La trama delictiva detrás del auto que usó Ariel Lijo, candidato de Milei a la Corte Suprema

El candidato del Gobierno a la Corte Suprema, Ariel Lijo, manejó un Mercedes Benz clase E 350, con una cédula azul emitida por Caledonia Seguros, la compañía que pertenecía a su hermano Alfredo “Freddy” Lijo. El dato se conoce desde 2018. Pero hasta ahora no había salido a la luz que el socio de “Freddy” Lijo en esa aseguradora es un exfuncionario del PAMI condenado por corrupción que recurrió a un operador financiero acusado de lavar activos para una de las tramas de narcotráfico más grandes de la Argentina y para una red de trata de personas, según consta en documentos reservados y judiciales a los que accedió LA NACION y confirmaron fuentes tribunalicias.

La trama delictiva detrás de ese Mercedes Benz, dos Porsche Carrera y otros veinte automóviles que acumuló Caledonia Seguros quedó expuesta en una media docena de expedientes penales que tramitan o tramitaron en el fuero ordinario, y en los fueros Criminal y Correccional y Penal Económico de la Justicia federal, en la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Chaco, y algunas apelaciones llegaron incluso a la Corte Suprema, según verificó LA NACION. Y también se abordó, de soslayo, en el Consejo de la Magistratura, aunque los consejeros archivaron las indagaciones sobre el juez Lijo sin ahondar en esas ramificaciones.

Las sospechas se concentran en un socio de Freddy Lijo, Fernando Dapero, un exsíndico del PAMI durante la gestión del menemista Víctor Alderete que en octubre de 2015 fue condenado a un año y ocho meses de prisión por el Tribunal Oral Federal N°6, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Lo condenaron por su rol en una defraudación en perjuicio a la administración pública, con una pena reducida tras arribar a un acuerdo con la Fiscalía Federal.

La condena de Dapero pasó luego por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, y llegó después a la Corte Suprema, que en octubre de 2019 rechazó la apelación del exfuncionario, que para entonces afrontaba otra causa penal por presunta estafa y defraudación que presentó su exesposa, Gisela Mayer, y que tramitó en la Justicia ordinaria.

Mayer denunció al socio de Lijo, a su hermano Luis Dapero y a dos de sus alfiles, Rodolfo Fritz y Leopoldo “Polo” Carrena, posible testaferro. Los acusó de montar un entramado de sociedades offshore en Uruguay y los Estados Unidos, a las que recurrieron para comprar inmuebles en la Argentina y los Estados Unidos, lavar activos y operar cuentas bancarias en ese país y en Uruguay, en una sucesión de maniobras que adujo que montaron para perjudicarla.

La denuncia de Mayer y sus acólitos provocó un efecto dominó. La Fiscalía de Instrucción N°54 requirió la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que en octubre de 2017 presentó un informe, cuya copia obtuvo LA NACION, en el que encendió todas las alarmas sobre uno de los operadores financieros del socio de Freddy Lijo: Polo Carrena.

“Carrena podría estar vinculado en otras maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico, como así también de la trata de personas”, alertó en su reporte la Procelac, “lo que abonaría la necesidad de indagar profundamente respecto del rol que esta persona cumple en este tipo de maniobras delictivas”, recomendó.

¿En qué causas penales aparece Carrena? En al menos tres. La primera, “Carbón Blanco”, en la que el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó, en marzo de 2019, a 21 y 19 años de prisión a Carlos Salvatore, catalogado como el mayor narcotraficante de la Argentina, y Patricio Gorosito, los líderes de la organización criminal que envió cargamentos de cocaína a Portugal y España camuflados en bolsas de carbón vegetal desde Chaco.

La investigación registró luego otros condenados por narcotráfico y lavado, aunque logró profugarse el financista a cargo de blanquear las narcoganancias de Salvatore. Hasta que cayó en febrero de 2021, en Mar del Plata. ¿Su nombre? Leopoldo “Polo” Carrena. Hoy se encamina a un juicio oral, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, mientras que la Justicia federal procura repatriar activos congelados en Estados Unidos, Suiza y la Isla de Man.

Ciudadano argentino y estadounidense, Polo Carrena se había instalado en Miami, desde donde montaba entramados societarios y urdía otras operaciones para lavar las ganancias delictivas de Salvatore y otros clientes, según reconstruyeron los sabuesos judiciales al acceder, incluso, a los correos electrónicos del narco. Salvatore lo ungió mucho más que como su testaferro, “amigo y socio”, como lo calificó en uno de sus emails. Le firmó poderes para que administrara y reinvirtiera sus ganancias.

Las operaciones del financista del socio de Freddy Lijo y del narco Salvatore quedaron, también, bajo la lupa del Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) del gobierno de Estados Unidos. Le informó a la Justicia argentina que Polo Carrena había montado al menos 43 sociedades comerciales en Nevada, Delaware y Florida, algunas de las cuales no registraban movimientos. “No hemos podido todavía determinar la naturaleza o el rubro de varias de estas empresas”, detalló.

Carrena también acumuló problemas en un cuarto estado de Estados Unidos: Montana. Por allí pasaron algunas de las maniobras de lavado de activos que desarrolló para otra banda criminal, que la jueza federal María Servini investigó en la llamada “causa La Moneta”, mientras que la Justicia de Estados Unidos requirió la extradición de varios acusados. Entre ellos, del dueño de la financiera, Francisco “Cacho” Pagano, quien selló en 2019 un acuerdo con las autoridades norteamericanas y evitó ir a prisión en aquel país.

Pero las ramificaciones criminales de Polo Carrena no se agotan allí. Apareció involucrado en operaciones inmobiliarias de Alejandro Ferrarello, también investigado por lavado de activos, pero no derivados del narcotráfico, sino de la trata de personas, en otro expediente conocido como “causa Madaho’s” que tramita en la Justicia federal de Mar del Plata.

En ese contexto de sospechas alrededor de Dapero y Carrena, la Procelac vertió otro dato en su reporte reservado. “Cuadra mencionar que el señor Fernando Dapero podría estar vinculado con la sociedad ‘Fernando Dapero y Alfredo Damián Lijo. De tal entidad sería socio también el señor Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo, quien es referido en notas periodísticas como ‘gestor judicial’”.

Consultado por LA NACION, Freddy Lijo confirmó que fue socio de Dapero, pero aclaró que se distanciaron hace años y terminó por venderle su 20% de las acciones en Caledeco, la firma controlante de Caledonia, en mayo de 2022. “Los hermanos Dapero venían de tener Federal, otra compañía de seguros, y me pasaban cualquier cantidad de trabajo como abogado. Yo lo conocía a Fernando de cuando tuvo la causa penal por el PAMI. Y la forma con que me pagaron los honorarios fue también a través de una sociedad de hecho que tuve con Fernando [Dapero] por la marca comercial ‘Caledonia’, aunque tampoco funcionó. Al cabo de un año se cortó la relación y terminé peleado con ellos”, indicó.

Freddy Lijo también remarcó que el Mercedes Benz blanco era suyo, pero que lo colocó a nombre de Caledonia Seguros, al igual que otros dos autos suyos, para aportarle capital a la compañía, a modo de encaje. “Después de eso, decidimos vacacionar todos en familia en Punta del Este, y para mayor comodidad y seguridad resolvimos que yo viajara en mi camioneta y que Ariel usara mi Mercedes Benz. Entonces hice lo que correspondía: emití una cédula azul a nombre de Ariel para que no hubiera inconveniente alguno en la ruta. Pero el Mercedes era mío”, insistió.

Todos sobreseídos

El informe de la Procelac, no obstante, derivó en la extracción de testimonios en la Justicia ordinaria y la apertura de otra investigación criminal, que tramitó ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. Apuntó a investigar las presuntas maniobras de lavado de Dapero y sus colaboradores, que se sumó a otra pesquisa, centrada en el presunto enriquecimiento ilícito de Ariel Lijo, que quedó en manos de su colega Julián Ercolini, con la participación de la unidad antilavado (UIF) y de la propia Procelac. Pero ambas terminaron en sobreseimientos.

Tras cinco años de investigación y miles de fojas, el juez Yadarola concluyó que no había evidencias para procesar a Dapero, a su hermano, a Carrena y a Rodolfo Fritz; por el contrario, los sobreseyó, según confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION, con la excepción de un pequeño tramo por presunta evasión tributaria que afronta el hermano de Dapero.

Por su parte, el juez Ercolini dispuso el sobreseimiento de Lijo y su hermano Freddy en 2021, tras un planteo del fiscal federal Franco Picardi, para beneplácito de la defensa que lideraba el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Para entonces, el juez Lijo había dejado de moverse con el Mercedes Benz serie E 350, cuyo piso de cotización es de 150.000 dólares, de Caledonia Seguros.

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