La polémica por la exESMA reactiva la grieta en el final de la campaña
El destino del predio que estuvo a punto de ser demolido en 1998 vuelve a poner en primer plano el debate por las violaciones a los derechos humanos, a pocos días de la elección presidencial
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LA NACIONMariano De Vedia
El destino de las 17 hectáreas del predio que durante 80 años fue sede de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y que desde 2004 alberga a unos 15 organismos e instituciones de derechos humanos, irrumpió en la recta final de la campaña electoral. El fuerte cruce entre la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, y la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, puso en primer plano un tema sensible, que estuvo ausente en el debate presidencial que enfrentó a Sergio Massa y Javier Milei.
Allí se ubica, por ejemplo, el Museo Sitio de Memoria-ESMA, proclamado hace dos meses patrimonio mundial por la Unesco, un reconocimiento internacional que el gobierno de Alberto Fernández venía persiguiendo.
“Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a funcionar como escuelas, que es lo que más necesita el país”, reclamó Villarruel, decidida a ocupar un lugar protagónico en el cierre de la campaña opositora, con vistas al balotaje del domingo. Fuentes vinculadas al ámbito castrense interpretan que fue un intento de desafiar el discurso kirchnerista y marcar la cancha, para mostrar que “no son los dueños de lo que pasó en los 70″.
Sin medias tintas, le salió al cruce Carlotto: “Villarruel quiere borrar la historia. Y la historia no se va a borrar porque para eso estamos los organismos defensores de los derechos humanos y el pueblo argentino”.
Esas 17 hectáreas estuvieron a punto de ser demolidas en 1998, cuando el gobierno de Carlos Menem dispuso por decreto la creación de un “espacio verde de uso público”, lo que fue frenado por la Justicia, al intimar al Gobierno a resguardar el predio, dado que podía constituir “una evidencia judicial de las desapariciones forzadas de personas”. Ese año comenzó en formas progresiva, la mudanza de la ESMA, que es la escuela donde se forman los suboficiales de la Armada, a la Base Naval de Puerto Belgrano.
La página oscura
El edificio más significativo del predio naval, que abrió sus puertas en 1924 en Avenida del Libertador 8151, es el antiguo Casino de Oficiales, que entre 1976 y 1983 se convirtió en el más emblemático de los 340 centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura militar, según acreditó la Justicia. Se estima que por ese lugar pasaron unas 5000 personas secuestradas y hoy es la sede del Museo Sitio de Memoria-ESMA.
Desde que el kirchnerismo adoptó como política prioritaria el discurso de los derechos humanos, con el acto encabezado por el presidente Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2004, se asignaron espacios del predio a distintos organismos y entidades. Hoy tienen su sede la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el Archivo Nacional de la Memoria, la Casa por la Identidad Abuelas de Plaza de Mayo, la Casa de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Casa de la Militancia Hijos, Memoria Abierta, el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur y el ente Contenidos Públicos Sociedad del Estado, que depende de la Jefatura de Gabinete.
Es el mismo predio en el que militantes del gobierno de Cristina Kirchner banalizaron el significado de la tragedia de la represión, al organizar asados, murgas, recitales, actuaciones de payasos, actividades partidarias y muestras en las que se equiparaban a dirigentes de partidos democráticos con los responsables de los crímenes de lesa humanidad
“Habría que tener una visión amplia de los derechos humanos, que nos incluya a todos y nos permita, con el paso del tiempo y con mucho respeto, cerrar las heridas que nos duelen como sociedad”, planteó la diputada nacional y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Una asociación civil que reclama el reconocimiento de los damnificados por los ataques de organizaciones terroristas, creada por Villarruel en 2006 para convertirla como la contracara del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La diputada nacional y candidata a vicepresidenta elevó el perfil la semana pasada, en el debate televisivo que mantuvo con su competidor Agustín Rossi (Unión por la Patria) por TN. Los puntos más fuertes del cruce se concentraron en la polémica por los derechos humanos. De ese debate se desprendieron los mensajes críticos hacia las gestiones del kirchnerismo en el área de Defensa, reflejadas en las redes sociales por militares retirados y oficiales que pertenecieron a las Fuerzas Armadas.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, también le contestó a Villarruel y reivindicó el destino del predio y dijo que en esas 17 hectáreas “pueden ser recorridas por los argentinos y visitantes de otros países”. Y recordó que allí también funciona el Museo Malvinas, que a través de distintas muestras “expresan la historia y memoria colectiva sobre nuestras islas”.
Villarruel negó que Milei, en caso de acceder a la presidencia, piense en llevar adelante una política represiva contra las organizaciones sociales. “Eso lo plantea un sector de la sociedad minoritario, a espaldas del sufrimiento del pueblo, que tiene que demonizar a alguien y exponer sus miedos a que se termine el curro de los derechos humanos”, al usar una expresión similar a la que utilizó Mauricio Macri antes de asumir en la Casa Rosada en 2015.
Al igual que en el debate con Rossi, la polémica con Carlotto se extendió a las discrepancias sobre el número de desaparecidos durante la represión militar. “No fueron 30.000″, insistió Villarruel. Y renovó la desconfianza frente a las estadísticas oficiales y el pago de indemnizaciones a víctimas y familiares por las leyes de reparación. “Hay víctimas que dicen haber sido agredidas por el Estado, pero murieron por una pastilla de cianuro ordenada por sus compañeros o porque una bomba que iban a colocar les explotó en las manos”, argumentó.
“Quiere borrar la historia. Habla pavadas”, fue la réplica de la presidenta de Abuelas.
Por Mariano De Vedia
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