La Procuración pidió al fiscal Picardi que informe por el “ciberpatrullaje” a Macri y Negri reclamó sanciones

La Procuración General de la Nación dio intervención al fiscal federal Franco Picardi para que informe lo que considere necesario acerca del peritaje que le pidió a la Corte sobre las expresiones de Mauricio Maci, Elisa Carrió y otros dirigentes y exfuncionarios de Cambiemos sobre los jueces, en una causa en la que investiga la presunta conformación de una “mesa Judicial” del macrismo por supuestas amenazas a magistrados para dictar resoluciones según su conveniencia.

En tanto, el diputado nacional del radicalismo Mario Negri también objeto de ciberpatrullaje, reclamó a la Corte ante lo que considera una actividad de inteligencia criminal realizada por una oficina que depende de ella, le recordó que está fuera de sus atribuciones y que existe un convenio entre la Cámara de Diputados y la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos (Dajudeco), donde los legisladores se comprometieron a controlarla. Negri pidió una investigación interna a la Carte y que se sancione a los responsables.

La decisión de Eduardo Casal de pedir informes al fiscal Picardi tuvo lugar de una presentación efectuada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que hoy fue notificado de la respuesta del procurador interino.

El Colegio de Abogados de la Ciudad envió a la Procuración un comunicado de la entidad en el que señala que el peritaje ordenado por Picardi “demuestra que el Fiscal no reúne las condiciones necesarias para desempeñarse en el cargo que actualmente ocupa”. Y además reclamó a la intervención de la la Procuración y la Corte y “la inmediata suspensión de esta bochornosa pesquisa persecutoria de la opinión ajena”.

El escrito del Colegio de Abogados de la Ciudad, firmado por su presidente Alberto Garay, pone a consideración de Casal el comunicado, “con el especial propósito de presentarle a su consideración, a los efectos que el señor Procurador General entienda corresponder”.

El peritaje ordenado por Picardi fue realizado por la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos (Dajudeco), dependiente de la Corte Suprema de Justicia y en opinión del Colegio de la Ciudad y del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica “atenta de modo manifiesto contra la libertad de expresión, contra el derecho de peticionar a las autoridades y contra la inmunidad de los legisladores cuyas opiniones allí se solicita escrutar”.

Tras esta nota el Procurador respondió -según lo notificado a los abogados- que no correspondía darle instrucciones particulares al fiscal Picardi en una causa en particular, lo que está expresamente prohibido porque afecta la independencia del Ministerio Público.

Pero al mismo tiempo anotició a Picardi de la presentación y lo invitó a que “tome conocimiento e informe lo que considere pertinente”.

Mas allá de este trámite, es dudoso que por este peritaje ordenado por el fiscal avance en la Procuración la realización de un sumario, pues se trata de una facultad del funcionario en el marco del expediente que está investigando con la intervención de un juez, en este caso de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Por otra parte, el diputado Mario Negri, también objeto de “ciberpatrullaje” denunció en una nota enviada al presidente de la Corte Horacio Rosatti que se está frente a una “estrategia de persecución y hostigamiento” en su contra, “utilizando patológicamente facultades legales y reglamentarias de una Dirección que se encuentra en el organigrama funcional de la Corte”. Dijo que este organismo realizó “inteligencia criminal prohibida legalmente y con fines que no se corresponden con los objetivos de creación de esta Dirección que debe prestar asistencia frente al crimen organizado y delitos complejos y no a actuar como “censor” de las expresiones de los legisladores nacionales”.

Negri consideró que el peritaje realizado “es de una notable gravedad institucional y urge que la Corte Suprema de Justicia de la Nación requiera a esta dependencia la información necesaria para determinar los fundamentos y el contenido de su actuación y determinar que se ha soslayado y sobrepasado en sus funciones, competencias e incumbencias, establecidas en la reglamentación que la propia Corte ha reglado; debiendo adoptarse las medidas jurídicas, procesales y administrativas que correspondan, de manera tal que se deslinden las responsabilidades de los directores y funcionarios intervinientes y respecto de lo actuado se establezca su improcedencia, ilegalidad e inconstitucionalidad manifiesta, dictando las resoluciones que correspondan”. En otras palabras pidió una investigación y sanciones,

El peritaje ya motivó que la Corte Suprema de Justicia le pidiera explicaciones a la Dajudeco. El organismo en un escrito, defendió la tarea realizada, dijo que no tenía facultades para oponerse al pedido del fiscal sobre las opiniones vertidas en redes sociales y medios de comunicación sobre la jueza de la Casación Ana María Figueroa y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.

La Dajudeco le dijo a la Corte que de no hacer lugar al pedido del fiscal podrían hasta faltar a sus deberes. La decisión la tienen ahora los jueces de la Corte que se deben una discusión sobre el funcionamiento de esta oficina que además de hacer este tipo de relevamientos se dedica a realizar las escuchas telefónicas por órden de un juez.

La causa sobre la “mesa judicial”, que tiene a Mauricio Macri y a exfuncionarios de su gobierno acusados de presionar a jueces para lograr fallos en su favor. No hay precisión aun sobre que delitos se investigan que podrían ser amenazas o coacción, pero cuando declaró la jueza Figueroa en la causa para denunciar supuestas presiones, expresamente dijo que no fue amenazada.

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