La reelección de Rosatti consolida la distancia de la Corte del poder político y un modelo colegiado de gestión

La Corte Suprema de Justicia consolidó con la reelección de Horacio Rosatti un modelo de gestión colegiada en contraposición con la modalidad personalista de su colega Ricardo Lorenzetti, que manejó los destinos del máximo tribunal durante más de 10 años, y con quien se encuentra claramente enfrentado.

Pero, además, reforzó al carácter de un poder judicial independiente del poder político de turno. Lo demostró durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández (que incluso llegó a impulsar un juicio político contra sus integrantes), y el inicio de la gestión de Javier Milei, con quien eligió no confrontar públicamente.

Hubo decisiones de fuerte impacto, especialmente en materia de corrupción y de litigios entre la Nación y las provincias, pero también actuó como tiempista cuando entendió que le correspondía a la política resolver los temas contenciosos. Este es el caso del famoso DNU 70 de comienzos de la gestión de Milei; el Presidente aspiraba a conseguir una rápida resolución pero que la Corte todavía tiene en análisis el capítulo que reforma la legislación laboral.

El tribunal dictó fallos de alto impacto, por ejemplo contra la reelección indefinida de los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur, y de San Juan, Sergio Uñac, lo que forzó en ambos casos una transición de liderazgos (en San Juan incluso con cambio de signo político).

También fue muy significativo el pronunciamiento que restableció en parte los fondos coparticipables que la gestión de Fernández le había quitado a la ciudad de Buenos Aires, una discusión que recién la semana pasada terminó de saldarse definitivamente con el establecimiento acordado de un mecanismo de resarcimiento a las arcas porteñas.

Fueron particularmente significativos los fallos que rechazaron recursos de exfuncionarios del kirchnerismo sometidos a proceso por corrupción como Cristina Kirchner, Julio De Vido o Ricardo Jaime, en los que demostró una posición contraria a los recursos jurídicos destinados a demorar o entorpecer el proceso judicial.

También dejó firmes las condenas por la Tragedia de Once, y por las muertes del 19 y 20 de diciembre de 2001, durante la sangrienta caída del gobierno de Fernando de la Rúa.

Por otro lado, la propia Corte Suprema dictó sentencia en la causa por la integración del Consejo de la Magistratura y declaró la inconstitucionalidad de la actual composición del Consejo de la Magistratura, y exhortó al Congreso a que dicte una nueva ley que garantice el equilibrio de los distintos sectores que deben sentarse allí. Con este fallo, dictado tras 15 años de juicio, volvieron a poner al presidente de la Corte como cabeza del Consejo de la Magistratura. Y desde entonces la Corte y el Consejo realizaron reformas en espejo.

Con el cambio en la ley del Consejo y la renovación de sus integrantes, el kirchnerismo perdió ascendencia en el cuerpo y se aprobaron un centenar de ternas de jueces para cubrir las vacantes. Con el nuevo diseño, el estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura tuvo más peso y acordó con la política la aprobación de candidatos para la cobertura de los cargos vacantes.

Hoy son 149 la ternas que están en manos del Poder Ejecutivo, y que debe enviarlas al Senado para aprobarlas y cubrir el 50% de los cargos vacantes. En este período el Consejo avanzó con el juicio político contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, a quien removió de su cargo. En consonancia con el Ministerio de Justicia, la Corte acompañó la implementación del sistema acusatorio en Salta, Jujuy, Rosario y Mendoza.

Y entonces quedaron tres

La prórroga del mandato de Rosatti dispuesta este martes se da en un momento crítico para la Corte que está incompleta en su formación. Por ley debe tener cinco miembros, pero cuenta solo con cuatro y uno de ellos, Juan Carlos Maqueda, dejará el tribunal el 31 de diciembre al cumplir 75 años, porque no tuvo oportunidad de pedir un nuevo acuerdo al Senado por cinco años más.

“Yo no tuve tiempo de entrar en eso porque nueve meses, diez meses antes me notificaron que a los 75 años me tenía que ir. Así que a los 75 años hay que irse”, dijo Maqueda, en un tono inusual, en una entrevista este fin de semana.

El Gobierno envió al Senado los pliegos del juez Ariel Lijo (propuesto por Lorenzetti) y del académico Manuel García-Mansilla, pero están empantanados en el Senado, donde hasta ahora no logra reunir los votos necesarios para aprobarlos. Por eso la Corte Suprema de Justicia ya se prepara para trabajar con tres integrantes.

Como la ley exige que los fallos se dicten con tres votos coincidentes, si no hay acuerdo entre Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti, hay dos opciones: que el caso quede de lado hasta que se integre la Corte con cuatro o cinco magistrados, o llamar a un conjuez (juez suplente) que se designa por sorteo entre las cámaras federales de todo el país. La Corte ya lo viene haciendo en la causas en las que, por ejemplo, se excusa Maqueda.

Este mecanismo permitiría que la Corte siga funcionando en el dictado de sentencias, pero deja de lado la consolidación de criterios jurisprudenciales de largo aliento, interpretaciones que perduren en casos controversiales de raíz constitucional.

En cuanto a lo administrativo, el problema está zanjado. Rosatti se encargó de ello cuando se aprobó la acordada 12, del 9 de abril de este año. Lleva la firma de todos los jueces menos Lorenzetti. Allí se dice que la Corte toma decisiones colegiadas en asuntos de superintendencia. Es decir de gestión, reformas administrativas, contrataciones. Pero que es necesario en ocasiones adoptar medidas rápidas.

Y en esa acordada de este año -que se anticipó a los cambios por venir- se establece un nuevo sistema de mayorías para las decisiones de superintendencia: con cinco jueces titulares bastan tres firmas; con cuatro, son necesarias tres firmas; y con tres integrantes, bastan dos firmas. Así las cosas Rosatti se aseguraba que sin Maqueda y con la firma de Rosenkrantz el tribunal podría seguir decidiendo, sin el acuerdo de Lorenzetti.

Es decir que con la continuidad de los desacuerdos entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, las decisiones de gestión de la Corte quedarían en manos de los dos últimos. Por eso, con la llegada de nuevos magistrados podría cambiar esa mayoría necesaria.

En tanto se prolonga la presidencia de Rosatti, y con ello se le da continuidad a un período que se inauguró en 2018 con la sorpresiva perdida de Lorenzetti de la presidencia y la llegada de Rosenkrantz. En ese año se dictó la acordada 44 por la cual la Corte Suprema retomó el ejercicio colegiado del poder que estaba delegado de manera unipersonal en el presidente desde 1961.

Desde entonces se dieron cambios en la gestión del tribunal que provocaron sonoros choques con Lorenzetti. En el último año de este período la Corte enfrentó un juicio político motorizado por el kirchnerismo.

Por ejemplo en la Corte se cambió al administrador Héctor Daniel Marchi, que llegó al cargo de la mano de Lorenzetti, y separó la Secretaria Jurídica de la de Administración. Lorenzetti firmó una sonora disidencia en respaldo de Marchi que se transformó en testigo en el juicio político contra los jueces de la Corte que promovió el gobierno de Fernández.

También se modificó la Dirección de Sumarios y la Dirección de Contencioso, para que la Corte pueda defenderse de las causas en su contra. Se saco el área de auditoría de la Secretaria General, de modo de evitar que el auditor interno dependa del auditado, y se hizo depender la auditoría del pleno.

Se modificó el régimen de contrataciones y el estatuto de la obra social del Poder Judicial que pasó a depender de un cuerpo colegiado de cinco integrantes con representantes del gremio y de la asociación de magistrados y no de un solo administrador. Hubo cambios en la Dajudeco que, se encarga de las escuchas telefónicas, se le dio autonomía y se la alejó de los espías de la SIDE.

Hubo cambios en el cuerpo médico forense con la contratación de 52 peritos y se sumaron otros 72 para resolver causas del fuero civil, asuntos de familia y de violencia de género. En este período hubo decisiones de la Corte que provocaron cambios profundos, como la llegada de la firma digital, impulsada por la pandemia.

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