La tripulación del avión venezolano-iraní no renovó su estadía en el hotel de Ezeiza y espera una definición judicial
Las 19 personas tienen pago hasta mañana el alojamiento en Hotel Plaza Central Canning; el juez Villena les prohibió por ahora la salida del país
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LA NACION
La tripulación del Boieng 747 de la empresa Emtrasur, integrada por 14 venezolanos y cinco iraníes, espera desde hace diez días en un hotel de Canning una definición de la Justicia. Por orden del juez Federico Villena, ninguno de ellos puede abandonar el país y la aeronave de carga en el que viniero se encuentra retenida en Ezeiza en una zona a la que suelen llevarse los vehículos en desuso y que en la jerga aeronáutica se la conoce como el “cementerio de aviones”.
La estadía de la tripulación en el Hotel Plaza Central Canning está abonada hasta mañana y nadie pidió aún una extensión, según averiguó LA NACION. El pago del alojamiento corrió por ahora por cuenta del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa).
Los huéspedes fueron prolongando diariamente su estadía en este hotel de Canning, en el partido de Ezeiza, justo en el límite con Esteban Echeverría. Según pudo saber LA NACION, cada uno de ellos está alojado en una habitación del hotel, ubicado en el predio del shopping Plaza Canning. Se trata de un hotel de cuatro estrellas, que cuenta con 51 habitaciones.
Los tripulantes esperaban hoy recuperar todos sus teléfonos y computadoras. Ayer, el juez Villena ordenó la devolución porque la Policía Federal Argentina y Cibercrimen (de la Policía de la Ciudad) ya terminaron de descargar la información que se encontró dentro de los aparatos. Ahora, todo eso deberá peritarse. Los tripulantes del avión nombrarán un perito de parte para que controle cómo se lleva adelante esta medida de prueba.
Fuentes con acceso a la causa informaron que también se pudo conocer el contenido de la “caja negra”, la grabación de las últimas conversaciones dentro del avión.
Emtrasur, la compañía a la que pertenece el avión, insistió además en su pedido para que las autoridades argentinas envíen al juzgado un informe sobre la posición de la aeronave en el radar durante todos los trayectos en los que se encontró en espacio aéreo argentino. Buscarían así probar que, al menos dentro de la Argentina, el Boeing no apagó el transponder.
“Allanamiento ilegal”
El viernes pasado, después de una serie de allanamientos y medidas de prueba, por primera vez un miembro de la tripulación rompió el silencio y no solo dio su versión de los hechos, sino que denunció al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por “allanamiento ilegal”, además de reclamar mayor celeridad a la justicia.
Se trata de Víctor Pérez Gómez, uno de los 19 tripulantes del avión varado en Ezeiza sospechado de tener vínculos con el terrorismo internacional, quien señaló José Glinski y lo acusó de haber sido el responsable de un “allanamiento ilegal” a la aeronave el viernes 10 de junio, cuando el Boeing 747 llevaba cuatro días en el aeropuerto de Ezeiza, pero el caso todavía no se había judicializado.
Su primera defensa fue una denuncia contra un funcionario del gobierno argentino, un documento donde uno de los responsables del vuelo detalla su versión de los hechos desde que el avión entró en la Argentina. Mientras tanto, el juez federal Federico Villena revisa las computadoras y teléfonos de los 19 (que comparten los mismos abogados) y cruza bases de datos internacionales para determinar si efectivamente están relacionados con el terrorismo islámico.
Además de pasajero del avión de Emtrasur, Pérez Gómez es el gerente general de Conviasa, una firma que está sancionada en Estados Unidos desde febrero de 2020. Como gerente general de operaciones es como se identifica Pérez Gómez en el escrito que presentó el martes pasado en el juzgado de Villena, en el que pidió ser querellante en la causa; es decir, ser reconocido por el juez como víctima.
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