La reforma laboral de emergencia que piden los empresarios

Al filo del cierre de 2021, una multinacional recurrió a una consultora para explorar una posible reestructuración en una de sus fábricas. Buscaba certezas sobre la prolongación del decreto que prohibía los despidos. Con la medida levantada a partir del 1° de enero, “el plan de reducción de dotación” de la compañía se puso finalmente en marcha. El ejemplo es apenas una reacción incipiente en el mercado laboral de la que ya toman nota con preocupación en el Gobierno.

A la espera de algún avance en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que arroje certezas sobre la economía doméstica, el Gobierno activó desde hace dos semanas conversaciones forzadas con empresarios y sindicalistas por los coletazos de la tercera ola de coronavirus. El ausentismo, el aislamiento de los contagiados y contactos estrechos, y el alcance de la cobertura de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo fueron los temas urgentes que impuso la coyuntura. Sin embargo, los empresarios aprovecharon la ventana para sugerir una suerte de reforma laboral de emergencia.

Pidieron flexibilidad para despedir y contratar personal por dos años; una reducción en los aportes patronales; activar un plan de jubilación anticipada para “rotar” al personal mayor de 60 años que no se logró reincorporar por la pandemia, y una suerte de pase sanitario o permiso para hacer un autotest de Covid en las fábricas. Así lo confirmó a LA NACION Daniel Funes de Rioja, jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA) y referente de las cámaras que reúnen a las empresas de alimentos.

“La palabra reforma laboral no está en mi diccionario. Si significa reducción de derechos o precarización, olvídense”, suele salir del paso el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, atrapado desde hace algunos meses en una disyuntiva: el proyecto oficial para reconvertir a los beneficiarios de planes sociales en trabajadores registrados con todas las de la ley no despega porque los empresarios reclaman más facilidades y mayores beneficios. Piden a cambio flexibilizar la legislación.

“Hay miedo a contratar, hay miedo a las multas laborales”, reconoció un hombre de negocios acostumbrado al diálogo con funcionarios y gremialistas. ¿Qué salida proponen? Para los empresarios, y no solo para aquellos nucleados en la UIA, sería ideal conseguir un permiso oficial para contratar personal con un seguro o fondo de desempleo en lugar de la indemnización. Lo proyectan por “dos o tres años”. Esta fue en 2021 una de las propuestas de la campaña electoral de Juntos por el Cambio, que amontona en el Congreso proyectos de ley para modificar la legislación laboral cuyo destino por ahora es el cajón.

Los dirigentes gremiales observan con dramatismo la profundización de la crisis social y económica a pesar de la reactivación que reflejaron los índices finales de 2021, vinculada más al plan de vacunación que a factores económicos favorables. La informalidad laboral y la licuación salarial son preocupaciones urgentes para los gremios. También la reducción de la torta de trabajadores a representar. Sucede, por ejemplo, con los gremios aeronáuticos, un conglomerado de casi diez organizaciones para nuclear casi con exclusividad a los 9000 empleados de Aerolíneas Argentinas.

Y comenzó a pasar también con los gremios portuarios, cada vez más preocupados porque los barcos extranjeros optan por marineros bajo otro convenio laboral que no sea el argentino. Pablo Moyano mostró particularmente interés por este conflicto. El camionero anhela tener influencia en la Hidrovía Paraguay-Paraná, la “ruta del agua” que concentra el 80% de las exportaciones del país.

En la CGT perciben incómodos una geografía feraz para ensayar reformas y por eso hubo dirigentes que ya pusieron la guardia en alto. “Todos los años me piden flexibilizar las condiciones de contratar cuando discutimos paritarias y los sacamos vendiendo almanaques”, reconoció el pedido empresarial un sindicalista de un sector que está en constante reconversión por los avances tecnológicos.

Y agregó: “Ya pasó la pandemia en términos económicos y las actividades funcionan normalmente para pedir este tipo de cambios”. Su rechazo se extiende entre gremialistas de otros rubros, aunque surgen salvedades en industrias en crisis.

Los empresarios y sindicalistas coinciden en algunas cuestiones trascendentes. Reclaman en tándem certezas al Gobierno sobre la inflación y piden garantías para mantener la producción en caso de que la pandemia se desborde. Tienen además por ahora una postura común sobre la negociación por la deuda con el FMI. Tanto las principales cámaras empresarias como la CGT abogan por un acuerdo lo más pronto posible. Se lo dijeron al Presidente y al ministro de Economía, Martín Guzmán. No conciben un escenario de default.

“El apoyo de la CGT puede cambiar si vienen con imposiciones o reformas extrañas”, advirtió esta semana un dirigente de peso que rodea a los Moyano y que frecuenta pasillos oficiales. Pablo Moyano y Héctor Daer, dos de los tres jefes cegetistas, ya no están muy convencidos de proponerle a Alberto Fernández tirar por la borda la relación con el Fondo y los acreedores del Club de París, como insinuaron el año pasado en su adhesión a “la proclama del 25 de mayo” que impulsó la diputada Fernanda Vallejos. Creen ahora que es mejor el acuerdo, aunque no a cualquier costo. No se convencen de que el ajuste asoma inevitable.

Reactivación

El empresario Funes de Rioja dijo que a fin de año se alcanzó “un pico en la producción” que dinamizó el músculo productivo. La actividad económica, sin embargo, no logró estabilizarse tras el impacto de la pandemia, aunque tuvo un repunte a niveles previos a la irrupción del Covid. La foto luce todavía con altibajos, con sectores que no ratifican su despegue, como el comercio y la construcción. Un ministro que pertenece al círculo íntimo del Presidente dijo a fin de año que el acuerdo con el FMI es determinante para consolidar el repunte. El final todavía está abierto.

La portavoz presidencial Gabriel Cerruti exageró el entusiasmo oficial por la reacción económica con una frase que la dejó en offside. Argumentó que los masivos cortes de luz obedecían a dos motivos: “Uno bueno: la reactivación económica. Y otro malo: las altas temperaturas”. Tropezó también cuando intentó explicar la sorpresiva medida que dispuso el trabajo remoto por dos días para la administración pública “para ahorrar energía”. Habló de “asueto” y no de trabajo a distancia, un desliz que potenció las dudas sobre la viabilidad del home office para los estatales.

Daniel Catalano, jefe de ATE Capital, dijo que el verdadero motivo de la medida fue descomprimir el transporte público por la escalada de casos de coronavirus. Catalano es un sindicalista kirchnerista con vuelo propio que tiene lazos con La Cámpora. Su postura fue reveladora ante el silencio incómodo de Hugo Godoy (ATE) y Andrés Rodríguez (UPCN), los referentes nacionales que prefirieron callar sus críticas por temor a que empantane una negociación salarial que corre desde hace años detrás de la inflación.

Inflación y dólares

El Gobierno, los empresarios y los sindicalistas miran atentos la secuencia burocrática de idas y vueltas que se generan a partir de la negociación con el FMI. Es probable que las primeras paritarias del año, aquellas que se pactan durante el primer trimestre, se aplacen con pagos a cuentas hasta abril, cuando se supone que existirá un desenlace en lo relativo a la deuda que marque alguna certeza. Es lo que sucederá el miércoles próximo con el gremio bancario, que suele establecerse como caso testigo. Los bancarios cerraron en 2021 un aumento de salarios de 51% e igualaron a la inflación. Es uno de los pocos gremios que no perdió. Su jefe es Sergio Palazzo, diputado nacional del Frente de Todos y uno de los pocos interlocutores sindicales que tiene Cristina Kirchner.

Con paritarias aún inciertas y sin señales concretas del curso de la negociación con el FMI, las proyecciones de inflación que manejan los gremios y el sector privado están por encima del 50%, con un tipo de cambio volátil que aceleraría la devaluación del peso a pesar de los nuevos cepos que impuso esta semana el Banco Central.

Durante los últimos años de su mandato presidencial, Cristina Kirchner pidió a todos sus ministros que pasaran sus ahorros a pesos, siguiendo su ejemplo. Sin embargo, cuando perdió el poder y Mauricio Macri levantó en 2016 el cepo al mercado cambiario, la actual vicepresidenta no dudó en apostar de nuevo al dólar como moneda de ahorro ante la debilidad del peso. ¿Qué haría ahora la vicepresidenta? Tal vez se encolumne detrás de los empresarios y sindicalistas para exigirle a Alberto Fernández mayores certezas.

En medio de este debate económico y político, el Gobierno cae en contradicciones y choca contra su propio discurso. Como cuando el ministro Matías Kulfas afirmó que los que viajan al exterior “no son pobres” y señaló que el Estado no puede dilapidar reservas del Banco Central para financiarles su deseo. ¿Qué les diría Kulfas a Luana Volnovich o a Jorge Ferraresi cuando se los cruce en algún acto oficial? Seguramente no les preguntará por sus vacaciones en las playas del Caribe.

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