La reválida del pliego de Figueroa: una decisión que plantea un conflicto de poderes e incertidumbre sobre el caso de Hotesur y Los Sauces

Tras la ajustada votación en el Senado que le dio un nuevo acuerdo por cinco años a Ana María Figueroa como jueza de la Cámara de Casación Federal, se abre un escenario de conflicto de poderes e incertidumbre, que podría impactar en el caso Hotesur y Los Sauces, recién reabierto y camino a juicio oral.

Esto es así porque el plazo para apelar la anulación del sobreseimiento de Cristina Kirchner vencerá el martes en las dos primeras horas de atención al público en tribunales. Si para ese momento Figueroa regresó a su despacho, la vicepresidenta puede argumentar que el fallo que reabrió la causa y ordenó realizar el jucio es nulo porque los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone lo apuraron sin aguardar el acuerdo del Senado, con el objetivo de impedirle votar a la magistrada. Nunca es tarde para que Cristina Kirchner se ocupe de solucionar sus problemas judiciales.

Por lo pronto, el siguiente paso para que se haga efectiva la designación de Figueroa como jueza por cinco año más es que el presidente Alberto Fernández firme un decreto con su designación. Luego con ese decreto publicado en el Boletín Oficial, la jueza podría acudir a los tribunales y ocupar su despacho. Eventualmente, también la presidencia del cuerpo, que ostentaba antes del 9 de agosto, cuando cumplió 75 años. La Corte la dejó cesantee en su cargo desde ese día porque no había obtenido acuerdo del Senado para ese momento.

La Constitución Nacional, en un artículo que este jueves hizo leer el senador oficialista José Mayans en el recinto, dice que “un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”. Por eso la jueza, que ahora que ya tiene el acuerdo, podría pretender que todo siga como si nada hubiera ocurrido.

Sin embargo, el trámite no es tan sencillo porque la ella ya dejó de ser jueza para la Corte. Y ahora el Senado crea un nuevo estándar, al nombrarla jueza por cinco años más. Tras la decisión de dejarla cesante a instancias de sus colegas de la Casación, la propia Cámara ya tomó algunas resoluciones: designó como presidente al juez Mariano Bornsky en reemplazo de Figueroa, dispuso que la vocalía de la jueza iba a ser cubierta por el juez Alejandro Slokar y además dijo que este magistrado integra la Sala III.

Por eso su regreso a la Casación plantea algunos problemas, que tendrán eventualmente que ser resueltos por la propia Corte. Por ejemplo: ¿Puede ser ser nuevamete presidenta de la Cámara, cuando una votación unánime de sus colegas ya designó a otro presidente? Más allá de la letra del decreto presidencial que la nombre nuevamente, a la que estarán atentos en el mundo judicial, el próximo paso es tomarle un nuevo juramento como magistrada. El juramento lo toma el presidente de la Cámara Borinsky.

Antes de tomar una decisión así es probable que se realice un plenario del cuerpo. Hay un plenario convocado para la semana próxima, con otro temario, pero es posible que sume este asunto de máxima prioridad. Y más sensible aún antes de tomarle juramento, la Cámara de Casación enviará el asunto en consulta a la Corte Suprema de Justicia para saber si ratifica el contenido de su resolución del 6 de septiembre, cuando dejó cesante a Figueroa desde el día de su cumpleaños, el 9 de agosto. Es el choque de trenes inevitable donde la decisión del Senado colisiona con la previa de la Corte, en un eventual conflicto de poderes sobre el que el máximo tribunal deberá echar luz.

Por otro lado, Figueroa también pretenderá no solo recuperar su firma como jueza, auto, chofer custodio y su despacho, sino especialmente su sueldo. Esta última es una decisión del Consejo de la Magistratura, que es el que liquida los salarios. Otra discusión que se planteaba en la Casación es como interpretar la Constitución cuando habla de “nuevo nombramiento” y de “mantener en el cargo”. Si hay nuevo nombramiento, va de suyo que se requiere entones un nuevo juramento.

Pero cuando habla de “mantener en el cargo”, en este caso Figueroa ya no estaba en su puesto, porque había sido dejada cesante. Por eso, quien no está en el cargo, no pude ser mantenido. Cuál de las dos interpretaciones en la correcta lo deberá decidir la Corte, aunque el asunto es materia de debate entre los jueces de la Casación.

Cualquier decisión requerirá una acción por parte de Borinsky. Los presidentes cuando toman juramento, solo hacen eso, no tienen la facultad de revisar la regularidad de la designación, aunque en este caso se da la particularidad de que los propios jueces de la Casación son los que motivaron la salida de Figueroa cuando le dijeron a l Corte que en su opinión habría cesado en sus funciones.

“Lo mas prolijo sería que la Corte resuelva todo”, dijo una fuente de los tribunales. Desde el punto de vista operativo, su vocalía está ocupada y la vacante aún no fue concursada por el Consejo de la Magistratura ni acumulada a los concursos existentes. Además, solo le quedaban seis causas para resolver de la Sala I que integró, entre ellas Oil Combustibles.

Desde el punto de vista político si Figueroa se queda en la Casación, el kirchnerismo lograría obturar esa vacante en el máximo tribunal penal del país, al menos cinco años más. Y para la situación judicial de Cristina Kirchner, las consecuencias de esta decisión sobre Hotesur y Los Sauces son inimaginables y pueden incluso motivar que la actual Corte Suprema no pueda pronunciarse sobre el caso, ya que cesó a Figueroa.

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