La ruta del dinero K | La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner
El caso se había cerrado contra ella porque no quedaban acusadores, pero se presentó una ONG cercana a Pro que se opuso al cierre de la investigación y los camaristas hicieron lugar a su planteo
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
La Cámara Federal porteña reabrió hoy la investigación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que había sido sobreseída el 5 de junio pasado.
Aquel sobreseimiento lo dictó el juez federal Sebastián Casanello porque ya no quedaban acusadores que sostuvieran que se la debía investigar en este caso, en el que Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos. “Sin acusación no hay proceso penal posible”, sostuvo el juez, que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta que había presentado once días antes el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, al que adhirieron los dos organismos estatales que intervinieron como querellantes en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Pero cuando el caso contra Cristina Kirchner se había quedado sin acusadores, se presentó la Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG cercana a Pro, que pidió ser aceptada como querellante (es decir, como damnificada) y reclamó que el caso se reabriera. Por dos votos contra uno, la Cámara Federal hizo lugar este martes a ese planteo de reapertura.
Votaron en favor de lo pedido por Bases Republicanas los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que resolvieron: “Revocar el auto de mérito de fecha 5 de junio, que dispuso el sobreseimiento de Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner, debiendo el juez a quo volver a expedirse con arreglo a los parámetros y con las finalidades fijadas en la presente resolución”.
En contra votó el otro miembro del tribunal, el camarista Eduardo Farah, que dijo: “No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG “Bases” una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa (...), debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia”.
La suerte de Cristina Kirchner en este caso dio un giro el 17 de agosto pasado, cuando la Cámara Federal -por dos votos contra uno, igual que hoy- aceptó a la Asociación Bases Republicanas como querellante y la habilitó así a apelar el sobreseimiento que había dictado Casanello a pedido de Marijuan.
Llorens dijo hoy que “la incorporación de este nuevo actor” habilitó a que “se reexamine la cuestión fondo objeto de esta causa”. Y sostuvo que los argumentos expuestos por Bases Republicanas “resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”.
Llorens cuestionó con dureza el dictamen de Marijuan -dijo que “aparece solo como una evaluación parcial y sesgada de elementos aislados del proceso”- y reclamó una “evaluación integral” del rol de Cristina Kirchner que contemple, por ejemplo, las acusaciones del caso Vialidad “que dan cuenta de la relación entre Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner”, de sus “negocios en común”, y de “los beneficios mutuos que esa relación tuvo y podría llegar a seguir teniendo”.
Marijuan había dicho en su dictamen: “Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Elizabeth Fernández, habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha y avanzar a otro estadio procesal -el juicio- como sucediera con sus hasta aquí consortes de causa”. Según Llorens, esta afirmación prueba que la fiscalía “ha dado un trato desigual a aquellos a quienes trata como iguales”.
Bertuzzi no fue tan duro en su voto. Su argumento fue que como a Bases Republicanas se la aceptó como querellante, Casanello debe dictar un nuevo fallo, dado que el sobreseimiento que dispuso en junio tenía como fundamento que no había acusadores y ahora sí hay uno.
“Esta sola circunstancia determina, a mi entender, que el citado decisorio del 5/6/23 no pueda subsistir, dado que la premisa principal en que se sustenta –ausencia de acusación- ha perdido vigencia”, afirmó Bertuzzi. “En consecuencia, considero que corresponde revocar el auto en cuestión y devolver las actuaciones al a quo a efectos de que -con la intervención que corresponda de las partes- dicte un nuevo pronunciamiento”, dijo.
Bertuzzi sostuvo que coincidía con Llorens en que se deberán evaluar las pruebas de esta causa junto con las “recabadas en el marco de los procesos vinculados”, pero no cuestionó al fiscal.
El origen del caso contra Cristina
La investigación contra Cristina Kirchner, hoy reabierta, es un tramo residual de la causa en la que Báez fue condenado. Originalmente ella no estaba entre los investigados. La imputó Marijuan en 2016, cuando la causa estaba ya avanzada, y la indagatoria fue pedida por la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri.
En aquel momento, el motivo de Marijuan para imputar a la hoy vicepresidenta fue la declaración como arrepentido de Leonardo Fariña. Pero este año, Marijuan dijo que no consiguió pruebas que sustenten aquella acusación inicial y que aunque se incorporaron a la causa centenares de contactos entre Cristina Kirchner y Báez, eso no era prueba suficiente para hacerla responsable de un hecho concreto de lavado de dinero. La UIF, en tanto, cambió su conducción con el cambio de gobierno. Antes sostenía que Cristina Kirchner debía ser investigada en este caso como dueña en las sombras del dinero de Báez; este año, se plegó al pedido de sobreseimiento.
“La ruta del dinero k” fue la primera gran investigación de lavado de dinero de los tribunales de Comodoro Py. Hace dos años, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Báez con una sentencia emblemática, que incluyó multas y decomisos sin precedentes, y que fue confirmada, en lo troncal, por la Cámara de Casación, que redujo de doce a diez años la pena de prisión del empresario.
Bases Republicanas
Bases Republicanas, la ONG que logró la reapertura de este caso contra Cristina Kirchner, es una agrupación que declara entre sus objetivos “colaborar en la construcción de institucionalidad de los Estados” y que estuvo presidida por Jimena de la Torre, actual consejera de la Magistratura por los abogados, cercana a Pro. Integran también esta asociación Pablo Noceti (exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich), Juan Curuchet (expresidente del Banco Provincia) y Pablo Clusellas (exsecretario de Legal y Técnica del gobierno de Mauricio Macri), entre otros. Federico Pinedo fue uno de sus fundadores.
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