La pobreza, el veto de Milei y el rol de Caputo: las preguntas más espinosas de los diputados a Francos

La exposición inicial del jefe Gabinete, Guillermo Francos, duró poco más de una hora y, si bien tocó una amplia gama de temas, no hizo mención a los últimos índices de pobreza, que este año tocó el 55% del total de la población, según la estimación de consultoras privadas. Por eso, distintos referentes de la oposición le consultaron al ministro coordinador por esta omisión así como por el veto presidencial de la ley que buscó recomponer los haberes jubilatorios y fijar una nueva fórmula de movilidad, cuya insistencia está en los planes de una buena porción de los miembros del Congreso.

Los límites que el Poder Ejecutivo impuso al acceso a la información pública y el ataque al periodismo por parte del jefe de Estado fueron otros de los puntos que los diputados cuestionaron al funcionario de Javier Milei. También el rol del asesor presidencial, Santiago Caputo, al que le objetaron su falta de nombramiento oficial como funcionario público.

“¿Por qué no nos informó de los índices de pobreza? ¿Por qué no nos informó lo que están padeciendo las infancias de este país y si nos informó que quieren que esas infancias vayan en cana? ¿Por qué ocultó esas cifras en su informe que son el verdadero retrato del gobierno que vino a representar?”, interrogó la diputada de izquierda, Vanina Biasi (CABA), a Francos. Y sumó: “Esta Cámara votó gustosa que el 0,4% del PBI se redujera producto de la disminución de los bienes personales. A personas que ganan $300.000 millones de pesos le redujo la carga impositiva y le niega a los jubilados a que puedan acceder a un poquito mayor del que tienen en este momento en una resolución que tiene una carga de más o menos la misma que usted le quitó a las personas más ricas de este país”.

Como respuesta, el jefe de Gabinete indicó que a fines de septiembre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicará los datos de pobreza referidos al primer semestre. “Se buscó priorizar el eje de la niñez, los ingresos de las familias más vulnerables se reforzaron a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aumentó un 308%, y se incrementó un 138% el programa Alimentar”, precisó Francos.

El legislador bonaerense Nicolás del Caño fue más allá y exhibió la prueba material del aumento que el Presidente impugnó. Con una medialuna en la mano, le achacó al ministro: “Su gobierno vetó un aumento que era muy módico, que equivalía a una medialuna por día para cada jubilado”. “Más de 5 millones de jubilados cobran la mínima y han sido víctimas de todos los ajustes bajo todos los gobiernos. En estos siete meses hubo una pérdida de 30 puntos del poder adquisitivo comparado con el año anterior, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)”, concluyó Del Caño.

El jefe de Gabinete le retrucó: “El haber mínimo sin refuerzo previsional aumentó en términos reales un 9% entre diciembre de 2023 y julio 2024″.

El líder de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, remarcó a Francos “el valor de la política en esta casa” y fue categórico respecto de las consecuencias del veto total del Presidente. “La interacción, el diálogo político inteligente, de acuerdos, es el camino a la racionalidad que le hubiera permitido al Presidente hacer un veto parcial a la reforma jubilatoria. Y eso hubiera sido importante para los jubilados, evitado la controversia. Nos parecía legítimo que eso sucediera en el marco de un dialogo donde el senado también estuvo esperando su respuesta para hacer modificaciones”, consideró Pichetto, quien apoyó y trabajó para materializar el veto parcial de los artículos más gravosos para las cuentas del Estado. Por último, sentenció: “No estamos acá para romper todo, estamos para tratar de buscar salidas para la Argentina, para que la microeconomía mejore”.

El vínculo que construyó el actual Poder Ejecutivo con el Congreso fue cuestionado por el líder del bloque UCR, Rodrigo de Loredo. El Cordobés le reprochó al jefe de Gabinete las descalificaciones del Presidente a los legisladores y consultó la motivación de estos agravios. Precisó que hay analistas políticos que dan cuenta de que cada vez que el Gobierno se pelea con el parlamento valida su legitimación social.

“A instancia de una coyuntura que tenemos ahora que tiene que ver con un veto presidencial, al cual por distintos canales hemos intentado persuadir que cuanto menos desde un punto de razonabilidad se escuche una idea de veto parcial, pero que no ha sido atendida, la pregunta que le formulo es, ¿Fabrican ustedes las peleas con el parlamento argentino? ¿Las construyen adrede?”, arremetió el líder radical.

El rol de Caputo

El ministro coordinador también fue interrogado por el rol del asesor presidencial y cuidador del relato oficial, Santiago Caputo. El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, señaló las irregularidades de su rol en el Estado: “No es una persona políticamente expuesta como otros funcionarios. No se ha evaluado sobre si tiene conflictos de intereses potenciales o actuales. Por una cuestión política tiene que asumir las consecuencias de ello”.

Francos contestó de manera escueta. “Me remito a la respuesta 1708 del informe por escrito”, señaló. Allí se detalla que Caputo se encuentra contratado en el ámbito de la Secretaria General, en el marco del Decreto N° 1109/17, en la categoría de consultor II, con una remuneración equivalente a 3750 dólares. “Sus actividades consisten en liderar proyectos de consultoría en el campo profesional específico; planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado; armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados; armar un plan de trabajo que contenga entregables para la consecución exitosa del objetivo; diseñar indicadores para la medición de avances del proyecto; coordinar y dirigir el diagnóstico y la puesta en marcha de la implementación; asesorar en temáticas de su especialidad y generar mecanismos de transferencia de conocimiento”, precisa el informe.

Por su parte, el santafecino Esteban Paulón (Encuentro Federal) hizo suyas las palabras del Presidente, que incluyó a Caputo en el “triángulo de hierro” del poder que componen él y su hermana Karina, y chicaneó: “El monotributista más influyente del país parece que no tiene nada para explicar, pero la prensa, haciendo ejercicio de su profesión bajo la libertad de expresión, sí”.

Sobre el régimen especial de la provincia de Tierra del Fuego, el jefe de Gabinete no contestó si se iba a eliminar y solo se limitó a indicar que la estimación de este gasto “será incluido en el proyecto de Presupuesto 2025″.

Límites a la información pública

Esta semana, el Gobierno cambió por decreto la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y acotó los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo. Delimitó “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.

El legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó esta medida de “retroceso” y exigió detalles sobre la motivación de estos cambios. “Hay una decisión que es oscurantista, restrictiva, arbitraria, que rompe con la cuestión y hay como un exceso en la interpretación del derecho a la intimidad, de los asuntos públicos, de la buena fe, de los abusos del derecho”, señaló Ferraro, quien se mostró “preocupado” por “los más de 45 periodistas que han sido violentados, hostigados desde las más altas esferas del poder, desde el Presidente, el vocero presidencial, más el hostigamiento que sufren en muchísimas de las redes sociales”.

Lo acompañó el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, que solicitó al jefe de Gabinete que se “revise” la modificación al decreto reglamentario de la ley de acceso a la información pública.

En la misma línea se pronunció la diputada radical, Carla Carrizo. “Derogue urgente el decreto que restringe la libertad de expresión en la Argentina. Usted tiene el consejo del Presidente, es una regresión insólita esa regulación de la legalización del secreto en la información pública”, consideró la legisladora por la Capital Federal.

Como respuesta, Francos repitió que “no hay ninguna intención de limitar el acceso a la información pública, sino ordenar los pedidos de información”. Destacó, además, que para materializar esta modificación a la reglamentación de la ley 27.275, “se hicieron consultas a la Agencia de Acceso a la Información Pública -dirigida por Beatriz de Anchorena- como a la procuración del Tesoro -a cargo de Rodolfo Barra- y no hubo ninguna objeción”. Por último, se comprometió a recoger las inquietudes de los legisladores sobre este punto para transmitirlas al Presidente. “No sé si derogarlo, pero modificaremos el decreto de ser necesario”, determinó.

Sobre los embates directos del primer mandatario a trabajadores de Prensa, el jefe de Gabinete defendió a Milei: “Algunos periodistas han exagerado sus posiciones y el Presidente ha respondido. No creo que haya habido otro Presidente que haya recibido más agresiones que Javier Milei”. Por otro lado, aclaró que no está en la agenda del Gobierno la presentación de un proyecto para incluir a los periodistas entre las Personas Expuestas Políticamente (PEP), algo que deslizó el jefe de Estado el último domingo en diálogo con LN+. “Yo no voy a hacer juicios de valor sobre los periodistas, soy muy respetuoso de la libertad de prensa”, concluyó Francos.

Directores de las empresas del estado

El diputado Oscar Agost Carreño interrogó a Francos sobre YPF, específicamente para que el funcionario brinde el detalle de quienes son los directores actuales y cuál es su sueldo mensual. “Sobre AYSA indicaron que un director cobra 76 millones de pesos y no queda claro si es mensual o si es entre enero y abril”, cuestionó.

Si bien Francos precisó que tanto él como su vicejefe, José Rolandi, forman parte del directorio de YPF, evitó especificar cuál es el sueldo mensual por ese rol. “Rolandi y yo no cobramos retribución, solo cobramos como representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Los honorarios del resto de los directores los detallaremos a través de un informe por escrito”, indicó.

El rechazo de Cúneo Libarona a la diversidad

El diputado Ferraro consultó a Francos si los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que rechazó “las identidades sexuales no alineadas con la biología”, eran de carácter personal o del Gobierno.

“En el marco de dicha reunión, en la Comisión de Mujeres y Diversidad, el ministro de Justicia, que respeta las diversidades sexuales, efectuó una larga exposición que derivó en una enunciación de preceptos que no pudieron ser concatenados y culminados por las sucesivas interrupciones”, respondió el jefe de Gabinete. Tras recibir aplausos por parte del bloque oficialista, Francos agradeció el reconocimiento e ironizó: “Por la claridad de la respuesta, supongo”.