La seguridad y el aborto, en el eje del debate sobre el nuevo Código Penal
LA NACIONMaia Jastreblansky
Luego de sucesivas postergaciones, el Gobierno confirmó que presentará el nuevo Código Penal en marzo, cuando Mauricio Macri abra las sesiones ordinarias del Congreso. El proyecto, que reformará el sistema jurídico argentino, les daría legitimidad a muchas de las iniciativas en materia de seguridad y corrupción que viene anunciando con cuentagotas en los últimos meses.
El uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad, la violencia en el fútbol, la recuperación de bienes producto del delito, los asuntos migratorios, los delitos contra la integridad sexual y el aborto son temas que regula el proyecto del nuevo Código Penal. El Gobierno sabe que difícilmente pueda ser sancionado este año, por las resistencias políticas que generan algunos artículos sensibles, pero aspira a lograr media sanción y a dejar el debate instalado antes de que Macri termine su período.
"Queremos cerrar el cambio de paradigma en materia penal respecto del kirchnerismo. Queremos romper el paradigma de [Raúl] Zaffaroni y de la impunidad. Llevará tiempo, pero esa es la idea que guía", dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano, a LA NACION.
El presidente de la comisión de reforma del Código -el grupo de juristas que estudió la legislación y propuso un anteproyecto-, Mariano Borinsky, afirmó a LA NACION que, "con los últimos anuncios en materia de seguridad el Gobierno, instaló en el debate público muchos de los temas que luego quedarán planteados Código Penal".
Fuentes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia defendieron, sin embargo, los anuncios individuales y dijeron que son proyectos y normativas que amplían o complementan el texto del Código, que actuará como un paraguas normativo. "Cuando se quieren hacer cambios profundos, lo abrupto no funciona. Hay que ir haciendo cambios culturales que funcionen como empalme", reflexionó un alto funcionario consultado sobre la estrategia del Gobierno.
Debates calientes
En el último año del período presidencial de Macri, el Gobierno tiene previsto empujar a fondo las reformas que enarboló en materia de justicia, seguridad y transparencia. Las iniciativas serán la excusa perfecta para instalar esos temas durante la campaña, tras varios meses de malas noticias económicas.
Los funcionarios y juristas involucrados en la redacción del nuevo código reconocen que probablemente el punto que generará más controversia será el vinculado al aborto. Tendrá gusto a poco entre quienes impulsan la legalización y generará resistencias en los celestes.
En el nuevo código, el aborto no deja de ser un delito con pena de prisión. Pero el artículo 88 prevé que el juez pueda disponer la eximición de la pena "teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho". Si las diputadas quieren legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, deberán hacerlo con una ley aparte.
Con el protocolo para facultar a los agentes de las fuerzas federales a disparar en determinadas situaciones, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se adelantó al nuevo Código Penal, que en su artículo 8 señala como inimputables a los policías o penitenciarios que "en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria causen lesiones o muerte". "El protocolo es un complemento administrativo de lo que dice el Código", justificaron desde Seguridad.
Otro de los proyectos de Bullrich, el que quiere avanzar contra los barrabravas y que fracasó a fin de año en el Congreso, tendrá también un capítulo en el Código Penal reformado. Se prevén penas más severas para los delitos relacionados con el deporte y, en particular, para los "delitos en espectáculos futbolísticos". "La ley que impulsamos es más amplia", explicaron desde Seguridad.
Se espera que el régimen penal juvenil. que prevé la baja de la edad de imputabilidad, se tramite de forma anexa al Código Penal. En el Gobierno no descartan enviar el proyecto de minoridad antes de marzo.
Respecto de los delitos de corrupción, el nuevo Código Penal prevé una herramienta para agilizar el recupero de activos producto del delito. Avanza en la vía de la extinción de dominio, otro proyecto que causó resistencias en el Congreso.
En el Gobierno creen contar con el visto bueno del PJ no kirchnerista. La seguridad también es una agenda de dirigentes como Sergio Massa o Miguel Ángel Pichetto. Aunque en año electoral, la política hace su juego propio.
Los puntos claves para la reforma penal
El nuevo proyecto para reformar el Código Penal, elaborado por una comisión de expertos, incluye muchas de las iniciativas que el gobierno de Mauricio Macri viene instalando en materia de seguridad y corrupción
Uso de armas
El Gobierno intentará que las recientes modificaciones en el protocolo interno de las fuerzas federales, que permiten disparar a los agentes en determinadas circunstancias, sean incorporadas al nuevo Código Penal. El proyecto, en su artículo 8, señala como inimputables a los policías o penitenciarios que "en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria causen lesiones o muerte"
Violencia en el fútbol
La reforma pretende avanzar contra los barrabravas y prevé imponer penas más severas para los delitos relacionados con el deporte y, en particular, los que ocurren "en espectáculos futbolísticos". A fines de 2018, producto de la suspensión de la final entre River y Boca, el Gobierno intentó convertir la iniciativa en ley, pero fracasó. Los cambios en este punto fueron incorporados y responden al interés de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich
Aborto
Será el punto que generará más controversia y provocará resistencias entre quienes promueven su legalización y los que se oponen. En el nuevo proyecto, la práctica abortiva seguirá siendo considerada un delito con pena de prisión. El cambio en la norma radica en que el juez podrá disponer la eximición de la pena considerando los motivos que impulsaron a la mujer a practicarse el aborto
Recuperación de bienes
Le permitirá al Estado contar con una herramienta para agilizar la recuperación de activos producto de delitos de corrupción y, de esta forma, incluir en el nuevo Código Penal la iniciativa de extinción de dominio, que nunca pudo convertirse en ley en el Congreso de la Nación. El tema es una de las banderas que utilizará el oficialismo en la campaña electoral
Régimen penal juvenil
Se estima que este punto, que incluye la baja de la edad de imputabilidad para los menores, no estará incluido en el tratamiento del nuevo código y tendría un tratamiento parlamentario independiente. Según el Gobierno, la propuesta está integrada por una batería de medidas socioeducativas para resolver la problemática del delito en menores. Sin embargo, el nuevo proyecto ya fue críticado por la Iglesia y organismos de derechos humanos
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