La redistribución de partidas para pagar el fallo de la Corte desatan un cruce de acusaciones entre la Nación y la Ciudad

La inclusión del proyecto para modificar la ley de presupuesto general amenaza con tensar aún más la relación entre los gobiernos de Nación y Ciudad de Buenos Aires. Mientras que la oposición se mantiene firme en su postura de no dar quórum, ni viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno o el Frente de Todos hasta tanto no se termine “el atropello” a la Corte Suprema, el gobierno nacional incluyó para el debate entre e 23 de enero y el 28 de febrero la posibilidad de habilitar partidas presupuestarias que eventualmente permitirían dar respuesta al fallo del máximo tribunal en el conflicto por la coparticipación.

En ese escenario la Ciudad se mantiene firme en su argumento de que Nación “debe pagar como indicó el fallo” tras lo que agregan: “El gobierno nacional “no necesita ningún herramienta, ningún proyecto de ley para cumplir con lo que la Corte”. Al tiempo que se despegan de dar posibles interpretaciones sobre lo que el punto buscaría. Y la Casa Rosada sugiere la opción de debatir el proyecto por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en función del artículo 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672.

Desde la Casa Rosada indicaron a LA NACIÓN que el “punto 21″, abre la puerta para modificar la ley de Presupuesto y apunta a cumplir con el fallo de la Corte que ordenó restituir parte de los fondos de la coparticipación al gobierno porteño. Con la inclusión de este punto, el Gobierno no solo podría intentar insertar una cuña en la oposición, sino también cubrirse las espaldas ante las denuncias por incumplir el fallo de la Corte. Un punto sobre el que podría haber novedades en febrero, cuando reanude la actividad judicial. Es decir, responsabilizar a la oposición de no habilitar el tratamiento para poder dar una solución al tema del fallo de la Corte.

Desde Juntos por el Cambio ya confirmaron esta semana que no tratarán ni aprobarán ningún proyecto del oficialismo hasta que la Casa Rosada no detenga la ofensiva para enjuiciar a los jueces supremos. “Mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno o el Frente de Todos”, anunció la conducción de JxC este martes. Una forma de presionar al Frente de Todos para que se acorte lo máximo posible el proceso de investigación. La maniobra pone en aprietos al ministro de Economía, Sergio Massa, quien había negociado con la oposición el tratamiento de las leyes de fomento a la agroindustria, la exportación de gas natural licuado y un monotributo para el sector tecnológico durante las sesiones extraordinarias. Ahora, con el proyecto 21 la presión sería a la inversa.

Las lecturas por estas horas van desde que desde el oficialismo se “empuje” a la oposición a sentarse a debatir, con este “gancho”, como lo definió un funcionario nacional. O como ven desde sectores más cercanos a la oposición, desde donde creen que el no tratamiento del tema le permitirá decir a Nación: “nosotros quisimos pagar y ustedes no nos lo quisieron votar”. Lo que en definitiva terminaría agudizando el conflicto entre Ciudad y las provincias, bajo el concepto de que para pagarle lo que la Corte indicó a las provincias, estas reciben menos. Lo que de hecho ya sucede.

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