La reducción de cargos confirmada hasta ahora representa el 1,2% de los 8678 “ravioles” que hay en el Estado

El recorte de prácticamente el 50% de los ministerios (de 18 a 9) y secretarías (106 a 54) y del 23% de las subsecretarías (de 182 a 140), no achica de por sí el Estado “elefantiásico” que describió Javier Milei. Significa cortar la torta de manera distinta, pero no reducir su tamaño. En realidad, se absorben áreas que deberán determinarse si continuarán existiendo o no, hasta el propio Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que el presidente prometió cerrar. Para eso, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, delegó a los titulares de cada cartera elaborar una propuesta de organigrama para sus áreas que implique la eliminación de subsecretarias, direcciones nacionales y gerencias, entre otros ravioles de menor tamaño. Él será el encargado de darle curso al “afuera” final a estas oficinas públicas.

Según información pública procesada por LA NACION, existían por lo menos 8678 cargos jerárquicos vinculados a la administración central al 9 de diciembre. Con el achique ya anunciado, se pasó a 8573, una reducción del 1,2%. Son 102 personas menos, por ahora, entre ministros, secretarios y subsecretarios. Al tomar el salario promedio entre los cargos de mayor rango jerárquico, el ahorro será cercano a $310.000.000 por mes. El resto de los “ravioles” se distribuyen en lugares de menor jerarquía, entre los que están directores nacionales, directores generales, coordinadores, administradores, titulares, gerentes, subgerentes y responsables. Las personas con algún tipo de “dirección” son 2841, por caso.

Por otra parte, la intención de eliminar cargos políticos parece también una necesidad del gobierno entrante cuando, por otra parte, no encuentra personas con las que ocupar los asientos. Diversos exfuncionarios del Frente de Todos, de la Ciudad de Buenos Aires y municipalidades, entre otras proveniencias, comentaron que fueron ofrecidos con diversas direcciones y coordinaciones en áreas como transporte, seguridad y educación, entre otras. Por este motivo, muchos de los que dirigían estas sedes bajo la administración Fernández continuarán por un tiempo más o podrían quedarse hasta próximo aviso. Manuel Adorni advirtió en conferencia de prensa que los funcionarios que no colaboren con la transmisión de información requerida a sus áreas serán “sancionados”.

Aunque los equipos de Milei no brindaron precisiones sobre el proceso, se estima que el primer paso será fusionar áreas que, a simple vista, comparten la misión (un ejemplo, en el ámbito del ex-Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaría de “inclusión e integración social” y la de “políticas de integración y formación”). Eso concentraría los recursos humanos, físicos y de presupuesto inicial. Por otra parte, permitiría cierta desburocratización de los procesos internos estatales. Sin embargo, el grueso del ahorro para las cuentas públicas se dará con la eliminación de áreas y reorganización o despido del personal contratado.

El desafío estará en la disolución de áreas. Milei ya se había referido al cierre o privatización de determinados órganos que componen la administración pública nacional. Algunos de ellos son el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) o el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). El problema con el que se topará el equipo libertario es que múltiples dependencias han sido creadas por ley, con lo que el Poder Ejecutivo no puede disolverlos por su cuenta, aunque podría vaciarlos de presupuesto (cuando no estén determinados por ley).

Por otra parte, Luis Caputo, el ministro de Economía, anunció ayer que se revisarán los contratos de las personas que hayan ingresado al Estado nacional en el último año. Los datos del Indec, actualizados a octubre, reflejan que la administración pública nacional contaba con 338.392 empleados hace dos meses y, un año atrás, con 339.949 personas en relación de dependencia. Por lo tanto, excepto que el ingreso haya crecido exponencialmente (lo que, según fuentes, no ocurrió “en blanco”), o que las auditorías reflejen inconsistencias con lo publicado por el gobierno saliente, el personal que estará en la mira sería mínimo en proporción al total. Uno de los motivos es que en el último año rigió una prohibición para la incorporación de nuevos contratados, aunque las publicaciones del organismo estadístico han sido objeto de polémica debido a que no son elaboradas por el mismo, sino transmitidas por cada área y únicamente dadas a conocer por Indec.

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