La responsable del fondo vinculado a Grabois dijo ser una patriota y lanzó: “No hubo choreo”

En medio del conflicto por el uso de los fondos fiduciarios durante la gestión de Alberto Fernández, Fernanda Miño, quien estuvo al frente de la Secretaría de Integración Sociourbana y está vinculada al referente social Juan Grabois —apuntado por este tema—, aseguró este jueves que “no hubo choreo” al momento de utilizar ese dinero y que las obras se hicieron. “Es muy fácil y comprobable”, agregó la exfuncionaria. “Hay una animosidad de hacer ver este trabajo como sucio. Acá van a encontrar un puñado de patriotas”, marcó la mujer, encargada del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

“Teníamos auditorías casi cada tres meses. [Miguel] Pichetto las mandaba a hacer y es pública esa información”, se explayó la militante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en diálogo con radio Mitre. En ninguna parte de la entrevista, la mujer se refirió a su relación con Grabois.

La polémica con el dirigente del Frente Patria Grande y excandidato presidencial de Unión por la Patria se da en momentos en que el gobierno de Javier Milei analiza los fondos que manejaba Miño. La auditoría está a cargo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana. Desde el Gobierno entienden que la mayoría de las obras que se hicieron fueron veredas o cordones cuneta; que hay una gran cantidad de intervenciones no finalizadas -de las 6517 obras reportadas tan solo 400 figuran como finalizadas (es decir un 6%)- y que los contratos fueron dirigidos a cooperativas asociadas al referente social.

También se da a poco de que la administración libertaria confirmara la eliminación de fondos fiduciarios por U$S2000 millones, decisión anunciada la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien durante una conferencia de prensa afirmó: “Vamos a terminar con estas cajas”.

Fue en este marco que Miño aseguró: “Siempre fue transparente y pública la base de datos donde íbamos mostrando lo que hacíamos en todo el país” con las intervenciones urbanas en los barrios populares. La exfuncionaria dijo no saber a qué se refieren las acusaciones por el mal uso de los viáticos y comisiones que investiga el Gobierno. “Aclaro que los viáticos aéreos no están permitidos por ley sacarlo del fideicomiso. Los financiaban los ministerios cuando íbamos a ver que las obras se realizasen”, indicó al respecto.

Para la funcionaria que respondía a la gestión de Fernández, las acusaciones en contra de su labor son “más una puesta en escena para ocultar la situación económica que está sufriendo el pueblo argentino y trabajador”.

Miño se excusó de que para hablar de robo de dinero o manejos irregulares del fondo “hay que tener datos e ir a la base de datos”. “Cuando no hay ánimo de contar lo que sucede y solamente se quieren contar mentiras es mucho más fácil. Si quieren ver lo que hicimos, los puedo acompañar”, dijo la exfuncionaria.

Indicó, a su vez, que el 9% del impuesto PAIS que recibía el FISU como parte de la financiación era usado “para integrar los barrios, para comprar lotes”. Sobre estas adquisiciones, aseguró que se hacían en pesos pese a que los terrenos estaban valuados en dólares.

Las declaraciones de la responsable del fondo se dan luego de que este miércoles Grabois se despegara del manejo del FISU. “No tengo absolutamente nada que ver porque no fui funcionario”, argumentó al referirse a las notas periodísticas que lo vinculan al manejo de esos fondos. Y dijo además conocer a Miño, a quien en su campaña electoral para la presidencia había asegurado que si ganaba sería su ministra de Desarrollo Social.

“La gente que lo gestionó en el Gobierno anterior son personas que conozco y que promuevo y felicito, lo hizo con transparencia, lo hizo con honestidad, lo hizo con eficiencia, hizo 1500 obras de integración urbana. Unas 300 mil soluciones para una nueva pieza en las casas donde había hacinamiento crítico”, señaló e.

El informe al cual accedió LA NACION indica que de las 6517 obras reportadas, tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto que 5886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación. A su vez, 133 de las finalizadas tienen que ver con veredas y cordones cuneta (más de un tercio). Según Miño, estas últimas obras mencionadas son “lo que más necesitan [los vecinos de los barrios populares] para poder transitar”.

Asimismo, y por ejemplo en el barrio La Cava, se habrían finalizado dos obras de acuerdo a los registros a los que accedió este diario. Una sería una red cloacal que habría beneficiado a 1150 familias y para la que fueron asignados $134.163.743,79. El segundo proyecto fue el de mejoramientos de vivienda para 12 hogares, por $9.319.475,4.

Por su parte, los vecinos de la zona reportan que se ayudó a familias amigas de los “promotores del barrio”.

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