La trampa del despilfarro

Las tensiones derivadas de un angustiante inventario de ajustes, que intoxican el clima de estas fiestas, amenazan con tender un velo sobre el problema central que afecta al país. Es un problema sobre el que abundaron las advertencias a lo largo de, por lo menos, los últimos diez años. Sin embargo, cuando esos vaticinios se verifican, lo que resultaba evidente queda disimulado debajo de una capa de anécdotas inquietantes. La cuestión es bastante clara: el gasto público, que a comienzos del ciclo kirchnerista representaba el 22% del producto bruto, se expandió hasta convertirse en el 42% en 2015. Durante la gestión de Mauricio Macri, sobre todo en la etapa del fiscalista Nicolás Dujovne, se retrajo a un 36%. Pero Alberto Fernández volvió a impulsarlo hasta 39%. Jubilaciones, empleos y subsidios representan el 85% de ese incremento. Para solventar esa hipertrofia se recurrió a una batería de impuestos distorsivos, un endeudamiento insostenible, y una emisión monetaria exorbitante. Es difícil, acaso imposible, encontrar un antecedente internacional para un proceso de despilfarro de esa dimensión en un lapso equivalente. Así se construyó la trampa en la que están atrapados los argentinos.

Así se construyó la trampa en la que está atrapado Javier Milei. Anoche el Presidente comunicó el contenido de su ambicioso programa de liberalización económica, que se proyecta sobre infinidad negocios constituidos sobre la base de las protecciones del Estado. Es una iniciativa de gran alcance, que intenta revertir una inercia de muchas décadas, y que será controvertida desde el punto de vista legislativo y judicial. Hizo bien en encomendarla a “las fuerzas del cielo”. Una señal de realismo. Con el paso de los días se sabrá con más claridad si se trata de un programa que está entre las prioridades de Milei o si, por ahora, constituye una declaración de principios destinada a satisfacer a una parte de sus votantes mientras encara las dificultades más urgentes.

La demagogia kirchnerista, consistente en una propensión irresponsable a sacrificar el futuro en el altar del presente, fue denunciada infinidad de veces. Como aquel Juan Perón de los años 40, pero con muchísimo menos talento y pragmatismo, Cristina y Néstor Kirchner soñaron construir un imperio de mil años sobre una bonanza que no llegó a durar mucho más que un lustro. Las inconsistencias que se fueron acumulando para disimular esa ficción pusieron a la sociedad en una situación calamitosa. Inflación del 200% con tendencia a acelerarse, el Banco Central sometido a un vaciamiento, pobreza superior al 40%. Estas miserias se multiplicaron a la sombra de una bandera: detrás de cada necesidad hay un derecho. Al borde de la hiperinflación, ahora los herederos del kirchnerismo deben lidiar con una consigna menos confortable: detrás de cada recorte hay un reclamo. El peronismo tiene mil maneras de hacer oposición. Pero entre todas hay una que es la más perversa: la herencia que deja.

Milei y su equipo deben ahora desactivar una bomba peligrosa. Y se encuentran con restricciones evidentes. Cada beneficio que retire genera un dolor. En el Congreso y la Justicia aparecen barreras. Esas dificultades pueden volverse, por momentos, delirantes. Un ejemplo: el reclamo de los gobernadores que, para ganar las elecciones con Sergio Massa, avalaron un recorte en sus ingresos por la vía de una reducción al impuesto a las Ganancias, que ahora quieren revocar. Más sencillo: anteayer le pidieron a Milei que les devuelva los fondos a los que ellos renunciaron para que Massa le pudiera ganar a Milei.

El primer plano de la agenda colectiva es ocupado día a día por las consecuencias de algunas de estas grandes distorsiones. En las últimas horas le tocó a la relación con las organizaciones sociales y sus movilizaciones de protesta. El conflicto tiene dimensiones reales y simbólicas. El Gobierno asigna singular importancia a estas últimas. Minucioso en la administración de su imagen, Milei se mostró ayer al frente de un centro de monitoreo de la Policía Federal. En el afán por divulgar las fotos de esa escena se filtró la clave de wifi de esa fuerza de seguridad.

La asistencia al Departamento Central de la avenida Belgrano fue una señal del interés de Milei por, junto a Patricia Bullrich, sostener el mensaje de orden en las calles. Sobre todo, cuando está en curso un plan de ajuste. Esa preocupación se manifestó también en un detalle significativo. El Presidente se aseguró el control personal de la conducción de las fuerzas de Seguridad. En especial en el caso de la Federal, cuyo jefe fue seleccionado antes de la designación de Bullrich como ministra. Se trata del comisario general Luis Rollé, quien mantiene una antigua relación con los ejecutivos de Aeropuertos Argentina 2000, la empresa en la que trabajó Milei y de la que proviene buena parte de su staff. Rollé estuvo al frente de la Superintendencia de Aviación de la policía, que opera en un hangar donado en su momento por Eduardo Eurnekián.

La presencia de Milei en el cuartel indicó su interés por desbaratar el desafío de las organizaciones sociales, al que el oficialismo se refiere por su vieja denominación: organizaciones piqueteras. También señaló el límite que enfrenta el Gobierno para hacer frente a ese reto. La seguridad urbana corresponde, en la ciudad de Buenos Aires, a la Policía Metropolitana, que depende de Jorge Macri y su ministro Waldo Wolf. En el caso de la provincia, el responsable es Axel Kicillof y el ministro Javier Alonso. En la distribución de competencias, anteayer se acordó que Bullrich y sus uniformados sólo podrían intervenir en el espacio federal. Como se trataría sólo del Río de la Plata, les correspondería sólo monitorear los puentes.

Antes de iniciar su despliegue, los líderes de las organizaciones sociales habían recibido un mensaje pacificador del gobierno porteño: “No queremos conflicto. Para evitar que se corten las calles vamos a delimitar un canal para que se desplacen”. Fue el método que se siguió durante casi toda la tarde, hasta que los manifestantes ingresaron en Diagonal Sur y Diagonal Norte. Allí ocuparon todos los carriles y desencadenaron algunos enfrentamientos que terminaron con militantes detenidos. Jorge Macri se ufanó al final de la tarde, después de asegurarse que la jornada había sido incruenta, de que “cambió la lógica de quien controla la calle”. “¿Hacía falta hacer leña del árbol caído, pobre Horacio?”, preguntó un gracioso, aludiendo a las viejas polémicas de la derecha macrista con el alcalde Horacio Rodríguez Larreta. El gracioso fue también hiriente: la metáfora del árbol caído no es la más conveniente para el gobierno de Jorge Macri en estos días, cuando muchas calles siguen cortadas, más que por manifestantes, por troncos y ramas.

El nuevo alcalde va tomando distancia de las gestiones anteriores. Controla el pasaje de responsabilidades de Edgardo Cenzón a Ezequiel Sabor, la más delicada de las transiciones, y también gana autonomía frente a los radicales del distrito, comandados por Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau. Estos dirigentes encabezaron una cumbre el pasado 15, a propósito del cumpleaños de Yacobitti, diputado nacional y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Los invitados pensaron que, siguiendo una tradición partidaria, serían convocados al Club del Progreso. Pero la fiesta se hizo en Roldán, la catedral del massismo que pertenece a José Luis Manzano y Daniel Vila. Allí estuvieron, entre otros allegados, el binguero Daniel Angelici; Felipe De Miguel, ex jefe de Gabinete de Larreta; y el ex espía Antonio “Jaime” Stiuso, quien se ha convertido en alegrante de este tipo de reuniones, en las que le celebran los relatos de antiguas hazañas del submundo. El grupo que encabezan Yacobitti y Lousteau se llama Evolución. ¿A qué se referirá el término?

La pregunta ayer era otra, más relevante: ¿los detenidos en Diagonal Norte serán beneficiarios de planes sociales? ¿Les serán cancelados? La controversia por la identificación y sanción a los que corten el tránsito quedó en un discreto segundo plano. Es un aspecto del debate que se presta al sarcasmo. Ayer desde el entorno de Milei se siguió divulgando un discurso de Cristina Kirchner, pronunciado en 2014, en el que la entonces presidenta reclamaba un acuerdo político para garantizar el derecho a la circulación con un énfasis digno de Bullrich. Los piqueteros, por su parte, exhumaron una foto de la ministra de Seguridad participando de una marcha que bloqueaba una avenida durante el gobierno de la señora de Kirchner y Fernández. La paradoja cubre todo. ¿O el proveedor de las cámaras que permiten el reconocimiento facial de los que cometen contravenciones no es Mario Montoto, santo patrono del Movimiento Evita? Es habitual que sea Montoto el encargado de presentar a su viejo compañero montonero, Emilio Pérsico, y a Fernando “Chino” Navarro, a los funcionarios recién incorporados a una administración no peronista. Así fue en los gobiernos de Macri y de María Eugenia Vidal. Más allá de esas casualidades, que corroboran un diagnóstico que Milei parecer ir abandonando, el de una casta transversal, pero no sólo política, afincada en el presupuesto del Estado, el método que pretende adoptar el plan de Seguridad ofrece algunas dudas. Por ejemplo, la que plantea el uso público de datos de carácter privado, sujetos a garantías, como la imagen personal.

El debate sobre prestaciones del plan Potenciar Trabajo, que asigna 75.000 pesos por mes a los integrantes de cooperativas que responden a movimientos piqueteros, sacó de foco otra desviación, menos conocida pero, acaso, más escandalosa. La del increíble caudal de fondos públicos que se ha venido volcando en entidades del más diverso tipo. En el primer semestre de este año, la administración Fernández repartió entre Asociaciones Sociales, a través de distintas dependencias del Estado, 2.318.486.167 pesos. Si se considera un tipo de cambio promedio de 212 pesos por dólar, se trata de 10.940.704 dólares. Encabezan la lista la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros”, que cobró en esos seis meses más de 1 millón de dólares, o 219 millones de pesos, y la Asociación “Abuelas de Plaza de Mayo”, que recibió en el mismo período 999.199 dólares, o 211 millones de pesos.

En el rubro cooperativas Fernández fue más generoso. Entregó 6.702.402.866 pesos en 6 meses, que es el equivalente a 31.627.968 dólares. La depositaria de la suma más importante fue la cooperativa Manos Berissenses, a la que le asignaron en ese semestre 2.730.476 dólares o su equivalente de 578.625.600 pesos. La organización ganó notoriedad por haber provisto al Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Victoria Tolosa Paz, en una adjudicación directa, 20.000 frazadas de dos plazas a casi 10.000 pesos cada una. La Cooperativa Los Pitufos, también proveedora del mismo ministerio, entró segunda en el reparto con 1.706.548 dólares, o el equivalente de 361.641.000 pesos. La mayoría de estas organizaciones es conducida por líderes piqueteros o, en general, por dirigentes ligados al kirchnerismo.

¿Habrá revisiones, auditorías o recortes en estos desembolsos? El itinerario de la motosierra de Milei es enigmático. Por ejemplo, entre las iniciativas del plan de desregulación de Federico Sturzenegger, anunciado anoche, está la de convertir en sociedades anónimas a las empresas públicas que son sociedades del Estado. Sería un modo de ahorrar recursos. Sin embargo, cuando se analizan las cuentas disponibles, se advierte que más del 70% de los subsidios del Tesoro a empresas públicas se dirige a sociedades anónimas. Enarsa, que se encarga de importaciones de gas, Aerolíneas y AySA son las más demandantes de recursos.

El plan que anoche comunicó Milei incluye un pedido de permiso al Congreso para privatizar algunas de esas compañías. El programa avanza sobre algunas opacas fortalezas del sistema político, como el Registro Nacional Automotor. Otras fuentes de financiamiento de “la casta” no aparecen siquiera mencionadas: por ejemplo, deroga las promociones industriales, pero calla ante el controvertido régimen de promoción de Tierra del Fuego. Tampoco menciona el medio centenar de fondos fiduciarios que han servido para montar el negocio de una economía paralela basada en el presupuesto público.

En todo este paisaje, AySA, que es una S.A., tiene una gran significación particular. Allí echaron raíces los Massa, sobre todo Malena Galmarini. La sucesión en esa compañía ha sido materia de un pacto de Massa con Milei. Alguien que conoce bien ese aspecto de la transición, explica: “Sergio pidió que allí vaya alguien que no persiga a Malena, y se lo concedieron”. Es una de las razones por las que ha habido tantas dificultades para encontrar un presidente de la compañía. Al final aceptó Marcelo Papandrea. No es un amigo de Massa, pero proviene de las empresas de Jorge Brito, fallecido padrino del ex ministro de Economía. Al parecer, Papandrea sabe que ingresó a un campo minado. Tal vez por eso quiso asegurarse de que la responsabilidad por lo sucedido en el pasado radique en otra instancia: Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, encargó una auditoría sobre AySA. Es un trabajo delicado por distintas razones. Entre ellas, una escandalosa licitación de insumos químicos que benefició a Mauricio Filiberti, quien calzaría a la perfección en el identikit de “empresario prebendario” que agitaba Milei en la campaña. Filiberti, “Mauri” para los Massa, hizo una fortuna descomunal como proveedor privilegiado de la compañía. El otro escándalo que podría traer algún dolor de cabeza a los auditores es el de la compra de vehículos por 25 millones de dólares. Los Massa están tranquilos en ese frente: el juez que “investiga” el caso es el polémico Ariel Lijo. ¿Sabrá Lijo que los utilitarios comprados por Galmarini todavía no fueron entregados? ¿Lo sabrán los auditores? Por las dudas, el sindicalista-espía, José Luis Lingeri, hace correr la versión de que en una comida de despedida tuvo un gran encontronazo con la esposa de Massa. Se ve que Filiberti, casi un socio del gremialista, no pudo conciliarlos. Valiente al final de todos los mandatos, Lingeri intenta, por enésima vez en su opulenta vida, cruzar el Jordán. Experto en aguas.

El común de los gremialistas tiene, en rigor, otros problemas. En los últimos días gastaron horas eternas en revisar el mega-DNU que presentó anoche el Presidente, con un sinfín de cambios regulatorios. Los dirigentes de la CGT consiguieron salvar el convenio por rama de actividad, es decir, que no se descentralice la negociación colectiva con una habilitación a que se realice por empresa. Rescataron también la ultraactividad de esos convenios: dicho de otro modo, que no queden cancelados cuando vence su plazo de vigencia. Pero no pudieron evitar que se proyecten cambios en el régimen de las obras sociales, sus eternas “cajas”. Mientras negocian con los funcionarios de Trabajo, los líderes de la CGT hacen estudiar la viabilidad de ese Decreto de Necesidad y Urgencia ómnibus. Ayer celebraron las advertencias de Vilma Ibarra, quien señaló lo que muchos especialistas vienen observando: que para que un DNU sea convalidado por el Congreso y la Justicia, debe estar fundada la necesidad y la urgencia de su dictado. Un requisito difícil de satisfacer cuando la medida incluye infinidad de cambios normativos. Es un problema para el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y también para María Ibarzábal, administrativista del estudio Cassagne, responsable de monitorear la viabilidad judicial de la compleja iniciativa lanzada anoche. María es la hermana de José Luis Ibarzábal, quien quedó al frente de Parques Nacionales, el cargo que ocupó su suegro Eugenio Bréard durante la gestión Macri. Los Ibarzábal pertenecen a lo que se ha denominado “Grupo Cumelén”: es una cofradía de funcionarios ligados al poderoso asesor Santiago Caputo, “El Mago del Kremlin”.

Ese animal de mil cabezas que es el peronismo aparece también en el frente federal. Milei participó durante tres horas de la reunión con los gobernadores, que integran un club dominado por ese partido. Varios confesaron al salir del encuentro su sorpresa por la firmeza y la tranquilidad que advirtieron en el mandatario. Inclusive cuando quedó expuesto a los reproches de Axel Kicillof, quien creyó necesario aclarar lo obvio: que tiene diferencias conceptuales con el Presidente.

El centro de la discusión con las provincias es la recaudación de Ganancias, recortada por la reforma impulsada por Massa y sus víctimas, los gobernadores peronistas. Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos, sugirieron a sus interlocutores que restauren desde el Congreso el viejo mínimo no imponible, recortado por Massa. Nadie, tampoco el Poder Ejecutivo, quiere hacerse cargo de ese costo, que supone reducir los salarios en un momento en que la altísima inflación se encarga de licuarlos. Quedó en carpeta, por lo tanto, estudiar un aumento del Impuesto a los Combustibles que representa, por ejemplo, el 17% del precio del gasoil. ¿Es la contrapartida para la aprobación del DNU?

A la luz del fervoroso discurso que este miércoles pronunció el Presidente, el aumento de un nuevo gravamen suena mucho más grave e incoherente. Retenciones, impuesto país, ¿ahora combustibles? Gran victoria de la maldita casta.

La ingeniería fiscal que está sobre la mesa federal debe ser compatible con un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Es la posibilidad que asoma después de la visita de los funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos Jay Schambaugh y Michael Kaplan. Hay que prestar atención al segundo, íntimo amigo de Luis “Toto” Caputo desde hace muchos años. Schambaugh mantuvo todo tipo de reuniones. Pero, al parecer, hubo una decisiva: la entrevista con Paolo Rocca y Alejandro Bulgheroni. Estos empresarios habrían sido los más persuasivos para que comience a analizarse una posibilidad muy desafiante: que con el nuevo programa haya una ampliación de 15.000 millones de dólares de la ayuda a la Argentina. Se trata de un variable crucial para el propósito de levantar el cepo y habilitar una unificación cambiaria sin la cual es imposible que la economía pueda adquirir alguna normalidad.

Ese alivio todavía tiene, como el decreto de Milei, un rango utópico. En cambio, hay una relación clave para el Gobierno que parece estar normalizándose. Es el vínculo con China: contra lo que afirmaron anteayer algunas versiones, el embajador Wan Wei viajó a Pekín para tomarse vacaciones. Antes de hacerlo, dejó una aclaración a sus interlocutores habituales: “La relación con China no se ha modificado respecto de la que manteníamos con el gobierno de Fernández”. Una información clave para el destino del swap de monedas. Un problema menos para Milei, en su tarea de desmontar la trampa kirchnerista.

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