La ruta del dinero K: la UIF y la AFIP buscan archivar la causa contra Cristina Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, querellantes en un tramo del caso “Ruta del dinero”, consideraron que ya no hay más medidas de prueba para producir en la causa, por lo que podría quedar al borde del cierre.

Ambos organismos hicieron sus presentaciones ante el juzgado de Sebastián Casanello, en respuesta a un pedido de Cristina Kirchner, que está imputada en esta causa, para ser sobreseída y para que las medidas solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan quedaran sin efecto.

El expediente troncal que investigó las maniobras de lavado de Lázaro Báez y su entorno acreditó las responsabilidades y se dictaron condenas de hasta doce años de prisión. Pero queda en instrucción una parte de la causa en la que se busca determinar si existió participación de Cristina Kirchner en las maniobras de lavado de Báez. Hasta ahora, las pruebas recabadas por la Justicia no verificaron esa imputación, y la Cámara Federal instó el año pasado al juez Casanello a resolver la situación procesal de la vicepresidenta. Entonces se ordenaron nuevas medidas.

Las medidas en curso son declaraciones testimoniales a todos los empleados y gerentes del Banco de Santa Cruz, que trabajaron con Lázaro Báez. También hay un entrecruzamiento de llamadas en curso sobre los teléfonos cercanos a Cristina Kirchner y personas del Grupo Báez. La justicia busca probar una relación negada tanto por Báez como por la vicepresidenta, quien pidió a través de su abogado que esas medidas quedaran sin efecto y que se le dicte el sobreseimiento. Las querellas de la UIF y de la AFIP manifestaron su desinterés en que continúe la investigación y dijeron que no hay más medidas de prueba posibles, lo que parece una manera indirecta de buscar su cierre definitivo.

Casanello ordenó esas medidas el 2 de noviembre pasado, y hace dos semanas la defensa de Cristina pidió que esas medidas fueran anuladas y que le dictaran el sobreseimiento. El escrito cuestionó el avance del caso pero también el rol de los organismos del Estado querellantes en el expediente durante el gobierno de Mauricio Macri: la UIF, la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA). Esta última desistió de ese rol después del cambio de gobierno.

A partir de ese planteo, el juez pidió opinión a las querellas y al fiscal. Quien debe responder ahora es el fiscal Marijuan.

“Toda vez que esta parte -en cuanto a su especialidad- no considera pertinentes nuevas medidas probatorias, las cuales, de corresponder, hubieran sido ofrecidas, entendemos que V.S. se encuentra en condiciones de resolver lo que por derecho corresponda conforme el estado del presente sumario”, consideró Leandro Ventura, el representante de la UIF, en el escrito presentado al juzgado de Casanello. La UIF está a cargo de Juan Carlos Otero, un abogado que asumió tras la renuncia de Carlos Cruz, y al que señalan como cercano a Máximo Kirchner.

“en virtud de las opiniones recabadas, V.S. dispuso con fecha 2 de noviembre de 2021 la realización de una serie de medidas solicitadas por el Señor fiscal y dirigidas a resolver la situación procesal de la nombrada. Es decir, las medidas en cuestión no fueron dispuestas a propuesta de esta parte”, le dijo la AFIP al juzgado frente al planteo de Cristina Kirchner.

“Llegado a este momento, se corre vista de la presentación formulada por la defensa técnica, mediante la cual solicitan que se dejen sin efecto las medidas de prueba ordenadas el 2 de marzo del corriente año que aún no fueron producidas y se dicte sin más trámite el sobreseimiento de su pupila. A tal efecto, y tal como manifestáramos en la vista corrida en fecha 13 de octubre de 2021 a la cual nos referimos más arriba, entendemos respetuosamente que los elementos reunidos en la causa permitirán a V.S. merituar la situación procesal de la nombrada y resolver conforme a derecho”, completa la presentación formulada por el ente recaudador de impuestos.

Cristina Kirchner está imputada en esta causa por decisión de Marijuan. La Cámara Federal insistió en que Casanello la indagara y entonces fue citada para hacerlo en septiembre de 2018. Finalmente se le dictó la falta de mérito.

Hay dos personas más con falta de mérito en esta causa, Antonio Demarco, que tuvo participación en la compra del campo que adquirió Báez en Uruguay, y Juan Pedro Damiani Sobrero, también investigado por maniobras financieras en Uruguay. Sus situaciones no son idénticas: Demarco había sido procesado por Casanello y desprocesado por la Cámara. Damiani Sobrero ya tenía una falta de mérito dictada por el juez.