La segmentación de tarifas, condicionada por la cantidad de inscriptos y el acuerdo de los gobernadores

Se anunció y se puso en marcha, pero su aplicación es aún un interrogante. Dos etapas debe enfrentar todavía la implementación de la segmentación de tarifas energéticas: tiene que alcanzar un porcentaje elevado de inscriptos que permita, al menos en una primera etapa, avanzar con los aumentos por provincias; y conseguir el guiño político de los gobernadores para evitar una oleada de amparos que provoque una judicialización.

En este contexto de crisis económica, mayor conflictividad callejera y con una inflación desatada, los gobernadores advirtieron a la Casa Rosada que un mal paso en la aplicación de los aumentos en las tarifas de gas y electricidad impactará directamente en su futuro electoral. Algo que ningún mandatario provincial está dispuesto a aceptar. En el Gobierno admiten que una lluvia de amparos contra los aumentos de las tarifas oficiaría como certificado de defunción para una medida que exige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así volvió a ganar terreno la georreferenciación, que tenía como principal objetivo afectar a las propiedades de mayor valor. Se trata de un modelo que impulsó el subsecretario de Energía Eléctrica, el kirchnerista Federico Basualdo, y que se terminará de aplicar de facto, según advirtieron fuentes oficiales.

La frágil tregua entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se extendió a todas las áreas, incluso a Energía. Tras la ratificación que hizo la ministra de Economía, Silvina Batakis, del equipo que encabeza Darío Martínez y con la ratificación de Basualdo, el objetivo es construir un vínculo más sólido con las provincias.

Es por eso que Batakis, tras el acuerdo de todas las terminales de poder del Frente de Todos, dejó la tarea de armonizar la negociación con los mandatarios provinciales y las distribuidoras en manos de quien hoy tiene más aceitado el vínculo, que es el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Ahí es donde entran a jugar dos personajes ajenos al foco público, pero que tendrán un rol central: Gonzalo Soriano, flamante subsecretario de Planeamiento Energético; y Santiago Yanotti, vicepresidente de Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica. Ambos son tucumanos y responden políticamente al ministro coordinador y gobernador en uso de licencia.

“Los amparos van a aparecer cuando se quiera aplicar la segmentación. El momento de aplicarlo dependerá del éxito de la herramienta [por la segmentación]. Si tenés 15 millones de usuarios y a los dos meses tenés 1,5 anotados, la herramienta fracasó”, describió un funcionario involucrado en la operatoria.

Todo está atado al nivel de adhesión a la medida que se puso en marcha el viernes y que en las primeras horas había alcanzado a incorporar 110.000 hogares.

“Si no se trabaja bien a nivel político y en el territorio es muy difícil que esto tenga éxito. Con [Martín] Guzmán estaba garantizado el fracaso. Con Silvina [Batakis] hay mayor sintonía y podemos ver lo qué es lo que quieren hacer. Con una mayor coordinación puede no ser un papelón”, aseguraron fuentes oficiales consultadas por LA NACION.

El plazo real

El plazo real dispuesto, pero no informado es de dos meses. El vencimiento de la primera etapa previsto para fin de mes, ya tiene una prórroga automática preestablecida. Ni julio ni agosto, sino septiembre será el mes clave para la eventual puesta en marcha de la segmentación. Los inscriptos deberán llegar al 50 por ciento de los usuarios, como mínimo.

Con esa cifra de anotados en la base que puso en marcha la Secretaría de Energía habrá posibilidad de comenzar a cerrar acuerdos con algunos distritos. Al menos esa es la intención del gobierno nacional. Uno de los principales objetivos está focalizado en el área metropolitana que contiene al 40%. “En vez de salir a convocar a los 15 millones, vamos por etapas, primero el AMBA; lo vamos a tener que hacer a ese recorte”, se sinceraron las fuentes. Y agregaron que para alcanzar un resultado rápido hay que apuntar a los altos ingresos.

Después de meses de peleas internas, que terminaron con la salida de Guzmán del gobierno nacional y el desembarco de Batakis, el Gobierno puso en marcha ayer el formulario que cada consumidor residencial debe completar si quiere mantener los subsidios a la energía, lo que le permitió dar el primer paso para avanzar con la segmentación de tarifas de gas y electricidad.

Con esta información, que se cruzará con las bases de datos de la AFIP, Anses, Registros de la Propiedad y Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), entre otros organismos, la Secretaría de Energía estará en condiciones para quitarle al 10 por ciento de la población de mayor poder adquisitivo los subsidios.

Con Guzmán a la cabeza, el Ministerio de Economía diseñó una segmentación que divide a los usuarios en tres categorías: tarifa social; el 10% más rico; y un segmento de ingresos medios. Con la declaración jurada la asignación de subsidios será automática, aunque también provisoria y atada al análisis de los datos declarados. En una primera etapa, según confirmó Martínez, los que dejen de percibir los subsidios recibirán tres aumentos, en promedio, de entre $1200 y $1300 cada uno.

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