La Rioja: la mayoría de las dependencias municipales de la capital están tomadas por los estatales
La intendenta Brizuela Y Doria acusó al gobernador Ricardo Quintela de querer “impedir el normal funcionamiento de la municipalidad”; este miércoles intentaron tomar una nueva oficina
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LA NACIONBárbara Epsztein
“Quieren impedir el normal funcionamiento de la municipalidad para desestabilizar porque no toleran no tener el poder completo, perdieron el corazón que es la capital”, dijo la intendenta de la ciudad de La Rioja, Inés Brizuela Y Doria, a LA NACION. La jefa comunal tiene la mayoría de las dependencias municipales tomadas por los empleados estatales que reclaman la falta del pago de haberes. Con un nuevo intento de toma, ahora en la sede donde se emiten las licencias de conducir, la mandataria volvió a apuntar contra el gobernador Ricardo Quintela por gestar “un plan sistemático de acciones violentas”.
LA NACION también habló con algunos de los que llevan adelante las tomas. “Debería dar un paso al costado”, advirtió una de ellas en diálogo con este medio.
“Quieren generar un caos en la sociedad para que nos pidan la renuncia”, dejó trascender un funcionario municipal de alto rango. De momento, explicaron, se encuentran con el funcionamiento parcial o completamente interrumpido las sedes de Rentas, el Centro de Participación Riojana (Cepar), Protección Ciudadana, Bromatología, la oficina de licencias de conducir. Además, el servicio de recolección de residuos está interrumpido hace casi un mes, a raíz del secuestro de los camiones.
“Ya en La Rioja está todo tomado. Han tomado el mercado, ya no hay lugar donde no se haya tomado nada. En la mayoría de los lugares hay mucha violencia”, planteó Graciela Pacheco, empleada estatal de la oficina de Rentas.
Golpes y vidrios rotos en el Cepar Norte
En el mediodía de este miércoles, un grupo de mujeres intentó ingresar a la sede del Cepar Norte, donde se tramitan las licencias de conducir en la ciudad. El conflicto comenzó en el interior del edificio, según informaron los que protagonizan el reclamo, cuando cinco estatales se rehusaron a trabajar por falta de pago. La discusión se gestó entre quienes apoyan a la intendenta Brizuela Y Doria, que querían hacer su trabajo, y quienes no están en planta permanente, que tenían la intención de hacer una huelga.
“Esta mañana pasó algo muy fuerte. Mi hija tiene casi 14 años de antigüedad en el municipio. Las compañeras de ella tomaron la decisión de tomar licencias de conducir desde anoche. Esta mañana quisimos entrar porque una de las chicas se había desmayado. No nos dejaron entrar, las puertas están cerradas con llave”, comentó Marcela Centeno, empleada del área de recolección de residuos, que participó de la contienda partidaria y apoya al gobernador Quintela.
El ingreso está interrumpido porque, de acuerdo con la intendenta, temen que irrumpan de forma violenta en el edificio y terminen de tomar la dependencia. Por lo tanto, según aclaró, realizaron un cordón humano para evitar que los empleados salieran lastimados. Sin embargo, varias personas resultaron heridas por la rotura de la puerta de vidrio y las amenazas de los manifestantes con los pedazos caídos.
La intendenta, por su parte, señaló a Centeno como “dirigente quintelista”, que es empleada de planta permanente en el área de recolección de residuos. También sostuvo que este es el segundo intento de toma, ya que ayer se habían manejado de forma similar. “La violencia escala cada vez más y lo grave es que en La Rioja no funciona el Estado de derecho”, manifestó.
El servicio de recolección de residuos está interrumpido
Hace casi un mes que el 90% de los camiones que utiliza la ciudad de La Rioja para la recolección de residuos fueron secuestrados, según indicaron funcionarios de la municipalidad. “Un camión fue tomado delante de la policía, que no hizo nada porque está en complicidad con el gobierno de Quintela, es una maniobra armada”, sostuvieron. Y comentaron que los responsables de los secuestros de los camiones explicaron que lo hicieron en reclamo por la falta de pago de su sueldo.
“Los camiones no los tomamos nosotros, fueron rescatados por los muchachos para que mientras tanto no se haga la recolección hasta que ella les pague el sueldo”, dijo Centeno. Y lanzó: “Debería dar un paso al costado porque si en dos años no ha hecho nada. A mitad de mandato hizo todo mal”.
“Los camiones son de una empresa privada de Córdoba y nos dijeron que la intendenta les debe 10 meses. ‘Mientras que ustedes no me los rompan, tengan los camiones’. No podemos darle los camiones a ella porque tiene que tomar conciencia de que los changos necesitan las cosas”, agregó.
Dos semanas atrás, incluso, un camión vació su contenido de residuos en la puerta de la municipalidad a modo de gesto contra la intendenta Brizuela Y Doria.
Frente a este conflicto, el municipio resolvió, de emergencia, recolectar los residuos en camiones a cielo abierto, ante la falta de los vehículos especializados.
Intento de toma al Palacio Municipal
El 2 de noviembre, la intendenta denunció que un grupo de manifestantes quiso violentar el palacio municipal a raíz de la falta de pago de los nuevos 2500 empleados que fueron pasados a planta permanente durante su gestión. La dirigente radical responsabilizó al gobernador Ricardo Quintela por la falta de personal policial para contener a los manifestantes que provocaron desmanes y le pidió al presidente Alberto Fernández que intervenga.
Toma y acampe en la oficina de Rentas
La oficina central de Rentas que pertenece al municipio no puede operar en su sede porque los empleados se encuentran, hace más de una semana, participando de un acampe en la puerta del lugar.
Por el momento, los manifestantes describieron el reclamo como pacífico, a diferencia de los otros conflictos municipales que atraviesa la ciudad.
Según informaron funcionarios de la capital riojana, las actividades de la sede de Rentas debieron ser trasladadas a otra dependencia municipal que aún no se encuentra tomada. La intendenta dijo que, en este momento, pueden procesar el 10% de las solicitudes y que deberán prorrogar los pagos que no puedan efectuarse, ya que temen informar la nueva ubicación y que intervengan el edificio.
Por Bárbara Epsztein
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