La puja por la quita adicional de fondos a la Ciudad anticipa un tenso debate en el Senado
La puja por la quita de fondos a Horacio Rodríguez Larretapor parte del gobierno del Alberto Fernández se instalará mañana en el Congreso, con la discusión en el Senado del proyecto de ley que limitará los recursos que la Nación le remite a la Ciudad por la transferencia de competencias de la Policía Federal.
Si bien el Gobierno tiene asegurada su aprobación, dada la cómoda mayoría que tiene el oficialismo en el Senado, la iniciativa convertirá al recinto de la Cámara alta en escenario de un nuevo y tenso cruce dialéctico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La sesión está convocada para las 14.
El principal bloque opositor rechaza de plano el proyecto, al que considera inconstitucional por tratarse de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo y parte de la embestida política de la Casa Rosada para esmerilar al jefe de gobierno porteño, asfixiando económicamente su gestión.
Esta medida se suma a la poda de un punto de la coparticipación federal de impuestos que la administración kirchnerista de Fernández aplicó por decreto para auxiliar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en medio de la crisis policial que atravesó a inicios del mes pasado.
"Tiene intencionalidad política", acusó Martín Lousteau (UCR-Capital), quien junto a las macristas Guadalupe Tagliaferri (Capital) y Gladys González (Buenos Aires) fueron los más activos detractores del proyecto cuando se debatió en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
El oficialismo, en tanto, sostiene que la iniciativa del Poder Ejecutivo no hace más que darle ratificación parlamentaria al convenio de traspaso a la Ciudad de parte de las competencias y funciones de la Policía Federal que Mauricio Macri, como jefe del Estado, firmó con Rodríguez Larreta.
Los ejes del conflicto
En concreto, el proyecto implica un recorte a esos fondos que la Nación le gira a la Capital. En la actualidad, esa suma equivale a casi un punto de la coparticipación federal de impuestos, que aumenta de la mando de la recaudación y la inflación. El Poder Ejecutivo pretende convertir esos recursos en una suma fija que todos los años se incluirá en el presupuesto nacional.
Si bien el proyecto contempla la actualización trimestral del monto en base a una fórmula compuesta por el sueldo promedio de un oficial de la Federal (80%) y el índice de precios al consumidor (20%), hay una gran diferencia con el goteo automático que implica recibir recursos que, además, varían según la recaudación de impuestos, como los de la coparticipación.
"No nos gustaría que nos pase lo que le pasó a Buenos Aires, que le congelaron el Fondo del Conurbano y quedó supeditado a la voluntad de un funcionario", advirtió Tagliaferri durante el debate en comisión de la iniciativa.
Otro eje de conflicto del proyecto es, además, el punto de partida fijado por el Gobierno. El proyecto estableció en $24.500 millones el monto correspondiente a este año. La cifra surge de actualizar los $8300 millones que la Nación le transfirió a la Ciudad en 2016, año de la firma del convenio, por los mismos conceptos que se discuten ahora, según explicó ante los senadores Silvina Batakis, secretaría e Provincias del Ministerio del Interior.
La cifra es considerada insuficiente por el gobierno de la ciudad. "El año 2016 no refleja ni por cerca lo que significó el traspaso de funciones y competencia de la Policía Federal", se quejó Martín Mura, ministro de Hacienda porteño, cuando expuso en el Senado. Para el funcionario, la base del cálculo debió haber sido los $13.000 millones transferidos el año anterior.
"La realidad es que en 2015 el convenio no estaba y la transferencia (de la Policía Federal) no se había hecho", replicó el oficialista Carlos Caserio (Córdoba) en defensa del proyecto.
Tras calificar como una "decisión inteligente" el cálculo adoptado por la Nación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda denunció por excesiva la transferencia que la administración anterior le había reconocida a la Ciudad.
"Lo concreto es que el presidente Mauricio Macri quiso beneficiar a un dirigente de su partido político y de su distrito", denunció Caserio.