La primera cartonera en llegar al Congreso buscará marcar agenda en el recinto

A Natalia Zaracho le llevó mucho tiempo pensarse a sí misma como una trabajadora. Pasaron dos décadas de aquel 2001 que la empujaron a dejar la escuela para salir a recorrer las calles de Buenos Aires en búsqueda de algo para comer. Hoy, a sus 32 años, será la primera cartonera en ocupar una banca en el Congreso: pese a no haber sido candidata en las últimas elecciones, Zaracho asumirá como diputada nacional a partir de un corrimiento que se producirá este mes en el bloque oficialista.

Sucede que en 2019 ocupó el 26° casillero de la lista bonaerense del Frente de Todos en nombre de su espacio político, el Frente Patria Grande. En abril de este año ingresó a la Cámara de Diputados Lisandro Bormioli, el 25° de esa lista, quien reemplazó al camporista Andrés “Cuervo” Larroque, que asumió como ministro de Axel Kicillof. Zaracho debería reemplazar a Daniela Vilar, otra diputada de La Cámpora que fue convocada al gabinete bonaerense.

Patria Grande es la fuerza que lidera el dirigente social Juan Grabois y cuyos representantes en la Cámara baja son los diputados Itai Hagman y Federico Fagioli. Ambos forman parte de la bancada que preside Máximo Kirchner, a la que se sumará a partir de ahora la referente barrial.

Promotora ambiental y de salud, Zaracho nació y vive en Villa Fiorito, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Durante gran parte de su vida trabajó limpiando casas, hasta que a los 24 años se organizó y comenzó a militar en un comedor comunitario. Su madre fue una de las impulsoras de la primera cooperativa cartonera que organizó el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), denominada “El Amanecer de los Cartoneros” y que hoy, con 4000 afiliados, es la más grande del país. “A mí me daba mucha vergüenza cuando empecé a cartonear. Tener que encontrar en el descarte de otro, en la basura de otro, algo para meter adentro de la olla”, comenta en diálogo con LA NACION.

Aunque reconoce que no basta con una banca para lograr cambios profundos, Zaracho lee su aterrizaje en el recinto de la Cámara de Diputados como un momento trascendental en la historia del sector que representa: “Es una conquista que hoy, 20 años después del 2001, se dé que alguien de un barrio pueda estar en el Congreso y ser parte de las discusiones, ocupando un lugar de decisión y colaborando para que dejen de hacerlo por nosotros”.

“Hoy tenemos una representación política que en ese momento no teníamos, y tenemos la experiencia de la organización popular”, agrega la dirigente social, al tiempo que alerta acerca de que “las consecuencias de lo que se decide en el Congreso las terminamos sufriendo los sectores populares”. “Al nosotros no tener representación, las discusiones las terminaron ganando siempre las minorías que defienden intereses muy claros”, denuncia.

-¿En qué momento se despertó tu interés por la política?

-Empecé a militar territorialmente en 2015, en un comedor comunitario. Un grupo de pibes de la universidad iban a dar apoyo escolar y se armó un espacio de discusión política. Desde ese momento me empecé a involucrar y a sentirme identificada. A mí me costó mucho reconocerme como militante. Siempre pensaba que el militante venía de afuera. También me costó mucho reconocerme como trabajadora de la economía popular. Hoy digo orgullosamente que soy cartonera, porque es lo que me hizo salir adelante, lo que me hizo entender que la organización colectiva es posible y que tengo que defenderla.

A lo largo de la conversación con LA NACION, Zaracho recalca la importancia de impulsar la agenda de los movimientos sociales plasmada en la consigna Tierra, Techo y Trabajo. Sin ir más lejos, la semana pasada, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) protagonizó una marcha del Obelisco a las puertas del Congreso en reclamo de la sanción de una batería de leyes en ese sentido, entre las que sobresalía una: la ley de envases.

Según indica la letra del proyecto, que ya cuenta con dictamen de mayoría en Diputados, la medida propone gravar con una tasa de hasta el 3% todos los productos envasados. El objetivo es destinar su recaudación a la gestión integral y reciclaje de los envases para amortiguar su impacto ambiental. Sin embargo, desde la oposición y distintos sectores empresariales denuncian que la ley representa un “impuestazo” que, de sancionarse, repercutiría en el precio final que pagan los consumidores. Un sector del oficialismo tampoco la respalda.

Natalia Zaracho, cartonera

-¿En qué consiste la ley de envases?

-Tiene que ver con pensar un sistema de reciclado con inclusión social. Que las empresas que meten los productos en el mercado se hagan cargo de lo que pasa con ese mismo producto una vez que es consumido. Te pongo un ejemplo: después de que a la botella de gaseosa la ponen en la góndola, ¿qué pasa? Va a los mares, a los riachuelos, a los basurales a cielo abierto. Queremos que las diputadas y diputados discutan y voten esta ley y que no se dejen llevar por los intereses de los monopolios, que son los que mienten diciendo que los consumidores van a pagar más. No entienden que ya pagamos como ciudadanos nuestros impuestos para que esa basura se entierre. Y los pagamos también con la crisis medioambiental que tenemos.

Para Zaracho no hay dudas: los cartoneros brindan un servicio. Y sostiene que, como sociedad, se les debe reconocer su trabajo como fundamental en el cuidado del medioambiente. “Por eso nos paramos y defendemos esta ley, que permitiría que todos los distritos cuenten con un fondo para promover tanto la conciencia ambiental como la inclusión social. Los municipios destinan mucha plata para que la basura vaya a entierro. Con la ley de envases, ese presupuesto podría usarse para promover un ambiente más sano y trabajo digno, porque se lo utilizaría en la compra de maquinaria, de predios, para que nuestros compañeros tengan obra social y los derechos de cualquier otro trabajador”, precisa la cartonera.

-¿Cuál es tu posición respecto al planteo de “convertir” planes sociales en empleo?

-Nosotros hace rato que convertimos planes sociales en trabajo, organizándonos e inventándolo, cuando el mercado formal laboral nos dejó afuera. Y esto no pasa solamente acá, pasa en el mundo. Ahora, para sumar a esa organización, queremos que el Estado acompañe ese proceso con reconocimiento. La UTEP es el único sindicato al que se le pregunta cuántas horas trabaja y cuánto cobra. Y eso nos da mucha bronca, sea que lo haga el oficialismo o la oposición. Acá la discusión es otra y pasa por que estamos viviendo en un contexto muy difícil, con mucha gente que todavía no tiene un ingreso regular y donde la torta está mal repartida. Cristina fue muy clara cuando dijo “cuando se recupere la economía, no se la pueden llevar cuatro vivos”. Hay que redistribuir, y una forma de hacerlo es con el salario básico universal.

-¿Cómo se para frente al acuerdo con el FMI que se debatirá en el Congreso?

-Cuando nosotros decimos que la deuda es primero con el pueblo, no es solo una frase. Con más de 40% de pobres, no podemos pagarle al Fondo y que haya compañeros que no tengan todavía un ingreso fijo. Por eso insistimos en la necesidad de un salario básico universal, que tiene que ver justamente con garantizarles eso para que 9 millones de personas aunque sea puedan superar la línea de indigencia. De los 18 años para abajo, están contemplados en la AUH; de los 65 para arriba, tiene una jubilación. Bueno, hay un porcentaje grande de la población que está en el medio, que trabaja de algo y que es, en su mayoría, economía popular no organizada. Necesitamos discutir eso.

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