La situación judicial de Cristina Kirchner disparó la polémica al interior del Frente de Izquierda

Las peripecias judiciales de Cristina Kirchner generaron un sismo al interior del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U). Es que los distintos integrantes del principal espacio de izquierda del país salieron a posicionarse ante el pedido de prisión para la vicepresidenta en la causa Vialidad. Mientras que la diputada nacional Myriam Bregman (PTS) habló de la existencia de una “persecución política”, el legislador porteño Gabriel Solano (PO) salió a cruzarla al apuntar: “La izquierda no tiene que ser la abogada defensora de Cristina Kirchner”.

“Nosotros rechazamos las proscripciones porque son selectivas, abordan a uno y a otro no, pero de ninguna manera vamos a actuar como abogados defensores de nadie”, insistió Solano en diálogo con LA NACION, quien no descartó la posibilidad de la existencia de “medidas proscriptivas”, aunque aclaró que al mismo tiempo se debe denunciar “la corruptela de todos los gobiernos”. Y llamó “a superar esas diferencias políticas, en contra tanto del kirchnerismo como del macrismo”. “El FIT-U nació para plantear una salida independiente”, añadió.

“El Partido Obrero no comparte las aseveraciones de otras fuerzas políticas que integran el Frente de Izquierda, que declaran que no está probada la corruptela del kirchnerismo. El entramado de corrupción que envuelve al kirchnerismo es innegable y tiene un carácter estructural dadas sus relaciones de fondo con la clase capitalista. Negar este hecho coloca a la izquierda como furgón de cola de una fuerza política en descomposición”, había sostenido el dirigente trotskista en un comunicado difundido este martes.

En el PTS, sin embargo, se encargaron de bajarle el tono a la discusión con Solano al calificarla de “una polémica”. “Coincidimos en lo central de la denuncia, pero yo opino que hay que ser consecuente. Que si uno ve una persecución política, hay que denunciarla, en este caso o en cualquier otro”, le dijo Bregman a LA NACION. Y puso de ejemplo su rechazo en el Congreso a la ley del arrepentido aprobada en 2016. “Solo cinco diputados votamos en contra, diciendo que era un mamarracho y que daba lugar a una caza de brujas. Y fue lo que pasó, porque está la mano de Estados Unidos detrás de todo esto”, denunció.

De acuerdo a las palabras de la dirigente, su caracterización “no niega de ningún modo que haya habido corrupción y que el Gobierno está aprovechando este ataque que recibe del poder judicial para unificar el peronismo y no hablar del enorme ajuste en curso”. Sin embargo, Bregman sostuvo que “todo ataque antidemocrático indefectiblemente se vuelve contra el pueblo trabajador” y que el que tiene que decidir “quien tiene que ser candidato o no” es “el voto popular”. “Yo no estoy de acuerdo con el gobierno de los jueces, que es lo que se viene promoviendo desde los Estados Unidos y que se ha dado en otros países de la región”, deslizó.

“Todas las pruebas que hay muestran que había un entramado de corrupción, pero recortan solamente un aspecto y eso es lo que se está juzgando para incriminar a Cristina Fernández de Kirchner, utilizando incluso una figura que hemos denunciado durante muchos años que es la de asociación ilícita”, añadió la diputada, y precisó que esa figura “fue pensada específicamente para perseguir a anarquistas y comunistas a principios de siglo XX”.

Así y todo, la diputada aclaró que “nadie puede negar, ni siquiera lo hizo la propia Cristina Fernández de Kirchner en su declaración, que hubo corrupción durante el gobierno kirchnerista”. En ese sentido, sostuvo que esa práctica es “intrínseca a estas democracias capitalistas” y que todos los que se involucran en la gestión de la obra pública “terminan manchados, provengan de donde provengan, tengan la historia que tengan”. Y apuntó contra la vicepresidenta al indicar que no pudo decir “ni una palabra” acerca de “su propia responsabilidad política” en el hecho de “haber tenido a José López como secretario de Obras Públicas mientras hacía todo este tipo de negociados”.

Para Bregman, “sea cual sea la sentencia de la causa Vialidad, lejos estará de llegar a la verdad” ya que “va a estar manchada de imparcialidad”. “Nadie va a confiar en lo que allí se está resolviendo porque esto que ha salido a la luz, la relación de los fiscales, los jueces y su relación con la casta militar, le tiran un manto de sospecha porque la causa misma es un recorte de la realidad”, agregó la abogada, quien abogó por la necesidad de juicios por jurados, sobre todo en casos como los que involucran a Cristina Kirchner, ya que, a su entender, “es la única manera verdadera de atacar este sistema judicial”.

“Conadep” de la corrupción

Quien tampoco perdió oportunidad para plantear su posición fue otro de los socios del FIT-U, el referente del MST, Alejandro Bodart, quien coincidió con Solano en criticar la actitud tomada por Bregman luego de conocerse el final de los alegatos de la causa Vialidad. “Creemos que más que una posición de principios refleja un cierto oportunismo electoral, que difícilmente termine en algo provechoso para la izquierda”, lanzó el dirigente.

Sucede que las tensiones al interior del frente político surgido en 2011 ya habían comenzado a manifestarse en junio, cuando el PTS decidió lanzar por su cuenta la precandidatura presidencial de Bregman, lo que motivó al resto de los integrantes de la coalición a salir al cruce del anuncio por considerarlo inoportuno y “electoralista”.

“Nosotros no ponemos las manos en el fuego por Cristina, y creemos que hay que ir contra la corrupción”, precisó Bodart, quien a su vez denunció “la intención de tapar todo con este juego de intereses, tanto de un lado como de otro”. En ese sentido, aprovechó el contacto con LA NACION para poner sobre la mesa una propuesta: “Como no avalamos esta Justicia ni sus fallos, planteamos una política independiente, como es la formación de un Conadep para investigar a fondo la corrupción y que caiga quien caiga”.

Por eso, frente a una Poder Judicial al que “no se le puede creer nada” porque hace “una utilización política de sus fallos”, Bodart explicó la necesidad de llevar adelante “una medida excepcional” y crear “una comisión independiente formada por personalidades con acceso a todo para llegar a la verdad”.

“Nosotros queremos investigar toda la corrupción de los últimos 50 años de la Argentina”, desafió el dirigente trotskista, para quien la “corrupción estructural” del país abarca tanto a lo que denomina “partidocracia tradicional” como al “gran empresariado” y a la dirigencia sindical.

“Se necesitan cambios de fondo, como que haya una Justicia electa por voto popular, que pueda ser revocable y que se instaure el juicio por jurado. Cambiar de raíz todo para terminar no solo con la corrupción, sino también con la consecuencias de las políticas de estos gobiernos, que siempre nos llevan al hambre y la miseria, como ahora lo están haciendo Alberto Fernández, Cristina y Massa”, concluyó Bodart.

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