La receta de Massa para "los ñoquis de La Cámpora"

"¡Voy a borrar a los «ñoquis» de La Cámpora que nos quieren dejar de parásitos en el Estado!", arengó Sergio Massa desde el escenario de Vélez Sarsfield, cuando lanzó su candidatura presidencial. La frase desató una de las ovaciones más claras de la noche, pero fue más que un guiño para la tribuna: el Frente Renovador (FR) lleva cuatro meses ideando un plan para revisar entre 21.000 y 24.500 contratos del kirchnerismo y ahorrar al menos $ 3000 millones.

"No se trata de una caza de brujas contra La Cámpora, sino contra los «ñoquis» en el Estado", indicó Massa a LA NACION, para apartarse de las críticas de macartismo que recibió desde el oficialismo.

"Nuestra intención es revisar todos los contratos. A partir de datos públicos e información que recibimos de los organismos de control, estimamos que existen entre 21.000 y 24.500 contratos que deben ser revisados", continuó el diputado.

Si se toma la cifra menor y un cálculo conservador de un sueldo promedio de $ 10.000, multiplicado por los 13 salarios anuales, el plan massista desembocaría en un recorte o ahorro -según la mirada- de casi $ 3000 millones por año.

"Idoneidad" es la palabra clave del mecanismo que quiere aplicar el líder del FR si llega a la presidencia. Y apunta a que la garantía de la estabilidad del empleo público sólo se da cuando se puede acreditar "idoneidad" para el cargo.

Según un paper elaborado por técnicos del Frente Renovador a partir de fallos de la Corte Suprema, al que accedió LA NACION, esa condición sólo se da cuando el trabajador "ingresa al Estado por concursos públicos y abiertos regulares, en los que se garantice la igualdad entre los postulantes y que la elección de quien ingresa sólo se funde en la mayor idoneidad del ganador".

La propuesta del massismo se basa en el fallo Ramos (2010), en el que el máximo tribunal resolvió que se indemnice a un contratado con 21 años de permanencia en la Armada, pero no le reconoció el derecho a ser reincorporado, porque no fue tomado por el Estado "con los requisitos y medios de selección previstos".

Para el massismo, la enorme mayoría de las designaciones realizadas por el Gobierno han sido sin concurso, a dedo, y a plazo (normalmente seis meses). Es decir, no se respetó "el modo que la Constitución y las leyes exigen para que el trabajador adquiera la estabilidad".

"La Corte se ocupa de precisar que lo que se protege son los derechos del trabajador y la carrera administrativa, pero también al propio Estado, y al normal y eficiente funcionamiento de sus instituciones", insiste uno de los argumentos clave del estudio del FR. "La garantía de la estabilidad encuentra su sentido, también, cuando el bien de la sociedad se verifica. No podría convalidarse una situación en la cual se pretenda invocar la estabilidad de un empleo al que se accedió en fraude a la ley o su finalidad, porque el uso abusivo de un derecho nunca puede encontrar tutela judicial", concluye el documento.

Ahora, ¿cómo se llevaría a la práctica el "barrido" que estudia el massismo? Por dos vías. La primera, no renovar las designaciones en planta transitoria o por contratos a plazo. "Estos nombramientos son precarios y basta, para interrumpirlos, la no renovación a su vencimiento", señalan. El mismo veredicto aplican a las designaciones en la planta permanente, pero realizadas por excepción, a plazo. "Pueden ser dejadas sin efecto al finalizar el plazo, toda vez que no hubo ingreso por concurso ni designación definitiva."

Una segunda vía se analiza para las designaciones realizadas por concurso en los últimos años, "en el marco de la intención de copar el Estado por parte del gobierno saliente". En ese caso, el massismo se debate entre enviar una ley al Congreso que someta a todos esos concursos a revisión o revisarlos directamente, para evitar depender de una ley de difícil aprobación.

"Lo hicimos en Tigre, cuando nos dejaron «clavados" once directores con concursos de último momento. Volteamos los concursos y les ganamos en los tribunales", sostuvo Massa, para aclarar: "Esto no es una ley de prescindibilidad, sino una revisión de contratos de «ñoquis» y tipos sin ninguna idoneidad".

En el massismo indicaron que la propuesta fue analizada con el gremio de APOC (organismos de control) y los estatales de ATE. "Sólo lo conversamos y estuvimos de acuerdo, pero para los tipos que ganan 20 lucas y entraron por la ventana", aclaró Pablo Micheli (ATE).ß

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