La traición de Cristina a Zaffaroni

La historia es arcilla fresca en manos de Cristina Kirchner. Cuando este martes lanzó al peronismo a una cruzada contra la autonomía porteña volvió a hacer gala de su habilidad para fabricar argumentaciones trascendentales que se acoplan a sus necesidades urgentes.

La vicepresidenta eligió hablar en el Congreso ante diputados y senadores del Frente de Todos para resaltar el carácter institucional de sus palabras. “Hay que repensar la autonomía de la Ciudad. La Constitución no habla de autonomía”, enfatizó, en medio de una diatriba contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por haber dispuesto el sábado pasado un vallado en la zona de su casa de Recoleta y que derivó en incidentes con manifestantes kirchneristas. De inmediato, el Gobierno se embanderó con la causa contra las excesivas libertades porteñas.

La ofensiva parte de un primer y elemental ejercicio de creatividad interpretativa: la Constitución de 1994 establece en su artículo 129 que “la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad”. Como integrante de la Convención Constituyente, difícilmente pueda alegar desconocimiento. La afirmación ignora, además, el papel que jugaron tanto Néstor Kirchner como ella en el proceso de construcción de la autonomía porteña y la tradición jurídica sobre el estatus de la ciudad que tuvo como emblema a su admirado Raúl Zaffaroni.

“Yo siempre fui un autonomista, de modo que no voy a cambiar mi posición por más que las coyunturas políticas varíen”, decía Zaffaroni el 8 de septiembre de 2014, en momentos en que gobernaba Cristina y se discutía apasionadamente sobre el traspaso de la Policía Federal a la ciudad.

Zaffaroni fue constituyente en 1994 y participó, dos años después, en la asamblea que redactó y aprobó la Constitución porteña, a la que Cristina ahora también degrada al mencionarla como un simple estatuto. “Institucionalmente siempre he sostenido que la Ciudad de Buenos Aires es una provincia, pese a que la Constitución de 1994 tiene una redacción confusa. Algo que tiene senadores es una entidad federada y por ende en nuestro sistema es una provincia”, ha dicho años atrás el jurista que fue el primer elegido por Néstor Kirchner para integrarse a la Corte Suprema y que la semana pasada instaló en público la idea de que Alberto Fernández deberá indultar a la vicepresidenta si la condenan por corrupción en la causa Vialidad.

La Constituyente porteña de 1996 tuvo como presidenta a Graciela Fernández Meijide y contó con Patricia Bullrich entre sus autoridades, además de dirigentes que integran el oficialismo actual como Jorge Argüello (embajador en Estados Unidos) y el sindicalista Víctor Santa María. Zaffaroni presidía la estratégica Comisión de Redacción y participó activamente en la de Seguridad y Justicia. De allí surgió el artículo 34, que establece el funcionamiento de una policía local dependiente del jefe de gobierno..

Convertido en militante cristinista, Zaffaroni evitó hoy contradecirla de manera abierta. Lo hizo bajo la máscara de una denuncia estridente a Larreta: “El jefe de gobierno ha puesto en peligro la autonomía de la ciudad. Con esta intervención policial agresiva (en la casa de Cristina), trató de convertir una muestra de afecto pacífica en algo violento”. Y rememoró de inmediato la federalización porteña de 1880: “Esto me recuerda un poco la época de Nicolás Avellaneda, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires era la que custodiaba al Presidente, conflicto que motivó una guerra civil con 4000 muertos”.

El argumento asume una suerte de autonomía reversible: si la Ciudad no puede garantizar el cuidado de las autoridades federales que residen en su territorio, está incumpliendo sus obligaciones como entidad autónoma y por tanto corresponde volver un casillero para atrás. Cristina Kirchner, en realidad, tiene custodia de la Policía Federal. Ella y sus seguidores acusan a Larreta de querer arrogarse esa función con el operativo de las vallas en Juncal y Uruguay, que acordó quitar bajo presión después de una tarde de violencia entre los militantes kirchneristas y la Guardia de Infantería porteña.

El juez Andrés Gallardo -amigo personal de Zaffaroni- intervino en la crisis con un fallo discutido por Larreta para exigir que la Policía Federal se encargue de la seguridad de la zona donde vive la vicepresidenta. “Le agradezco al doctor Gallardo la defensa de la autonomía de la ciudad, lesionada por un abuso del jefe de gobierno”, dijo Zaffaroni este miércoles. Siguiendo el razonamiento, Gallardo defiende con su fallo un principio que Cristina desconoce.

La incomodidad porteña

Fuera de las rencillas de coyuntura, el kirchnerismo ha vivido con incomodidad la idea de que la ciudad de Buenos Aires avanzara en la absorción de competencias que originalmente prestaba el Estado nacional. Lo vio como una forma de perder control sobre un distrito en el que saca sus peores resultados electorales y que ejerce una influencia única en la formación de la opinión pública de la Argentina. Pero nunca como hasta ahora había coqueteado con la utopía regresiva de volver a la vieja “Capital Federal”.

En sus orígenes, en realidad, Néstor Kirchner soñaba con extender su liderazgo hacia las calles porteñas. En 2007, al final de su mandato, fue quien abrió la primera puerta para que la Ciudad tuviera una fuerza policial propia.

Hasta entonces esa facultad estaba vedada por imperio de la denominada ley Cafiero, impulsada en 1995 por el abuelo del actual canciller Santiago Cafiero y promulgada en 1997 para ponerle un límite a la virtual “provincialización” porteña.

Kirchner prometió reformar esa ley durante la campaña electoral en la que Daniel Filmus buscaba impedir el triunfo de Mauricio Macri. Los cambios se votaron en agosto de 2007 después de que el padre fundador del kirchnerismo perdió esa batalla, pero cuando todavía quedaban los comicios nacionales, en los que Cristina era la candidata presidencial. El decreto de promulgación contaba con la firma de dos ministros clave: Alberto Fernández y Aníbal Fernández, que este miércoles denunció un “error” constitucional en la forma en que se estableció la autonomía porteña.

La nueva norma permitió a la Ciudad tener una fuerza de policía propia, aunque no le garantizó la cesión de los recursos y estableció que la Federal seguiría en funciones hasta tanto no ocurriera un traspaso definitivo. Macri fracasó en su intento de pactar ese proceso con Cristina y se lanzó a crear la Policía Metropolitana, que empezó a funcionar en 2010 (la ley de creación contó con el voto kirchnerista de la Legislatura porteña). La entonces presidenta criticaba la duplicidad de funciones entre las dos policías que operaban en la ciudad. Sin embargo, no discutía el proceso autonómico, al que incluso contribuyó cuando en 2012 cedió al gobierno de Macri la gestión del Subte.

El sesgo antiporteño de Cristina se forjó en sucesivas derrotas electorales. De a poco transformó esa frustración en un relato de injusticias. Su primer discurso como vicepresidenta en funciones, el 12 de diciembre de 2019 en La Matanza, dejó una frase para la posteridad: “En la Ciudad todos tienen agua potable, todos tienen luz y gas, todos tienen cloacas, todos tienen acceso al transporte público. Cuando uno va para allá, ¿quién no quisiera vivir allí? Donde hasta los helechos tienen luz y agua, donde te rompen la vereda y ponen baldosas cada vez más brillantes”. Era una crítica. Aunque ella quiere y puede vivir en el barrio más señorial de la ciudad.

El martes en el Congreso dio otra vuelta de tuerca sorprendente. Desde el lugar de víctima, le pide al peronismo que revise el edificio institucional de la Argentina para protegerla de sus penurias judiciales.

Su metro cuadrado es el mundo: no dudó en comparar la patética gresca por las vallas frente a su casa con las revueltas del 20 de diciembre de 2001, que terminaron con 39 muertos en todo el país, incluidos los cinco que cayeron bajo las balas policiales en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. El sábado los únicos heridos fueron policías de la ciudad, que por orden política resistieron los embates de los manifestantes con escudos y chorros de agua.

Para decorar el cuento, le atribuyó a Patricia Bullrich un rol central en la represión del 2001, cuando la actual presidenta del Pro había dejado el gobierno de Fernando de la Rúa un mes antes de que sucedieran los hechos. La presentó como miembro del Grupo Sushi, una cofradía de funcionarios radicales liderada por los hijos de De la Rúa que ella nunca integró.

No dudó en llamar “policía política” a la fuerza de seguridad porteña, una calificación que la pondría en el club de la Gestapo, la Stasi, la Brigada Político-Social del franquismo, la bonaerense del general Camps y otras aberraciones de la historia.

Los representantes peronistas la recompensaron con aplausos y hasta carcajadas cómplices (cuando trató de alcohólica a Bullrich). Y prometieron darle continuidad a la batalla contra los derechos de los porteños, a los que reducen a una tribu amorfa de simpatizantes de Larreta, Macri y la “derecha”.

Cristina lo vivió como un triunfo táctico. Resignada a perder en los tribunales, asumió su defensa a título personal en los terrenos donde mejor se mueve: agita la calle, alinea al Gobierno, abroquela a sus bloques en el Congreso y alienta en silencio el clamor de quienes la sueñan candidata presidencial de 2023.

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