La suba de precios golpea en la cantidad y calidad de la asistencia alimentaria estatal

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, insiste cada vez con más énfasis en su preocupación por la suba del precio de los alimentos. Lo dejó claro en la última reunión de la Mesa contra el Hambre, en mayo, cuando el presidente Alberto Fernández anunció la ampliación de la Tarjeta Alimentar. Entre orador y orador, el funcionario remarcaba: “El precio de la canasta alimentaria es un problema central”. Esta semana volvió sobre el tema, en diálogo con distintas radios. “Si aumenta el precio de los alimentos aumenta la pobreza”, “hay mucho desequilibrio con los precios”, “realmente hay mucha gente que la tiene complicada”, dijo.

La inquietud del funcionario se trasladó este viernes, en su contra, a las calles del centro porteño. Como un boomerang, el reclamo por la inflación fue uno de los ejes de la masiva manifestación que encabezaron más de 40 grupos piqueteros en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, bajo la consigna “Gran unidad piquetera contra el ajuste”.

En los últimos meses, Arroyo extendió el alcance de la tarjeta para familias con hijos de hasta 14 años, sumó unidades de gestión para dar empleo a los titulares del Potenciar Trabajo y también les concedió a esos beneficiarios un aguinaldo de $6000. Pero no hay plan que le alcance para correr detrás de la inflación, sobre todo, en lo que respecta a las transferencias para la compra de alimentos.

Según indican entre los principales dirigentes de organizaciones sociales, el impacto de la inflación en la ayuda estatal no es tan visible en los comedores, en donde –lamentan– se acostumbraron a recibir poca o nula asistencia del Gobierno, pero sí en los consejos escolares, que se articulan con cada provincia para asistir a alumnos de hogares vulnerables. El año pasado, el Ministerio de Desarrollo Social había aumentado entre un 100% y un 150% el presupuesto de los comedores escolares, respecto de 2019.

“En el Servicio Alimentario Escolar (SAE) de la provincia de Buenos Aires el impacto es directo. Está pautado con dinero, pero las actualizaciones van por detrás de la inflación y en las escuelas no pueden cumplir con las entregas de bolsones cada 15 días [una disposición oficial]”, explicó a LA NACION Silvia Saravia, la dirigente nacional de Barrios de Pie-Libres del Sur, quien tiene presencia en escuelas del conurbano bonaerense.

En efecto, en el gobierno de Axel Kicillof reconocieron las complicaciones. “El 70% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad es para el SAE. Tuvimos un aumento en febrero y otro del 50% hace un par de semanas, para poder sostener las compras e incorporar más beneficiarios. Pero aún aumentando el presupuesto en la mitad, pudimos crecer solo un sexto en cantidad de beneficiarios, la otra parte la absorbió la inflación”, indicaron altas fuentes de la cartera que conduce Andrés Larroque. Semanas atrás, el ministro había tuiteado, con entusiasmo: “El presupuesto para la compra directa de alimentos se amplía en un 50%. Medidas que salen de lo común, acorde a la magnitud de la crisis que debemos enfrentar”. La medida permitió llegar de 1,7 a dos millones de alumnos.

El alza de precios también golpea de lleno el sistema de meriendas reforzadas, que se financia con transferencias de fondos a las organizaciones de la sociedad civil. “En los merenderos compran menos. En la gestión de Mauricio Macri te pagaban alrededor de $31 por chico, y ahora te dan $40, pero con una inflación acumulada del 50%”, detalló un referente de una de las agrupaciones sociales más importantes, que administra más de 2000 comedores y merenderos a nivel país. “¿Cómo se compensa?. Agregándole agua a la leche”, graficó, cabizbajo.

Bajas en la calidad

La ampliación millonaria de la Tarjeta Alimentar tampoco bastó para mejorar la calidad ni la cantidad de las compras. El propio Arroyo reconoció, durante el encuentro de la Mesa Contra el Hambre, que en su cartera enfrentan “problemas de calidad nutricional”, e indicó que los titulares del plástico redujeron los consumos de carne, leche, frutas y verduras. En ese marco, desembolsó 250.000 millones de pesos para el programa, pero días atrás debió darle una vuelta más: próximamente, los beneficiarios dejarán de pagar IVA cuando compren aquellos productos.

“A la tarjeta se la come la inflación, no te alcanza para nada”, dijo a este medio Mónica Sulle, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores-Teresa Vive, durante la movilización del viernes. “Para una familia con siete hijos, representa alrededor de $50 por chico, por día; para familias con dos o tres, unos $100. No podés comprar nada”, insistió. Los montos del beneficio son de $6000 mensuales para las familias con un hijo, $9000 para las que tienen dos y hasta $12.000 para los hogares con tres o más niños.

A las dificultades que impone el vaivén de precios sobre los planes que se apoyan en el manejo directo de dinero se suma la irregularidad en la provisión de alimentos secos a los comedores y merenderos por parte del Gobierno. Las organizaciones sociales denuncian que, en los seis meses que lleva el año, recibieron solo tres entregas de alimentos, en las mismas cantidades que lo hacían hace dos años, antes de la pandemia por coronavirus.

Si bien los voceros de Arroyo sostienen que los envíos comenzaron a normalizarse, en el propio gabinete del funcionario repudiaron la falta de ayuda. “Me da mucha bronca que el Estado no colabore en dar de comer a la gente. Es la estructura social la que nos salvó”, afirmó a LA NACION el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, también dirigente del Movimiento Evita.

Pérsico fue una de las principales voces en criticar la ampliación de la Tarjeta Alimentar, el mes pasado, cuando dijo que es “pan para hoy y hambre para mañana” y pidió fomentar el trabajo. Sin embargo, acuerda con que en el corto plazo se debe atender la emergencia. Mientras el Gobierno mantiene en incógnita el eventual regreso del IFE, en los pasillos del Ministerio de Desarrollo Social volvió a ponerse sobre la mesa el Salario Básico Universal, de la mano de Juan Grabois, quien asegura tener avanzada la discusión del proyecto con el oficialismo, las organizaciones sociales y la oposición.

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