la CGT, y que regresará en las próximas horas al país. El neurólogo, junto con Pablo Juliano, procura aglutinar a los legisladores de la UCR más críticos de la cosmovisión de Milei. Sus colaboradores argumentan que el megadecreto y la ley ómnibus tienen “contradicciones” o atentan contra el espíritu de la Constitución. También cuestionan el paquete de medidas económicas que Milei puso en marcha para sortear la crisis inflacionaria. “Es un desastre”, resumen.

Esa postura llevó Juliano a la reunión que mantuvieron, vía Zoom, los diputados de la UCR. El cordobés debe hacer equilibrio para evitar la fragmentación de su tropa a la hora de votar. “Estamos bastante cohesionados”, confían en el campamento de De Loredo y Karina Banfi, vicejefa del bloque.

Deslizan que colaborarán con una condición: que Martín Menem (La Libertad Avanz) acceda a extender el plazo del debate. El oficialismo anhela firmar dictamen la semana próxima y tratar la ley ómnibus en el recinto antes del 24 de enero, cuando la CGT hará un paro general y se movilizará al Congreso. Los radicales le piden a la Casa Rosada que evalúe una prórroga de las sesiones extraordinarias.

A un mes de la asunción presidencial de Milei, las figuras del centenario partido lidian con un dilema: ¿la UCR debe sumarse a la resistencia y ser una oposición radicalizada al Gobierno, como el kirchnerismo o la izquierda, o actuar como un contrapeso en el Congreso para evitar que Milei concentre poder, es decir, fijar límites, pero darle instrumentos para gobernar?

Mientras los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) pelean por los intereses de sus provincias y asegurar la gobernabilidad, Martín Lousteau, titular de la UCR, se sumergió tras criticar el mecanismo del DNU y eligió un silencio táctico durante las últimas semanas. Tampoco se asoman en la superficie Manes y Gerardo Morales. “Están todos jugando a las escondidas. Hay un vacío muy grande de la UCR”, resume un cacique radical que conversa con todas las tribus. En la intimidad, Lousteau insiste en que la ley ómnibus requiere de múltiples modificaciones para ser aprobada. Es más: considera que el Presidente debería haber segmentado el paquete en varios proyectos para facilitar su tratamiento.

En una fuerza minada de librepensadores y sin un liderazgo claro, De Loredo también debe calibrar sus discursos ante la opinión pública para evitar cuestionamientos internos de los más combativos contra el modelo de Milei o de la base electoral de JxC. Como ocurre con la mayoría de los jefes de Pro, hay referentes radicales que perciben que el electorado antikirchnerista los empuja a colaborar con Milei para asegurar la gobernabilidad.

De Loredo, apuntalado por Banfi o Fabio Quetglas, entre otros, repite que el radicalismo debe darle a la nueva administración las herramientas para gestionar ante la profunda crisis económica y avanzar con el plan de reducción del gasto público, pero reclama modificaciones al Ejecutivo en ejes cruciales de la extensa “ley de bases”. Por ejemplo, el capítulo institucional es un tema sensible para la filosofía de la UCR. Los radicales no están dispuestos a tolerar la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por la emergencia. Tampoco aceptarán la suspensión de la fórmula de movilidad previsional o el formato de la propuesta para avanzar con privatizaciones. Y rechazan las retenciones y el grueso de la reforma electoral.

“La idea es ‘podar’ del proyecto de ley muchas disposiciones, otras modificarlas o restringirlas, limitarlas”, anticipa un colaborador de la conducción del bloque de la UCR tras la cumbre de diputados.

De Loredo y el resto de la bancada acordaron que van a expresar su inquietud ante el Gobierno en los temas de la ley “que fundamentalmente tienen peso económico, social, para la producción (retenciones o jubilaciones), con la idea de dar garantías a los sectores”, según fuentes que participaron de la reunión de bloque.

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