La tentación de poder repartir 2300 cargos
El área de Gils Carbó es la más favorecida por la aplicación del nuevo Código Procesal Penal
En virtud del Código Procesal Penal (CPP) y del paquete de proyectos de ley de implementación del nuevo sistema acusatorio, que espera para su sanción el tratamiento en la Cámara de Diputados la semana próxima, el kirchnerismo dispondrá de la posibilidad de nombrar algo más de 2300 nuevos magistrado s, funcionarios y empleados antes del final del mandato de Cristina Kirchner.
Los cargos están distribuidos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público de la Defensa Nacional y, sobre todo, en la Procuración General de la Nación, que encabeza Alejandra Gils Carbó, a quien la oposición acusa de responder a los mandatos del Poder Ejecutivo.
El Ministerio Público Fiscal es el ámbito más favorecido por la sanción del nuevo Código Procesal Penal y de las iniciativas que harán viable su implementación. A partir de la puesta en marcha de la nueva ley orgánica que regirá al organismo extrapoder, Gils Carbó dispondrá de la posibilidad de nombrar 1662 nuevos funcionarios.
A esa cifra deben sumarse 504 cargos que se crearán en la justicia nacional y federal (de ellos, 240 están ubicados en juzgados y cámaras de apelaciones del interior del país).
El organismo menos beneficiado es la Defensoría Pública Nacional. Según el proyecto de ley orgánica del organismo, que espera para su sanción en la Cámara baja, se crearán 100 puestos en su estructura.
Esta proliferación de cargos provocó la reacción del secretario general del gremio de los judiciales, Julio Piumato, quien advirtió sobre la eventual destrucción de la carrera judicial que podría traer aparejada la implementación del nuevo código de rito en materia penal.
El caso que más protestas generó es el de la Procuración General de la Nación, dado que le permitirá a Gils Carbó disponer de la posibilidad de designar decenas de fiscales generales ante las cámaras de apelaciones en cada departamento judicial del interior y de la Capital Federal.
Los titulares de esas fiscalías saldrán del cuerpo de fiscales que ya cuentan con acuerdo del Senado, pero no deberán rendir ningún tipo de prueba o concurso de antecedentes para acceder al cargo, que tendrá amplias facultades para disponer de la acción penal o para recomendar el archivo de una causa.
Además, cada fiscalía general dispondrá de una estructura, hoy inexistente, que incluye la designación de dos secretarios, dos prosecretarios administrativos relatores, dos escribientes y un jefe de despacho relator.
El escalafón incluye personal administrativo y técnico y de servicio obrero y maestranza para cada una de las fiscalías generales.
El otro gran nicho de nuevos cargos serán las Oficinas Judiciales, que se crearán con la ley de implementación del CPP. Para cada cámara y tribunal nacional, el organigrama contempla de un director, un coordinador de administración y logística y sendos coordinadores de atención al público y de gestión de casos, los que a su vez serán asistidos por una estructura de una veintena de puestos técnicos administrativos y de servicio obrero y de maestranza.
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