La Rioja: un conflicto que escala cada día en medio de una polémica distribución de fondos y signos de caudillismo

El conflicto abierto hace varias semanas entre el gobierno municipal de la ciudad de La Rioja a cargo de la radical Inés Brizuela y Doria, y el gobierno provincial del peronista Ricardo Quintela ha seguido creciendo peligrosamente en los últimos días y transparenta problemas institucionales relacionado con el manejo y la distribución de los recursos y con la forma de ejercicio del poder. El propio mandatario actual reclamó por esos métodos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; a poco de cumplirse una década de aquel planteo, hoy se repite pero a la inversa.

Las tensiones entre ambas administraciones crecen e incluyen la suspensión de prestación de servicios, toma de edificios públicos, protestas callejeras violentas y paros de empleados municipales. Hay 10 camiones de recolección de residuos tomados, al igual que la oficina de cobro de impuestos. Nada de eso puede funcionar; tampoco actúa la Justicia provincial. La intendenta asegura que “no existe el estado de Derecho”. Antes de apelar a la Corte Suprema se presentó ante el Superior Tribunal provincial, que nunca le respondió.

No parece haber vía de distensión; incluso la situación empeora. Anoche un grupo de los que integran la protesta intentó “secuestrar” el camión más grande que tiene la Municipalidad para el acopio de los residuos; la Policía detuvo a cuatro y ya hay dos liberados. “Es la ley de la selva -subraya Brizuela y Doria a LA NACION-. Si no llegaba la Policía iba a ser un desastre. Los que están trabajando querían actuar por mano propia al verse atacados. Eso es lo grave de lo que vivimos, al estar la zona liberada la gente va a responder. Es muy delicado”.

Si bien la intendenta asumió con mayoría en el Concejo Deliberante, a los dos meses uno de sus concejales se pasó al Frente de Todos y hoy siete responden a ella y ocho a la oposición (está pendiente la asunción del reemplazo de un edil que asumió como diputado). El bloque del Frente de Todos solicitó sesión especial para mañana para “analizar” la conducta de la intendenta y la falta de servicios en la ciudad. Sobrevuela la palabra “intervención”, pero el número no alcanza para aprobarla.

Brizuela y Doria y Quintela (quien levantó su perfil y busca “nacionalizarlo”) estuvieron en la Ciudad de Buenos Aires, cada uno con gestiones por su lado. Hasta el momento, en la Casa Rosada apoyan al gobernador. El mandatario provincial pelea por los recursos extras asignados para la provincia en el presupuesto nacional, alrededor de $13.000 millones, de los que el 97% van para la administración central.

Hace unos días, el secretario de Interior, José Lepere, calificó la designación de personal de la intendenta como “un acto irresponsable y desesperado a poco de las elecciones” . “La verdadera violencia institucional es jugar y especular con la necesidad y el trabajo de la gente”, agregó el segundo del ministro Eduardo “Wado” de Pedro, apelando a las mismas palabras que usa el radicalismo nacional para referirse a la actitud de Quintela, a quien acusan de “promover la violencia, el caos y la desfinanciación”.

El desencadenante de la pelea fue la designación en planta permanente, después de las PASO, de unos 2000 trabajadores por parte de la intendenta. La provincia lo rechaza por “irregulares”, ya que la ley provincial 9782 establece que las decisiones salariales y los nombramientos deben ser “consensuados” con la administración central.

El gobierno de Quintela es el único en el país que liquida y paga con los fondos coparticipables los sueldos de los empleados municipales, salvo en el caso de la ciudad capital, incluso desde antes de la asunción de Brizuela y Doria. El saldo de recursos se gira a los intendentes.

Juan Luna, jefe de Gabinete La Rioja, dice a LA NACION que en 2001 -en medio de la crisis nacional- hubo una reforma constitucional en la que se suprimieron las cartas orgánicas municipales; se corrigió después por otra modificación pero ningún municipio inició el proceso para generar una nueva carta.

“En ese marco, la liquidación sueldos quedó en manos de la Provincia que tenía mayor capacidad técnica que los municipios; todos menos Chilecito y la Capital acordaron que fuera así. Chilecito posteriormente se sumó pero la Capital, aun gobernada por el peronismo, no -describe Luna-. Debe quedar claro que las obligaciones entre empleador y empleado, son responsabilidad de los municipios. La Provincia no tiene injerencia en quiénes ocupan”.

La Rioja cuenta con una ley de coparticipación desde 2016; la Legislatura provincial la sancionó por orden de la Corte Suprema de 2014. La norma establece la distribución de 9,5%, uno de los porcentajes más bajos del país.

Desde la Municipalidad plantearon a este diario que antes de la asunción de Brizuela y Doria, la planta de agentes saltó en 2400 personas entre 2014 y diciembre de 2019: ella recibió 5811 en planta permanente y 2915 precarizados. Sostienen que lo que recibe el departamento Capital por coparticipación está 38% por debajo de la media provincial, siendo el valor per cápita más bajo de toda la provincia y concentrando en su territorio el 54% de la población provincial.

Brizuela y Doria muestra los extractos bancarios en los que consta que en noviembre recibió $229 millones más $22 millones para un “bono electoral que pagó el Gobierno” y, este mes, sólo los $ 229 millones. Insiste en que le corresponden $629 millones, lo que permitiría pagar todos los sueldos y contar con un resto de $210 millones para funcionamiento.

Además, reclama los recursos correspondientes a Financiamiento Educativo -en 2013 se estableció por ley el reparto automático a los municipios-, la deuda acumulada a 2019, según sus datos, es de $455 millones y la proyectada para este año, $167 millones. También sostiene que “desfinancian” a la ciudad con decisiones como el congelamiento de la base de cálculo de la tasa de Alumbrado Público. “Hasta 2017 permitía cubrir los costos, el mantenimiento y la expansión, ahora ni siquiera alcanza a cubrir el gasto energético municipal”.

La única salida para el conflicto es con más recursos. En la provincia aseguran que es “imposible” duplicar la coparticipación. “Las finanzas son muy finitas”, deslizan en el círculo chico de Quintela y se quejan de que la intendencia no tiene “ningún plan” para resolver los problemas. También apuntan a que “duplicó la planta de funcionarios no escalafonados, creando ítems que aumenta los sueldos”. “Nada que ver -responde Brizuela y Doria-. Esos ítems ya estaban porque se crearon para recortar el desfasaje con los sueldos públicos. Yo no cree nada”.

Mayoría peronista

La provincia está en manos del peronismo desde la llegada de la democracia en 1983; incluso en 1973 había sido electo Carlos Menem, quien fue derrocado y detenido con el golpe de 1976. Los acuerdos y desacuerdos internos de esa fuerza marcaron las últimas décadas. En la Legislatura provincial, integrada por 36 miembros, el PJ tiene amplia mayoría; Gustavo Galván y Roberto Klor son de la UCR; Teresita Luna y Nadina Reynoso, peronistas disidentes, y Martín Menem se alineó con Javier Milei. Los otros 31 responden al gobernador.

En 2019 la elección de Brizuela y Doria como intendenta de la capital rompió la racha de años sin opositores en la administración municipios; es la única en toda la provincia. La inexistencia durante 20 años de Cartas Orgánicas en los gobiernos ciudadanos abre la posibilidad a una avance sobre las autonomías que están consagradas en la Constitución Nacional.

Estado omnipresente

Un dato clave es que la economía riojana está dominada por el Estado. Existen 34 empresas con participación estatal; no sólo están las de servicios públicos como agua y saneamiento, electricidad y el banco -característica que comparte con otros distritos- sino que están las vinculadas al sector productivo. Fueron creadas durante la gestión de Luis Beder Herrera, bajo el nombre de Sapem, y llegaron a ser más que las actuales.

Luna enfatiza que están inscriptas en la “política de promoción y desarrollo productivo” ya que hay varias establecidas para “generar empleo y movimiento económico” en zonas desfavorables. Afirma que la asistencia con recursos estatales varía ya que hay “superavitarias y otras que requieren ayuda o compensaciones tarifarias”.

El senador nacional radical Julio Martínez, en cambio, apunta a que Beder Herrera creó un “Estado stalinista; quedan menos empresas, pero la mayoría son deficitarias y hasta compiten con el sector privado”.

La provincia liquida cada mes, 65.000 sueldos (incluidos docentes y municipales), a ese plantel hay que sumarle los precarizados y los monotributistas. No hay datos ciertos de cuántos integran ese universo. Con datos de 2017 del Ministerio de Trabajo de la Nación, últimos disponibles, hay 104 riojanos estatales por cada mil habitantes.

Al cierre del tercer trimestre de este año, La Rioja y Formosa son las dos provincias de mayor dependencia de recursos de origen nacional. Los ingresos propios de la primera equivalen apenas al 8,1% de los corrientes (en el caso formoseño, es 6,1%). Según Politikon Chaco, las transferencias no automáticas nacionales dejan a La Rioja como la mayor receptora por habitante: a noviembre recibió $44.715 por riojano, cifra que cuadruplican el promedio nacional ($10.964). La situación se explica, en gran medida, por la asignación presupuestaria que tiene en forma de “compensación” por haber cedido un punto de Coparticipación en 1988.

A octubre, es el distrito con mayor crecimiento acumulado de recaudación propia (108,4% en la comparación interanual) en buena medida asentada en la suba de la presión fiscal, particularmente Ingresos Brutos y Sellos.

A pesar que a setiembre, su superávit financiero fue de $5.146 millones, que equivalen al 7,4% de sus ingresos totales y a la suba de recaudación propia, la Provincia registra una caída real del 5,9% en gasto en personal.

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