La postulación de Ariel Lijo cosecha cada vez más impugnaciones en la Comisión de Acuerdos del Senado

Los cuestionamientos a la candidatura de Ariel Lijo se apilan en la Comisión de Acuerdos del Senado. Es que los candidatos del Poder Ejecutivo para ocupar una lugar en la Corte Suprema –el juez federal Lijo y el académico Manuel García-Mansilla–, son sometidos al escrutinio público desde el pasado martes, cuando, por el espacio de una semana, y dentro de la mencionada comisión, se abrió una ventana para recibir pronunciamientos a favor y en contra de ambos candidatos. El plazo vence el lunes que viene.

Y si bien tanto Lijo como García-Mansilla recogen resistencias –especialmente por la ausencia de una mujer en la terna– los cuestionamientos más duros recaen sobre la figura del hombre de Comodoro Py: su “magra” formación académica, las dudas sobre su integridad moral para ocupar un cargo tan relevante, y el comportamiento que mantuvo en algunas causas sensibles, son algunos de los puntos que se repiten en las impugnaciones que alzaron legisladores y entidades vinculadas al derecho, a las que tuvo acceso LA NACION.

El Colegio de Abogados de la Ciudad, por ejemplo, en su impugnación sobre Lijo hace foco en las aptitudes que debe reunir cualquier candidato para ser un aspirante a ocupar un cargo tan relevante. “Quien pretenda ocupar un sitial en la Corte Suprema debe demostrar que posee una preparación excepcional”, advierte la organización, antes de atribuirle a Lijo una muy baja estatura jurídica para el ocupar el cargo.

Su producción académica, señala el colegio de abogados porteño, es “magra”, superficial, carece de “impacto jurídico” por estar confinada al terreno de lo “especulativo”, contiene una redacción “poco clara” y no está exenta de “desaciertos”. Se trata, en suma, de una “producción vieja, muy escasa y de pobre relieve científico”.

“Es evidente que una persona con esta orfandad curricular y con una reputación tan severamente cuestionada difícilmente transmita a la sociedad la seguridad jurídica y la transparencia que un cargo de tamaña envergadura exige”, se lee en la impugnación que lleva la firma de Alberto Garay, director de la organización que, en cambio, arropó con elogios a García-Mansilla, en respaldo de su candidatura: “Posee sobresalientes méritos para poder integrar el más alto tribunal”, se subraya en el texto.

Sobre Lijo, cuya candidatura busca cubrir la vacante de Elena Highton de Nolasco, la carta señala: “El candidato a ese sitial no es mujer, ni se han expuesto razones de peso que pudieran eludir la posibilidad que aconseja el decreto”, se lee en el texto, en alusión al Decreto 222/2003, que promueve, entre otras pautas, que la conformación de la Corte refleje diversidad de género.

En una línea similar corre la impugnación de los diputados de la Coalición Cívica, que también lleva la firma de la líder del espacio, Elisa Carrio. Además de señalar su “magra” formación y su recorrido “opaco” y “poco notable”, el escrito cuestiona el fundamento con el que el Ejecutivo motoriza la candidatura de Lijo (los años de antigüedad como juez federal de Lijo). “No se “asciende” a la Corte Suprema por “antigüedad”, confrontan, y agregan: “La permanencia en un cargo en el Poder Judicial no es un elemento determinante”.

El escrito recuerda la acción que la propia Carrió impulsó contra Lijo y su hermano Alfredo en tribunales por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho, y tráfico de influencias en 2018. En su denuncia, Carrió describe al juez como una pieza clave de un engranaje diseñado para ofrecer impunidad a funcionarios manchados de corrupción. Por ello, en la impugnación que presentaron este viernes, los miembros de la CC ponen la lupa sobre comportamiento que Lijo mantuvo en determinadas causas, como el caso Siemens, –la empresa alemanda fue acusada por el pago de sobornos a funcionarios del menemismo, algunos de los cuales eran allegados al juez Lijo–; o el caso YPF –donde se investiga la connivencia entre la familia Kirchner y la familia Ezquenazi para tomar el control de la empresa–. La principal experticia del juez Lijo –sino la única, señalan en su carta de rechazo Carrió y sus alfiles– es saber cómo activar, silenciar o dormir una causa sensible.

Cuestionan, además, el vínculo de Lijo con el cortesano Ricardo Lorenzetti, quien habría impulsado su candidatura dentro de oficialismo. Una de las más de 70 preguntas que los integrantes de la CC le formulan al juez en su escrito es, en efecto, si conoce personalmente a Lorenzetti.

Es que, cerrado este espacio para la recepción de impugnaciones y adhesiones, los candidatos tendrán un plazo de cuatro días para contestar y defenderse de aquellas impugnaciones que la Comisión de Acuerdos del Senado –presidida por Guadalupe Tagliaferri (Pro)- haya considerado válidas. Tras ello, los candidatos deberán defender sus postulaciones en las audiencias públicas del mes de agosto.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) también sumó su rechazo a la candidatura de Lijo, aunque eligió no cargar las tintas sobre el juez. La FACA fija la atención en la densidad jurídica que reclama la máxima magistratura, para afirmar: “Sin entrar en mayores detalles, se advierte que su posible nombramiento, genera resistencia y falta de confianza en la sociedad por la forma en que se ha comportado”.

Sí señalaron que el expertise de Lijo es ajeno a la principal materia de la Corte Suprema. “El Dr. Ariel Lijo es penalista y dicha materia no es propia de la Corte Suprema de Justicia”, agregaron. También repararon en la cuestión de género, y desde esa luz, criticaron también la candidatura de García-Mansilla: “La postulación de dos candidatos varones resulta improcedente en razón de contravenir los mandatos constitucionales, convencionales y reglamentarios de nuestro país que garantizan la igualdad entre éstos y las mujeres”.

Será Justicia, la organización que preside la exdirectora de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, presentó un extenso escrito que replica los cuestionamientos alzados contra Lijo en mayo, cuando la organización que vela por el fortalecimiento institucional le marcó al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Liberona, la “falta de idoneidad profesional y ética” del juez.

“En lenguaje llano, Ariel Oscar Lijo parece ser un juez, quien luego de tantos años en el oficio, conoce los mecanismos procesales y legales necesarios para erigirse en un gran proveedor de impunidad, camuflando su actuar bajo una fingida actuación en favor de la evolución del proceso judicial del que se trate”, arremete Talerico junto a Aguirre Saravia e Inés Arias, integrantes también de la ONG.

Un proceso similar al que se abrió el martes ocurrió en abril, cuando el Poder Ejecutivo recibió –como ahora lo hace la Comisión de Acuerdos- rechazos y adhesiones de los candidatos entre el 24 de abril y el 8 de mayo. En aquella otra ventana de pronunciamientos, las 328 impugnaciones que cosechó Lijo fueron ensombrecidas por las más de 3500 adhesiones que registró su candidatura.

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