La teoría del “rombo invertido” y la inflación ponen en alerta al peronismo

El mismo día que ofició de anfitrión de Cristina Kirchner en la última aparición pública de la vicepresidenta, Jorge Ferraresi fue la voz cantante de un grupo de 11 intendentes del conurbano bonaerense durante una reunión en el tercer piso de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, el sindicato que conduce Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. Con el fin de año encima, el jefe comunal de Avellaneda planteó ante sus colegas y sindicalistas la preocupación por el armado electoral del peronismo. Expuso sobre “la teoría del rombo invertido” para expresar con dramatismo la imperiosa necesidad de ordenar la interna y forzar acuerdos para evitar una derrota en las urnas.

Ferraresi proyecta que el Frente de Todos podría tener dos o más precandidatos presidenciales, un postulante a la gobernación [dijo que es “necesaria” la reelección de Axel Kicillof a pesar de que otro intendente puso sobre la mesa la posible candidatura de Martín Insaurralde] y dos o más en las intendencias. Ese sería el rombo invertido, según el jefe comunal de Avellaneda, que debió aclarar que hablaba en nombre propio y no de Cristina. Ferraresi sostuvo que la competencia interna podía poner en riesgo el control de la provincia y los municipios gobernados por el PJ. “Es necesario acordar. No nos queda otra”, cerró la presentación, según reconstruyó LA NACION a partir de uno de los dirigentes gremiales presentes y del asesor de un jefe comunal. Su diagnóstico, y también su pedido, fue aceptado por el resto de los comensales.

En los hechos, lo que vino después de aquel encuentro en la sede de Sanidad estuvo lejos de ser un resurgimiento en bloque del Frente de Todos. Todo lo contrario, se abrieron grietas nuevas a partir de la embestida de Alberto Fernández contra la Corte Suprema, activada el 1° de enero, solitario y por redes sociales. “A la precariedad política y económica, el Presidente sumó tirantez institucional de manera innecesaria”, lamentó uno de los jefes de la CGT la decisión de avanzar contra la Justicia. Entre los gobernadores, intendentes y sindicalistas asumen que Fernández “sobreactúa” el enfrentamiento para acercarse al electorado kirchnerista. El silencio y la distancia que impone Cristina Kirchner alimentan las versiones. Incluso, en el peronismo hay quienes afirman que ella es quien realmente urdió la embestida contra la Corte Suprema. De alguna manera lo ratificó ayer, con una reaparición fugaz en las redes sociales desde donde apuntó contra “la mafia mediática-judicial”. Fue su manera de avisar que terminó su descanso en el sur.

En sintonía con la incertidumbre del armado electoral, durante las tres primeras semanas de 2023 no hubo definiciones de envergadura. El Presidente levantó su perfil con aires de reelección, una candidatura que hasta para sus amigos parece hoy poco viable. Sergio Massa, por su lado, se esfuerza para mantenerse por ahora al margen de la pulseada. No se ocupó en despejar las versiones sindicales que ya lo ubican como “el candidato número uno” del Frente de Todos. Así fue como los primeros días de enero se redujeron entonces al debate por un juicio político de avance improbable contra los jueces supremos, la recompra de una porción de la deuda externa para calmar a los mercados y la necesidad oficial de recurrir a fuerzas de choque gremiales para controlar los precios como una reacción inmediata al 94, 8% de inflación que se registró en 2022.

El apretón de manos entre Matías Tombolini y Pablo Moyano se desdibujó al detectar que el dirigente Oscar Alejandro Borda, el fronting de la mayoría de los bloqueos a empresas por parte de los camioneros, estaba a cargo de la supervisión de que se cumpla el programa Precios Justos. Borda fue captado el 21 de septiembre pasado por las cámaras de seguridad cuando irrumpió de manera salvaje y violenta en la empresa de logística Milo con otros militantes. Dejaron 6 empleados heridos lo que generó una denuncia judicial y el allanamiento de su domicilio. Esa fue su carta de presentación, rodeado de hombres de brazos anchos con gestos combativos. Diferente fue el aporte de la Confederación Argentina de Sindicatos de la Industria Alimentaria, que apeló a otros modos para denunciar “engaños” por parte de las grandes fábricas, como lo reveló Ámbito Financiero.

La decisión de delegar la inspección en Moyano y piqueteros afines no generó un efecto contagio en los grandes gremios de la CGT. Armando Cavalieri, del Sindicato de Comercio, y Rodolfo Daer, de Alimentación, tomaron distancia con el argumento de que garantizar el cumplimiento es una facultad del Estado y no de ellos. Ni Cavalieri desea pelearse con las grandes cadenas de supermercados ni Daer pretende levantar la guardia ante las alimenticias. Esto, sin embargo, no quiere decir que los gremios le hayan quitado el hombro a la gestión de Massa al frente de Economía. Desde este mismo sector cegetista, se avanzó con el ministro en conversaciones informales para moderar las negociaciones salariales en torno a un 60% anual, en línea con la proyección inflacionaria que está prevista en la ley de presupuesto. El kirchnerista Sergio Palazzo se rehúsa por ahora a que los bancarios sean los que convaliden esa hoja de ruta salarial.

Además de apelar a los gremialistas como guardianes de las góndolas y de la cadena de producción, distribución y ventas, Massa recurrió a ellos para garantizar un congelamiento de valores en determinados sectores. Citó un sábado de diciembre a los empresarios y al gremio del calzado por un conflicto por la importación de insumos. “Te dejo importar a cambio de que no aumentes por seis meses”, les propuso el ministro. Sucedió lo mismo con otros rubros. Es decir, las empresas se sienten obligadas a acordar valores para poder importar.

Ante las presiones, la Unión Industrial Argentina (UIA) divulgó la semana pasada una encuesta propia en la que advirtió que siete de cada diez empresas manifestaron que las dificultades en el abastecimiento de insumos podrían frenar algunas líneas de producción. La eventual parálisis de las fábricas podría impactar en el empleo, con suspensiones y despidos, y hasta alterar el repunte laboral del que tanto se jacta Alberto Fernández. Sería una mancha oscura para la campaña electoral, pero es un coletazo inevitable del celoso cuidado oficial ante la escasez de dólares.

Entre un líder y contactos con la oposición

Los sindicalistas siguen con atención las definiciones electorales, aunque les gustaría que ya surja un ordenador del peronismo, y que no sea Fernández, a pesar de ser quien preside el partido. Sin Cristina Kirchner en el ajedrez, Pablo Moyano reforzó su alianza con Massa a partir de un beneficio impositivo para los camioneros de larga distancia y lo señaló como el candidato ideal, aunque también involucró en la carrera a Daniel Scioli y al propio Presidente. Moyano repitió entre colegas y familiares su preocupación a que un eventual triunfo de Juntos por el Cambio derive en su detención. En la causa por la presunta asociación ilícita en Independiente tuvo un fallo favorable y no tendría ya de que preocuparse, según su equipo de abogados. Tal vez algunos de los expedientes contra otros dirigentes gremiales por amenazas y extorsión podría salpicarlo, pero no arrastrarlo a prisión.

A diferencia del camionero, los grandes gremios de la CGT y el barrionuevismo ya apuestan a pleno a Massa y hasta algunos de ellos ya comenzaron a trabajar para su candidatura, financiando pintadas callejeras o armando actos en los que se baja el mensaje del candidato “que mejor combate a la inflación”. Son pocos los que esperan el surgimiento de un postulante desde el bloque de los gobernadores. Algunos todavía le prenden una vela al jefe de Gabinete, Juan Manzur, que tomará cada vez más distancia de la gestión nacional para ser candidato a vicegobernador en Tucumán, el 14 de mayo. Su candidatura podría ser meramente testimonial si es que se decide a competir en la elección presidencial. No sería la primera vez que el tucumano se postule a un cargo que después no ocupará.

En medio de esta barahúnda, los sectores mayoritarios de la CGT comenzaron a tender puentes con la oposición. A fin de año, Patricia Bullrich se lo cruzó a Gerardo Martínez en un cocktail en la embajada de Estados Unidos y quedaron en hablar. Pasó lo mismo con otro dirigente al que la titular de Pro se lo encontró en un estudio de televisión. Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, exploró cierto consenso gremial a través de Ezequiel Jarvis, su subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, para darle luz verde a un proyecto sobre registración laboral que fue bien recibido por los abogados laboralistas de dos sindicatos grandes de servicios. La iniciativa prevé modificaciones en las multas y apunta a no fomentar la industria del juicio. Busca establecer una base de pago de la sanción atada al salario mínimo, vital y móvil, lo que daría mayor previsibilidad y los montos dejarían de estar a discreción de un juez. Es probable que el proyecto de ley no tenga avances por el año electoral. La pelea con la Justicia, la inflación y ahora la recompra de la deuda son por ahora las vedettes del verano.

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