La publicidad oficial bajó en términos reales en 2017, a pesar de la elección
Los recursos destinados a la pauta se redujeron un 7% si se compara con el aumento de la inflación; todavía no hay una ley que lo regule
LA NACIONLaura Serra
Pese a haber sido un año electoral, en 2017 el Gobierno redujo el gasto en publicidad oficial en términos reales respecto de 2016. Aun así, nuestro país destina a este rubro un presupuesto muy superior al de otros países, señaló en su último informe anual la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia).
En efecto, según este relevamiento, el año pasado el Poder Ejecutivo erogó 3133 millones de pesos en difundir sus actos de gestión, un 7% más en términos nominales que en 2016 si se miden con respecto a la inflación del año pasado.
Esta cifra incluye los recursos que manejaron la Jefatura de Gabinete ($2163 millones) y la Anses ($256 millones), como también organismos descentralizados como el PAMI ($76 millones), el Banco Nación ($222 millones) y la AFIP ($117 millones). Asimismo, están contemplados los casi $300 millones que el Gobierno destinó a espacios de publicidad por medio del canje que acordó con aquellas empresas mediáticas que tienen deudas fiscales y previsionales con el Estado.
"El monto de los recursos destinados (presupuesto ejecutado) a publicidad oficial para 2017, considerado a valores reales, presenta una reducción respecto de 2016. Si bien a valores nominales se mantiene en un nivel levemente superior, se advierte un avance en cuanto a dar por concluido el esquema de persistente crecimiento del gasto en publicidad oficial que se venía aplicando hasta 2015, cuando los incrementos interanuales resultaban considerables aun tomando las asignaciones presupuestarias a valores reales", indica la Fundación LED. Después de años de opacidad y de arbitrariedades en el reparto de la pauta oficial durante el kirchnerismo, la gestión de Mauricio Macri instrumentó un esquema más transparente de acceso a los datos de asignación de recursos. En paralelo, se propuso reducir paulatinamente el presupuesto de publicidad oficial. Aun así, los montos son elevados en comparación con otros países. Por caso, Perú destinó 26,1 millones de dólares a la publicidad oficial hasta octubre de 2017, mientras que Canadá, usó casi 18 millones de dólares, y España, otros 29 millones en 2016. En la Argentina se gastaron 107,2 millones de dólares hace dos años.
La Argentina todavía adeuda la sanción de una ley de publicidad oficial que establezca criterios claros y objetivos para la asignación de la pauta. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado, pero está frenada en la Cámara de Diputados. El Gobierno procuró suplir este vacío legal con una resolución, dictada en 2016, que establece la aplicación de cuatro criterios: el alcance del medio, la pertinencia del mensaje, la zona geográfica y el fomento del federalismo y la pluralidad de voces.
La Fundación Led elaboró su informe a partir de los datos publicados por la Jefatura de Gabinete, como también a partir de pedidos de acceso a la información pública. Así, no solo pudo cuantificar las asignaciones presupuestarias que los distintos organismos públicos destinan a la publicidad oficial, sino también cómo se distribuyen.
Por caso, la Jefatura de Gabinete destina buena parte de la pauta oficial a la televisión, tanto abierta como digital; allí se volcaron casi $1102 millones del año pasado. Le siguen los medios gráficos ($318 millones); la radio ($306 millones); la vía pública ($283 millones), y el cine ($21 millones). Un dato llamativo es el notorio incremento de la publicidad oficial por Internet. Tal como publicó LA NACION, entre 2015 y 2017 la pauta estatal en redes y portales registró un aumento nominal de más del 160%. Si bien todavía es una porción minoritaria, la pauta en Internet pasó de representar el 3,8% en 2015 al 7,8% de la inversión total en 2017.
Por otra parte, la Fundación LED recopiló los casos de limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión. En este sentido, constató que hubo en total 143 casos en 2017, la mayoría de los cuales (55) se trató de "amenazas o intimidaciones a periodistas". La cantidad de casos registrados confirma la abrupta caída respecto de los casos recopilados en 2015 y 2016", sostiene el informe.
Por Laura Serra
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