La Rioja: la crisis impacta con fuerza y la cuasimoneda de Quintela acumula rechazos
LA NACION recorrió la provincia en un momento crítico de sus finanzas; la gente se moviliza a diario y los comerciantes dudan sobre el futuro del Bocade; la provincia depende casi en un 90% de los recursos que le gira el Estado
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
LA RIOJA.- (Enviada especial). Los bajísimos salarios públicos -de los que vive la mayoría de los riojanos- pesan más en el ánimo que el “Chacho coin”, como ya bautizaron a la cuasimoneda que el gobernador Ricardo Quintela pidió y fue autorizado a emitir por la Legislatura y con lo que recibirán el 30% de sus sueldos. Con un promedio de $175.000 de bolsillo, los 70.000 empleados estatales están bajo la línea de pobreza. Llegan a fin de mes endeudándose, sea porque no pagan un servicio, impuestos o porque directamente acuden a financieras que cobran tasas de usura. “Esto ya lo vivimos”, repiten. Tuvieron “papeles” en 1986, en 2001 y ahora el Bocade. La “moneda de circulación provincial” tardará, al menos, dos meses en comenzar a circular.
Quintela ya promulgó la ley que lo autoriza a imprimir el equivalente de “hasta” $25.500 millones, equivalente al 70% de las transferencias automáticas que recibió la provincia de Nación en diciembre. Faltan precisiones, como si será impreso o virtual (una propuesta del Centro Comercial para reducir los riesgos de desagio), las denominaciones que tendrá, hasta qué porcentaje deberán recibirlos los proveedores del Estado y los números del “respaldo” que tendrán.
“Hasta marzo”, dicen irónicamente los riojanos desde mediados de diciembre. El calor extremo y la mínima actividad estatal del verano, dejan a la provincia frenada y, desde siempre, la mira está en el tercer mes del año. Este año el chiste se convirtió en un mantra. Quieren saber si llegará “la plata” de Nación que Quintela asegura “mejoraría” la situación; quieren saber si el gobernador cumplirá la promesa de mejorarle los salarios; quieren saber si la inflación cederá. La línea de llegada luce lejana.
Desde que los efectivos policiales se movilizaron hace diez días, en la céntrica plaza 25 de Mayo hay una carpa de autoconvocados de la Salud; hubo una “multitudinaria” -para La Rioja- marcha de estatales reclamando suba de sueldos y rechazando el bono y hay asambleas programadas de los trabajadores de Educación que amenazan con no comenzar las clases. Por la tarde, cuando el sol aprieta menos, se suma el “bocinazo” por “agua para San Blas de los Sauces”, una localidad a 160 kilómetros de la capital. Reclaman por el impacto de una plantación de pistachos que, dicen, afecta la salud y altera la disponibilidad de agua dulce.
En la política riojana, al igual que las cuasimonedas, entran y salen los mismos apellidos. Desde el quintelismo responsabilizan a los libertarios de sus problemas. De esa fila es Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, exlegislador provincial y excandidato a gobernador. Su primo, Eduardo “Lule” Menem, es un reconocido “negociador” en la provincia. En Juntos por el Cambio (JxC) siempre señalaron que fue Quintela quien promocionó a Menem para quitarles posibilidades a ellos.
Los riojanos prefieren no hablar con nombre y apellido. La mayoría recibe un sueldo o una ayuda del gobierno y, aunque no les alcance para vivir, no quieren ponerla en riesgo. Por más que el quintelismo lo rechaza de plano, están convencidos de que los controlan. “Te llaman hasta si pusiste un ‘like’ en la red de un radical”, comenta a LA NACION Juan Carlos, un taxista que espera pasajeros frente a la Catedral.
A las cuasimonedas, las califica de “estafa al pueblo para justificar el derroche de la plata”. Su colega Sergio apunta al Padel Open, promocionado por el gobierno: “Un evento caro, al que no fue nadie”. La suspensión de varios festivales porque “no hay plata”, coinciden, “frena todavía más” la alicaída economía. La tradicional Chaya este año no la hará el Estado,sí un grupo privado.
Rossana, una mujer de unos 50 años vende remeras, ojotas y lentes en un puesto callejero, apoya la llegada de “el Chacho”. Está convencida de que es “la manera de salir adelante, va a moverse un poco más porque ahora no hay un peso”. La inflación “está matando”.
En tres manzanas del centro riojano se cuenta una decena de financieras identificadas, a las que se suman los prestamistas de oficio. Andrés, empleado provincial hace más de 10 años y padre de tres chicos, cuenta que pidió $100.000 en noviembre “porque hay que vivir” y devolverá nueve cuotas de $34.000. Cobra $180.000.
“Ya tuvimos experiencias y ganan los usureros. Nos sacaban 20% o 40% para recibirlos; había arbolitos. En el interior, era peor. Decían que era para llegar a fin de mes, pero salíamos perdiendo”, comenta Carlos Laciar, secretario general del Sitrapp, uno de los gremios estatales. Compara la decisión de emisión al llamado a la Convención Constituyente y repasa que para los estatales hubo sumas extras antes de las PASO y del balotaje: “En diciembre nada; fue una represalia por la derrota”.
La aceptación de los Bocade
Desde la Asociación de Trabajadores Provinciales (ATP), Carlos Euliarte pidió “expresamente” a Quintela que “controle” que la “moneda de circulación provincial” sea aceptada por los comercios a valor pleno. “Tiene que ser así, sino perdemos peor. Necesitamos una recomposición salarial urgente, con actualización de los índices y con la incorporación al básico de todos los no remunerativos”, añade.
Sobre las subas anunciadas de $80.000 para los estatales formales y los $50.000 para los “precarizados” (planes, contratos, becas, tutorías, monotributo), Uliarte asegura que Quintela les garantizó que era un “adelanto” de futuro aumento. “No vamos a aceptar que lo tome como un bono”.
Manuel tiene 37 años y trabaja en una heladería en la peatonal, cree que también a ellos les terminarán pagando “algo” en bonos. “No quedará otra; ya en mi casa pasó. Está todo mal”. A pocos metros, mientras alcanza un café a un cliente, Héctor desliza “plata hay, pero no donde debería”. No quiere decir nada más.
Desde la provincia ya hay llamados a comerciantes preguntándoles si van a recibir las cuasimonedas; hubo reuniones con cámaras y comunicados con datos del “apoyo” a Quintela. Carlos Bazán, presidente del Centro Comercial, explica que los “notificaron” y que les explicaron que “hay un desfasaje” en las cuentas públicas por la deuda de Nación. La entidad aportó algunas ideas para que “las complicaciones” sean las menos posible. “Es clave que la acreditación sea en tiempo y forma”, agrega. Les aseguraron que “a las 48 horas” estarán recibiendo pesos nacionales.
El dueño de un bar y restaurante frente a la plaza central cuenta que lo llamaron del gobierno para preguntarle si recibirá el bono: “No sabemos, pero no hay mucha salida. El problema es que mis proveedores son marcas nacionales, a ellos no les sirve”. Bazán admite que ese punto es crucial ya que en La Rioja “viene casi todo de provincias vecinas”.
Los números
En 2023 La Rioja volvió a ser la provincia con el mayor volumen de fondos transferidos por la Nación por habitante. Por coparticipación y giros automáticos, $192.102. Para graficar con un dato de Politikon Chaco, cada riojano recibió 10,2 veces más que un mendocino, que está al final de la tabla.
El impulso lo dan los recursos coparticipables “compensatorios” que recibe desde que en 1988 resignó un punto de la coparticipación. El monto va en el presupuesto nacional y varía anualmente. A eso corresponden los $9.300 millones de deuda que reclama Quintela de los últimos tres meses del año y por los que irá a la Corte Suprema. Para este año se pautaron $94.000 millones (equivalen a alrededor del 12% del presupuesto provincial). El acuerdo fue con el exministro Sergio Massa, pero Milei prorrogó el del 2023.
Los “compensatorios” fijos son cruciales en momentos como el actual, cuando cae la actividad y el consumo y, por ende, la coparticipación. Los cálculos del Ieral de la Fundación Mediterránea, el Iaraf y Politikon Chaco coinciden en que 85% de los recursos de la provincia vienen de Nación. La Legislatura riojana pronunció su “beneplácito” cuando el candidato Massa modificó Ganancias, medida que hoy deja a la provincia tambaleando.
El diputado provincial oficialista Oscar Chamia enfatiza que la emisión de la cuasimoneda no es por una “situación provocada por la provincia, sino por la devaluación y la inflación. Depende en el 89% o 90% de la coparticipación y es una decisión política retacearle estos fondos”. la nacion contactó al legislador, quien primero se mostró dispuesto a hablar, pero después no respondió. “No reclamamos lo que no nos corresponde; figura en la ley”, repite en declaraciones públicas.
Según datos del Instituto de Economía de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en la provincia hay 109 empleados públicos cada 1.000 habitantes, quedando detrás de Tierra del Fuego y Catamarca en número de estatales por esa cifra de pobladores. Por mes el Estado paga $20.000 millones en salarios (incluyendo el último aumento); la recaudación propia en noviembre (último dato oficial disponible) fue de $3.672 millones. El 95% proviene de Ingresos Brutos y Sellos. La morosidad en impuestos patrimoniales (Inmuebles, Automotor) rondaría 78%, según funcionarios de Rentas.
La provincia sostiene 38 sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado (SAPEM) que abarcan desde una productora de carne de cerdo a una de transporte público pasando por alimentos, litio, energía y vidrio. Según la oposición, son un agujero negro.
La actividad privada es mínima. La Rioja exporta 4% del Producto Bruto Geográfico (PBG), muy por debajo del 14% promedio del país; el salario promedio formal privado a noviembre rondó los $306.000, en el piso de la pirámide nacional, a niveles de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Misiones. En el parque industrial de la ciudad capital hay una fuerte presencia de textiles y se destaca Puma, que el año pasado expandió sus líneas de producción. Trabajan unas 6.500 personas. El empleo público alcanza al 57% del total según el economista Fernando Marull.
La desocupación en el tercer trimestre del 2023, alcanzó 3,2% de la Población Económicamente Activa (1,2 puntos porcentuales menos que en igual período del 2022) y la subocupación (gente que trabaja menos horas de las que desearía) fue del 14,6% (creció 2,6 puntos). En la última medición de Indec de setiembre, la pobreza afectaba al 39,6% de los riojanos de la capital (debajo del 40,1% nacional) y la indigencia al 6,5% (9,3% nacional). Las cifras están absolutamente desfasadas de la realidad por efecto de la inflación.
En diciembre del 2022, la provincia vendió el parque eólico Arauco por US$171 millones. Para construirlo destinó el 80% de la emisión de un bono verde por US$300 millones; debió reestructurar la deuda y afronta vencimientos hasta 2028, el próximo es en febrero por US$78 millones.
¿Se podía evitar?
“Acá gobierna Jorge Yoma”, ironiza el senador nacional libertario Juan Carlos Pagotto. Yoma representará a la provincia en la cautelar ante la Corte Suprema y está muy activo en las redes defendiendo a Quintela. “La Nación no va a pagar nada; los bonos nacen condenados al fracaso”, ratifica Pagotto.
La concejal libertaria Karina Martínez está convencida de que la emisión era evitable “sino se dilapidaban fondos en espectáculos públicos, en financiar deportistas o en alquilar un avión para tener una aérea provincial que terminó cerrando. Nos dábamos ‘esos lujos’ y si no hay fondos extras no se pueden pagar sueldos. La plata se derrochó y no se gastó en lo más importante, como son las escuelas y los hospitales”.
Sobre el cruce de espadas entre Quintela y Milei, plantea que el Presidente “trata de que el peso argentino deje de ser un papel pintado y, como ahora los kirchneristas no pueden emitir más, emiten papel pintado provincial”.
El diputado provincial de la UCR, Gustavo Galván reclama saber cuánto costará la impresión del bono y, en el caso de ser virtual, con qué soporte técnico cuenta la Provincia para que pueda funcionar. “¿Qué respaldo tendrá la emisión, qué plazos de rescate?”, pregunta. Chamia sostiene que el respaldo es la recaudación provincial y las transferencias nacionales y, además, “está el Banco de La Rioja”.
Para Galván ya debería estar en la Legislatura un proyecto para el achicamiento del Estado: “Dicen que van reducir el 50% de la estructura de ministerios, pero es clave avanzar en otras cuestiones, como que no se diluyan los fondos en las empresas del Estado, cuando la mayoría son deficitarias”. Lleva presentados tres pedidos de informe sobre cuánto cuestan estas compañías. No tiene respuestas.
Hasta julio se extenderá la Convención Constituyente riojana, donde el oficialismo tiene 28 representantes y la oposición, 8. Un gasto público que, en función de las circunstancias, parecía evitable. Cristina Salzwedel, convencional de JxC, señala que “la reforma no le cambiará la vida a nadie” y se suma a las críticas a la cuasimonedas. “Terminarán siendo un negocio para los agentes económicos más poderosos y una fuente de usura -aporta-. Más que una medida de financiamiento local, es una estrategia de posicionamiento político de Quintela”. Propone que todos los funcionarios públicos que avalan la medida, cobren todo su salario en bonos.
Encrucijada política
En el debate legislativo sobre la emisión de los bonos, hubo un reclamo abierto a los “gobernadores del norte” para que apoyaran a Quintela. El planteo transparentó que el riojano, quien intenta liderar al grupo sin lograrlo, está solo en su decisión. El catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Ricardo Jaldo, públicamente tomaron distancia.
“Nunca consulta, toma sus propias decisiones, incluso cuando habla como parte del Norte Grande”, coinciden al menos tres de sus colegas peronistas. Esa referencia incluye las cuasimonedas y la confrontación directa con Milei, una estrategia que hasta el momento los otros no comparten. El más cercano en el tono es el bonaerense Axel Kicillof.
El resto de los peronistas prefiere esperar antes de romper lanzas. Las cuasimonedas son sinónimo de una de las peores crisis de la Argentina y creen que se pueden “defender” los intereses provinciales sin apelar, por ahora, a la alternativa. El “quintelismo” está abroquelado detrás del gobernador. Aseguran que decidió jugarse la “última carta” para cobrar la deuda a la Nación.
Por Gabriela Origlia
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