La ruta del dinero K: la Cámara de Casación avaló que el juicio se haga de forma remota
LA NACION
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, avaló que se reanude el juicio oral por lavado de dinero del caso conocido como "la ruta del dinero K", que tiene al empresario Lázaro Báezcomo acusado principal.
La semana pasada, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) ordenó que las audiencias se reiniciaran el miércoles 24 de junio a las 10. Esta decisión fue objetada por la defensa de Báez, que se opuso a la reanudación del proceso, suspendido desde marzo pasado a raíz de la feria dispuesta por el avance del coronavirus.
Báez pretendía que la Casación hiciera lugar a su recurso, pero los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo rechazaron la queja presentada por su defensa. El empresario buscaba suspender el reinicio del debate con el argumento de que nombró a un nuevo abogado, que necesitaba tiempo para conocer el expediente. El tribunal le respondió que toda la causa estaba a disposición de las partes de manera digital, informó la agencia Télam.
Cuando el juicio se suspendió estaba llegando al final. Ya se escucharon los alegatos de la fiscalía, de la Oficina Anticorrupción, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la AFIP.
De acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, las audiencias del juicio se harán por videoconferencia todos los miércoles en jornadas de dos turnos; por la mañana, de 10 a 13, y por la tarde, de 14 a 16. Báez, que está detenido, podrá seguir el juicio desde la cárcel de Ezeiza.
El juicio empezó el 30 de octubre de 2018. Los acusados son Lázaro Báez y otros 24 procesados, entre ellos, sus cuatro hijos. El presunto lavado que se investiga fue de 60 millones de dólares.
Para que este juicio pudiera reanudarse, el TOF 4 levantó la feria judicial y le pidió al Consejo de la Magistratura que pusiera en funcionamiento la plataforma de videoconferencia on line "Jitsi Meet" o "aquella que resulte más adecuada" para hacer el juicio. En el proceso intervendrán en forma remota los jueces, las partes y los demás funcionarios judiciales que trabajan en el caso.
El tribunal solicitó que se garantizara que solo los autorizados puedan participar y que quede un registro audiovisual en el Centro de Información Judicial (CIJ) de cada audiencia, para garantizar la publicidad y la transparencia del juicio.
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