Opinión. La postulación de Ariel Lijo para la Corte: análisis de un capricho presidencial

La candidatura de Ariel Lijo ha sido impugnada por miles de personas representadas en decenas de organizaciones no gubernamentales que representan a un enorme abanico de la sociedad civil. Insistir con ella sería un grave error de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

No desconozco que es parte de la práctica en el proceso de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema que se desarrollen negociaciones entre las distintas facciones políticas que deben dar su voto para aprobar las nominaciones presidenciales. Y es sabido que el actual Poder Ejecutivo no posee siquiera una expectativa de contar con mayoría propia para la necesaria votación que le permitiría imponer a jueces de la Corte de su preferencia ideológica, ética y moral. El inconveniente es que el Presidente, en el marco de esta negociación política, ha permitido la postulación de uno de los peores para el cargo donde deben estar los mejores.

Todo parece apuntar que el presidente Javier Milei, inspirado en una estrategia ajena resultante de un interés impropio, decidió postular dos ministros en la Corte Suprema de Justicia en la creencia de que los actuales ministros serían arbitrariamente adversos a sus políticas públicas. Por ello, la conveniencia política era sumar dos candidatos que pudieran juntos pasar el filtro de la primera minoría conformada por los senadores que responden a Cristina Fernández de Kirchner. Si la conclusión obligada es que el Presidente eligió un candidato y el justicialismo al otro, ambos conforme sus intereses, es necesario que se desista de esta estrategia. A la vez que resulta necesario replantear las designaciones encontrando a las mejores juristas entre el abanico de abogadas del país. De esta forma, se asegura poner en evidencia el funcionamiento del justicialismo, que como facción política se encuentra ya desacreditada por otros escándalos políticos dignos de un cabaret.

La decisión del Poder Ejecutivo ha sido producto de un equivocado análisis de la coyuntura judicial que derivó en un grave error de apreciación política. En la instancia del debate en el Senado de la Nación estamos a tiempo de retomar el rumbo rechazando la candidatura de Ariel Lijo. Luego, el Presidente tendrá oportunidad de remediar el error eligiendo entre las muchas jueces penalistas muy idóneas para ser ministras de la Corte Suprema que honrarían la decisión presidencial de dejar de lado a Lijo. Y que sin duda alguna, mantendrían el ideario de la libertad, la propiedad y la vida que defiende el presidente Milei.

Un dato no menor que deberían tener en cuenta los senadores es que el caso de Ariel Lijo es sintomático respecto a lo que buscamos como miembros de tribunal que es cabeza del Poder Judicial. ¿Alcanza con que un ministro de la Corte Suprema sea un juez con trayectoria? Al analizarse su desempeño como juez de instrucción, el resultado es que ha sido llamativamente mediocre. Incluso, al advertirse que como magistrado jamás en 21 años concursó para ascender en la carrera judicial, mostrando una llamativa comodidad en el medio donde se desempeña. La cual no sería pasible de objeción si no fuera porque ahora sí aspira a un ascenso por el que ni siquiera debe tramitar un concurso para obtenerlo. No ha mostrado tampoco inquietudes académicas que le permitan luego de dos décadas de magistratura, postularse como referente en la materia penal donde pretende erigirse como líder del fuero criminal entre los ministros de la Corte Suprema. Sus vaivenes conductuales lo han llevado a tener gran cantidad de denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Lo que implica, al menos, que los ciudadanos han advertido que su desempeño es controvertido. Entonces, el termómetro de la opinión de la “gente de bien” sostiene que no reúne las condiciones para ser parte de la Corte Suprema de la Nación. Todo lo cual comparto en plenamente.

La inexistencia de sanciones no es concluyente para darle la habilitación como ministro de la Corte. Lo determinante es que por múltiples hechos atribuidos a él ha sido reiteradamente denunciado. Ese estado de sospecha lo inhabilita también para ser cabeza del Poder Judicial. Para ser ministro de la Corte Suprema se necesita ser uno de los mejores del ranking. En términos deportivos debe ser una persona elegible para “la selección” de la magistratura. No alcanza con ser uno más. Y mucho menos es viable si se es un personaje controvertido. Las carencias evidenciadas en Ariel Lijo, desdichadamente, hacen presumir que la postulación se funda principalmente en razones no explicitadas a la sociedad civil, y que solamente pueden provocar mayor desconfianza en la Justicia. A esta altura, al no existir explicaciones razonables, todo aparenta haberse convertido en un capricho del Presidente.

Sería encomiable que el Poder Legislativo enmiende el error el error del Poder Ejecutivo y evite darle a la República un pésimo ministro para la Corte Suprema. Los argentinos merecemos que se cuiden todas las instituciones. Para tener una economía sana es necesario contar con instituciones cimentadas en roca. Ello ya no sería posible de ser nombrado Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema de la Nación.

El autor es abogado y tesorero del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores)

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