La investigación de un “caso Chocolate” altera el microclima político en los dominios de Moreira y Katopodis

El círculo político del distrito bonaerense de San Martín, en el noroeste del Gran Buenos Aires, está alterado desde el mes de mayo. La municipalidad, que controlan desde 2011 el intendente Fernando Moreira y el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, es el epicentro de la investigación de una trama que tiene puntos de contacto con el escándalo de las tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense que usufructuaba el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau. Allanamientos, secuestros de legajos, pedidos de detención y prohibiciones para salir del país para el jefe comunal y funcionarios se conjugaron para generar ruido en la oposición local y también en el peronismo.

En mayo y junio hubo allanamientos en la Intendencia. En el último procedimiento se secuestraron legajos de 889 empleados incorporados en 2023, que la Justicia busca corroborar si son trabajadores verdaderos o empleados fantasma. La investigación comenzó con la denuncia de un beneficiario de una asignación social de la Anses que vio interrumpido ese pago porque, sin saberlo, figuraba como empleado municipal con un sueldo de unos $300.000, por lo que ya no tenía derecho a percibir beneficios o planes.

Tomaron intervención en el caso la jueza federal Alicia Vence y el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc. Con el proceso en marcha, se prohibió la salida del país del intendente Moreira, quien firmó los decretos de designación del personal bajo la lupa, y de otros cinco funcionarios involucrados en los procesos de contratación (José María Fernández, Daniel Rey, Viviana Saluzzo, Lorena Altamira y Marta Pastor). El 19 de abril, el fiscal pidió detenerlos a todos, pero la jueza no avaló la solicitud.

La presunta trama delictiva motivó enojos, críticas e inquietudes en el mundillo de la política local, que sigue con atención sus derivaciones. “Hubo pedidos de informes, de crear una comisión investigadora. También un pedido de interpelación que presenté. El intendente debe venir al Concejo a explicar lo que investiga la Justicia Federal. Tiene prohibido salir del país y el fiscal apeló la no concesión de la detención”, afirma a LA NACION el concejal de Pro Andrés Petrillo.

“Es un caso de gravedad mayor al de Chocolate. En ese caso, había connivencia entre el que cobraba y el que prestaba el nombre, que recibía una parte. Acá, las personas desconocían que estaban nombradas. Es imposible que el intendente no tuviera conocimiento de esta mecánica de caja negra”, agrega, y concluye: “San Martín está descontrolado en personal. Tiene 8204 empleados; en 2011, cuando asumió Katopodis, había 3700″.

En el Concejo Deliberante, 13 de los 24 concejales son del oficialismo, por lo que la oposición no tiene expectativas de que sus reclamos prosperen. “Fue una convulsión. Katopodis tiene una estrategia histórica de bajo perfil. Que sea una causa federal los desconcierta [al ministro y al intendente]”, sostiene otro dirigente opositor, que no cree que Moreira tenga mayores complicaciones judiciales: “Está imputada toda la cadena de control de legalidad, van a ir por ese lado”.

También desde la oposición, una fuente bien informada sospecha que la interna del peronismo bonaerense puede tener injerencia en el caso. “Para mí, es la pelea Máximo-Kicillof, y, como ‘Kato’ decidió ser ministro de Kicillof, le están pasando un vuelto. La causa parece estar floja de papeles. Ideológicamente, Moreira y Katopodis son horribles, pero no son de estas desprolijidades”, puntualiza.

“En lo territorial, es un sacudón enorme para ellos. Les impactó en su estructura territorial. [Lo que se destapó] es un esquema de trabajo. No había pasado algo así antes y lo salpica a Katopodis”, sintetiza una fuente local que simpatiza con Javier Milei.

En el oficialismo de San Martín subrayan que “ni bien el municipio tomó conocimiento de irregularidades, hizo una revisión de todas las etapas administrativas y aportó a la Justicia toda la información requerida”, que “las cuentas fiscales están y siempre estuvieron en orden, sumando permanentemente servicios” y que son “los primeros interesados en que esta situación se resuelva”.

Además, fuentes del gobierno local remarcan a LA NACION que recibieron “el apoyo de todos los sectores políticos y sociales, agrupaciones, concejales y de la Cámara Económica sanmartinense”, y que, “hacia adentro del peronismo, el apoyo fue público, incluso de quienes participaron de la interna en las elecciones”.

En la variada paleta del peronismo distrital (donde Moreira y Katopodis aglutinan a kirchneristas, massistas, camporistas y al Movimiento Evita, entre otros sectores) hay inquietud, aunque las fuentes consultadas despegan al intendente del caso.

“Hay que separar la figura del intendente de todo esto. Moreira se está comprando un lío. Es un tipo austero, que está en política hace 40 años. Los contratos salieron del Concejo [por el del denunciante y unos doce más que se investigan desde el inicio]. El presidente es Diego Perrella”, afirma un dirigente de una de las tribus del peronismo en el distrito, que trae a colación el nombre de quien ya fue titular del Concejo entre 2011 y 2021, y regresó en 2023 al puesto. Anteriormente, fue jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social cuando Juan Zabaleta conducía esa cartera.

“Veo mucha preocupación, el tema pegó en la línea de flotación. Pero, para mí, Moreira se está comiendo un garrón. Él no haría semejante cosa. En el peronismo no hay rupturas, aunque algunos ya dicen que hay que buscar a otro”, describe una fuente kirchnerista del distrito.

Fórmula del poder local

Moreira y Katopodis son una dupla de poder que gobierna San Martín desde 2011. El actual intendente ganó una banca de concejal en 1997, desde la Alianza, y en 2007 volvió a ser electo concejal, desde el Partido de la Victoria. En 2011, aliados al kirchnerismo, Moreira revalidó su lugar como concejal y Katopodis ganó su primer mandato como intendente. En 2013, Moreira fue electo senador provincial por la primera sección electoral desde la boleta del partido de Sergio Massa, el Frente Renovador; en San Martín, ese año ganó una banca de concejala la esposa de Katopodis, Nancy Cappelloni.

Para su reelección en 2015, Katopodis tuvo al frente de su boleta de concejales a Marcela Ferri, la esposa de Moreira y actual secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias del municipio. En 2017, Katopodis y Moreira se aliaron con el armado antikirchnerista de Florencio Randazzo y obtuvieron un concejal, Perrella.

En 2019, Katopodis ganó nuevamente como intendente, pero dejó el cargo para asumir como ministro de Obras Públicas nacional. Moreira (por largo tiempo, su jefe de Gabinete) había sido el primer concejal en la lista y lo reemplazó. En 2023, con el 46,8% de los votos, Moreira retuvo la intendencia. Al igual que en 2021, la lista de concejales la encabezó Cappelloni.

“Moreira siempre fue el hombre detrás de Kato”, define un experimentado dirigente de San Martín. “El katopodismo son Katopodis, Cappelloni, Moreira y Ferri. Son ellos cuatro, pero la imagen y los votos son de Katopodis. Moreira fue siempre más un estratega”, considera un hombre de la oposición local.

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