La respuesta del Gobierno al fallo de la CIDH: pedirá que aumenten las penas a los responsables de los atentados a la AMIA y la embajada de Israel
Cúneo Libarona enviará una ley al Congreso para juzgar a los terroristas aunque se desconozca su paradero; además aseguró que la administración libertaria tiene “compromiso” con la causa
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LA NACION
El Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, ratificó este sábado el compromiso del gobierno de Javier Milei con la causa AMIA y adelantó que enviará al Congreso una ley para juzgar a terroristas, aunque se desconozca su paradero. Esto se da a dos meses de un fallo de Casación que determinó que el atentado a la asociación en 1994 fue ejecutado por la organización terrorista Hezbollah y a un día de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara a la Argentina no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque.
A través de un comunicado, el ministerio sostuvo: “Desde el primer día se ha colaborado y querellado conjuntamente con las organizaciones Memoria Activa, AMIA y DAIA para terminar con la impunidad garantizada anteriormente a los terroristas, en detrimento de las víctimas y sus familias, siempre respetando la independencia del Poder Judicial”.
En ese contexto, marcó que el Gobierno apelará al fallo de Casación del mes de abril “con el objetivo de que se aumenten las penas dada la gravedad de los delitos cometidos”.
Tras ello, Justicia adelantó que Cúneo Libarona enviará al Congreso la “Ley de Juicio de Ausencia” para que se juzgue a los terroristas “aun cuando se desconozca su paradero”.
“Estamos creando los instrumentos para que en esta nueva Argentina ningún crimen quede sin castigo, la Justicia no admite demoras ni excusas. Nuestro compromiso para erradicar la impunidad de la Argentina es inclaudicable”, cerró.
El fallo de la CIDH
La CIDH condenó a la Argentina el viernes por su responsabilidad en el caso del atentado a la AMIA. Por unanimidad, declaró al Estado Argentino responsable de no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque, de no haber cumplido con su deber de investigarlo y de haber participado de su encubrimiento. La audiencia solo duró diez minutos.
En los 20 puntos que incluye la sentencia, el tribunal internacional sostuvo que el Estado es responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal, al principio de igualdad y no discriminación, y al derecho a la integridad psíquica y moral de las víctimas. También, a los derechos de acceso a la justicia, a las garantías judiciales y de acceso a la información.
Uno de los puntos más importantes de la sentencia es que le ordenó a la Argentina abrir los archivos y la información de inteligencia relacionada con el atentado y tomar medidas normativas con el fin de regular las condiciones de ingreso de información de inteligencia a las causas judiciales, en alusión a uno de los hechos que desvió la investigación judicial que debía dilucidar lo ocurrido. Se le ordenó al Estado sortear los obstáculos que al día de hoy mantienen la impunidad del atentado terrorista.
“El Estado removerá todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar, continuar, impulsar y/o reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos del presente caso y establecer la verdad de lo ocurrido, todo ello en un plazo razonable”, indica el fallo.
La causa internacional fue iniciada por la asociación civil Memoria Activa contra el Estado Argentino por privación de Justicia en la investigación del ataque terrorista. La demanda se presentó hace 25 años, en julio de 1999. En octubre de 2022, la Argentina reconoció su responsabilidad internacional por la impunidad del caso y admitió encubrimientos. El Ministerio de Justicia dijo entonces que el Estado violó derechos, encubrió, sometió la justicia a los servicios de inteligencia y protegió a acusados.
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