La transición, en marcha: renuncia generalizada de cargos políticos a partir del 9 de diciembre
Cuando falta menos de un mes para el cambio de mando, los funcionarios salientes cierran expedientes y escriben las memorias de su gestión para asentar su versión de la herencia antes de entregarle las llaves al equipo de Alberto Fernández. Muchos cargos de la alta administración pública, en tanto, ya redactaron sus renuncias. Aceleraron los papeles de su salida y pidieron que se haga efectiva a partir del 9 de diciembre, porque aspiran a retirarse con la liquidación de sus sueldos al día.
Son los cargos políticos, aquellos que llegan y se van con el gobierno de turno, y que entienden que su tarea termina junto con la de Mauricio Macri. Sus contratos vencen el 31 de diciembre. Pero muchos ya tramitaron su renuncia porque creen que de ese modo pueden asegurarse que esta gestión les haga la rendición de sus haberes (el de noviembre y los primeros nueve días de diciembre) y del proporcional del aguinaldo del segundo semestre.
"Por tranquilidad y por prolijidad, prefiero resignar los últimos 21 días de sueldo y renunciar a partir del traspaso", señaló a LA NACION un funcionario que trabaja en la diaria muy cerca de un ministro. La escena se repite en las distintas reparticiones públicas, aunque hay funcionarios menos desconfiados que no vislumbran problemas para obtener sus liquidaciones con la gestión entrante.
Los altos funcionarios, además de cerrar sus contratos con recursos humanos, también realizan inventarios de los celulares y computadoras que pertenecen al Estado. En la Casa Rosada, por caso, un puñado de colaboradores de confianza de Macri recibió de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) teléfonos encriptados para tener canales seguros para las comunicaciones más sensibles. Ahora deben devolverlos.
No todos están en la misma situación. Porque los secretarios y subsecretarios (autoridades superiores) responden al partido del gobierno y deben dejarle el lugar a los ministros entrantes. Pero luego existe una masa de directores generales, directores y coordinadores (funciones ejecutivas) que pueden estar vinculados al ministro de turno, o no, y que eventualmente podrían conservar sus puestos de trabajo.
La alta administración pública cuenta con unos 2700 funcionarios que ocupan los "ravioles" -como se le dice en la jerga- dentro del organigrama nacional. En su mayoría, excepto los cargos concursados, tienen contratos que vencen cada fin de año. En una dinámica habitual sus contratos suelen renovarse de forma automática. Pero los momentos de transición instalan un clima de incertidumbre.
"El que quiera quedarse para ver quién viene e intentar incorporarse a algún equipo de trabajo lo puede hacer", aseguró una fuente del Gobierno que sigue de cerca a la administración de la planta estatal.
Los ministros, en tanto, terminan siempre su mandato el 9 de diciembre, al mismo tiempo que Macri, para habilitar la jura de sus sucesores, el día después.
Herencias
Cuando asumió, la gestión de Macri prorrogó por tres meses todos los contratos temporarios (artículo 9 de la ley marco de regulación de empleo público nacional) que vencían el 31 de diciembre de 2015 para revisar caso a caso. El proceso culminó con unas 10.921 cesantías.
El recambio no se da sin controversias. Alberto Fernández dijo que está dispuesto a revisar los últimos nombramientos dispuestos por Macri en el Estado . "Los hicieron entrar por la ventana", dijo en alusión a unos 300 nombramientos que el Gobierno formalizó días antes de las elecciones generales.
"Si me van a contar la verdad, me van a tener que contar todos los altos cargos que nombraron en los últimos tiempos con cifras siderales de sueldos, la efectivización de un montón de empleados que hicieron entrar por la ventana", dijo Fernández. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra le respondió al presidente electo que "está mal informado" y que se trata de cargos concursados de personas que trabajan en el Estado hace más de diez años.
En la gestión de Macri señalaron que durante su mandato hubo 4338 concursos de cargos simples de personas que trabajan en la administración pública "hace al menos cinco años".
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