La reforma judicial cosechó más críticas que elogios en el Senado

Sin voces altisonantes ni grandes polémicas, la mayoría de los expositores que hablaron este jueves ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado cuestionaron la reforma de la justicia federal que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.

Si bien nadie la tildó abiertamente de inconstitucional, cinco de los siete invitados coincidieron en señalar que la iniciativa no sirve a los objetivos de mejorar el servicio de justicia, como aduce el Poder Ejecutivo, y que es incongruente con la instrumentación del sistema acusatorio establecido en el Código Procesal Penal reformado durante el gobierno de Cristina Kirchner.

También se cuestionaron el sistema de subrogancias (jueces suplentes) que propone para cubrir los nuevos juzgados que se crearán hasta que se designe a sus titulares, su oportunidad y la falta de consenso.

Entre los expositores estuvo el presidente de la Cámara de Crimen, Alberto Seijas, tribunal que emitió anteayer una acordada crítica con la reforma. Este jueves se sumó, en otro pronunciamiento, la Cámara Civil y Comercial.

Seijas aclaró que en ningún momento el tribunal declaró inconstitucional el proyecto, lo que atribuyó a una mala interpretación de los medios, y aclaró que la acordada lo que hizo es "alertar sobre ciertas situaciones y riesgos que pueden afectar el servicio de justicia".

En ese sentido, dijo que la norma disolverá la Justicia criminal y correccional porteña, fuero que, destacó, se ocupa de delitos que "afectan a la ciudadanía en general", como asesinatos, casos de violencia doméstica, hurtos y extorsiones.

Esta postura fue avalada por Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, quien consideró que el proyecto implica una "puesta en comisión" de los jueces de la justicia criminal porteña.

Gallo Tagle también alertó sobre un eventual colapso del sistema judicial, ya que no contempla recursos, y aseguró que la ampliación de juzgados federales se contrapone con el sistema acusatorio. "Se proponen crear más jueces que fiscales; la ecuación debería ser inversa", dijo.

Por su parte, el abogado y profesor de derecho Alberto Garay aseguró que el número de nuevos juzgados federales que se crean en la Capital "es desproporcionado" con relación al resto del país.

"Si tienen demasiado poder y lo ejercen mal, lo que corresponde es proseguirles un juicio político, y no dejarlos y poner más jueces", aseguró en directa alusión a la críticas del oficialismo al funcionamiento de los tribunales de Comodoro Py.

Además, consideró que la propuesta "no es congruente con la reforma del Código Procesal Penal", basada en el sistema acusatorio. "Deberían nombrar más fiscales, no jueces", remató Garay, quien calificó de "anacrónico" al proyecto.

Aunque coincidió con el diagnóstico de Alberto Fernández sobre los problemas y el mal funcionamiento de la justicia Federal radicada en Comodoro Py, el abogado y especialista en asuntos penales Marcos Salt dijo que la iniciativa no colaborará a combatir el problema.

"El texto atrasa, es antiguo. Si esta ley es sancionada, esta organización que propone va a haber nacido vieja y caduca", afirmó Salt, quien cuestionó la falta de un abordaje multidisciplinario en la elaboración de la propuesta.

Tras preguntarse "si doce jueces no nos dan respuesta, por qué poner 40", Salt dijo que "este proyecto pone el carro delante del caballo".

A su turno, el abogado Alfredo Vítolo, integrante del Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores), respondió las palabras de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que el martes defendió la iniciativa asegurando que brindará respuestas a las necesidades de la sociedad.

"El proyecto propone lo contrario de atender los delitos complejos; no hay coherencias entre la propuesta y la finalidad declamada", afirmó Vítolo.

En defensa del proyecto

La única voz claramente a favor de la reforma fue la del abogado y docente universitario Emanuel Desojo, quien consideró necesario terminar con el "deterioro institucional del Poder Judicial".

En ese sentido, el integrante de Abogados por la Justicia Social (AJUS), acusó al gobierno de Mauricio Macri de haber propiciado "una justicia a la carta" a través de "una mesa judicial que ejecutó un plan sistemático estructural del Poder Judicial".

La lista de expositores la completó Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, quien reclamó cumplir con el mandaron constitucional de establecer los juicios por jurados. El debate de la reforma continuará el próximo martes, a las 14, con una nueva tanda de especialistas.

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