La pelota sí se mancha: fútbol, lavado y espías
En los tribunales de San Isidro se tramita un expediente que conjuga denuncias de ventas trianguladas de jugadores, lavado, evasión y hasta sospechas de espionaje, lobby político y narcotráfico
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LA NACIONHugo Alconada Mon
La pelota sí se mancha. A 14.000 kilómetros de Qatar, los tribunales federales de San Isidro registran el capítulo más reciente de los sótanos del fútbol. Incluye ventas trianguladas de jugadores, clubes empobrecidos, lavado, evasión, fuga de capitales y hasta sospechas de espionaje, lobby político y narcotráfico, según reconstruyó LA NACION.
La trama tiene como primer protagonista a Uriel Pérez Jaurena, un representante de futbolistas –al menos uno de los cuales está en el Mundial– que terminó en el banquillo de los acusados. Allí quedó tras una denuncia que radicó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La denuncia quedó en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien delegó la investigación en el fiscal Fernando Domínguez. La pesquisa avanzó rápido, con allanamientos y registros en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Futbolistas Agremiados y los clubes Racing, Independiente, Argentinos, Gimnasia y Unión.
Ese fue el primer paso, que llevó a tomarle declaraciones a dirigentes de Boca, Vélez, Argentinos, Huracán, Godoy Cruz y Chicago, que debieron explicar el trasiego sospechoso de fortunas con Pérez Jaurena. Y a eso se sumaron los aportes de la propia Procelac y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que detalló inconsistencias tributarias del acusado entre 2016 y 2020.
La pesquisa pronto abrió indicios preocupantes de criminalidad económica entre 2014 y 2019. Desde la presunta fuga de US$12 millones al exterior al dólar oficial, a la supuesta evasión de al menos $60 millones con facturas truchas. Por ejemplo, a través de una firma vinculada a la dirigencia de Chicago y un supuesto mutuo con autoridades de Argentinos.
Pronto, también, comenzaron a circular sospechas sobre eventuales maniobras de lavado del narcotráfico mexicano mediante la compra de jugadores de clubes locales. Y la triangulación vía Uruguay de Pérez Jaurena, quien compartió proyectos con Greg Taylor y Christian Bragarnik, protagonistas insoslayables del fútbol mexicano y local.
Pero cuando parecía que estaba contra las cuerdas, Pérez Jaurena cambió de letrado. Designó a Marcelo Rocchetti, quien antes defendió a los jefes de los barrabravas de Boca y de River, Rafael Di Zeo y Alan Schlenker, y asesoró a Christian Ritondo en el Ministerio de Seguridad bonaerense hasta que renunció tras una denuncia de Lilita Carrió.
Con el paso de las semanas, Rocchetti radicó una denuncia penal contra Arroyo Salgado y Domínguez, y logró sus apartamientos. Los reemplazaron el juez Lino Mirabelli y el fiscal Diego Iuspa. ¿Y la causa penal? Comenzó a complicarse.
Rocchetti avanzó primero contra Arroyo Salgado. Planteó que la jueza mantiene con él una enemistad manifiesta que la habría llevado a perder su imparcialidad en la pesquisa y, por tanto, a afectar la defensa en juicio de su cliente, Pérez Jaurena. En abril de este año, un camarista federal, Alberto Lugones, admitió su planteo y apartó a la jueza.
El siguiente hito ocurrió días atrás, cuando el magistrado que reemplazó a Arroyo Salgado, Lino Mirabelli, reasumió la investigación en sus manos y apartó a Domínguez. Admitió así el reclamo de Rocchetti, quien acusó al fiscal de violar las garantías de defensa de su cliente.
“No sólo el Sr. Fiscal no hizo lo necesario para que el letrado [Rochetti] pudiera acceder al expediente y desoyó la directiva impartida por la magistrada otrora a cargo de la investigación [por Arroyo Salgado], sino que además hizo caso omiso a la específica instrucción emitida por la Alzada en este mismo proceso, actitud que impidió a la parte anoticiarse y, por ende, participar de las declaraciones testimoniales ordenadas, pese a haberlo pedido específicamente”, planteó Mirabelli.
Para el fiscal Domínguez, su apartamiento es arbitrario, por lo que apeló. Sostiene que Rocchetti siempre tuvo acceso físico a las actuaciones, que todo se subió al sistema informático Lex 100 y que todas las medidas de prueba serían reproducibles durante un eventual juicio oral. Pero la Fiscalía sabe que las chances de su apelación son exiguas.
Mientras tanto, Rocchetti planea dar otro paso en las próximas semanas. Y ya dio un anticipo en el expediente. Planteó que la Procelac comenzó a investigar a Pérez Jaurena tras recibir un anónimo que sería “prácticamente un calco” del que provocó la apertura de la causa penal contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina que llevó a su detención. Es decir, que la ofensiva contra su cliente habría provenido de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
“Lo dije y lo reafirmo: esto fue una operación de inteligencia”, dijo Rocchetti a LA NACION. “Pero a diferencia de lo que ocurrió con el ‘Pata’, esta no respondió a motivaciones políticas, sino a negocios personales del entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas, representante de futbolistas. Su hijo fue a ver a Pérez Jaurena para que fueran socios y como mi cliente se negó, después vino esta represalia”.
Consultado por LA NACION, el estudio jurídico que representa a Arribas indicó que no tenían previsto presentarse en el expediente por estos días. “Le preguntamos a nuestro cliente e indicó que no conoce ni tiene relación con Pérez Jaurena y que es ‘más de lo mismo’, una mentira más que se dice en su contra”.
Pero Rocchetti se ilusiona con avanzar por esa senda, apoyado en la reciente declaración de un agente de la AFI ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga el espionaje ilegal durante la presidencia de Mauricio Macri. Preguntado sobre a quiénes espió durante aquellos años, el agente respondió: “Yo muchas pregunté [a quiénes debía seguir] y en alguna ocasión me dijeron que eran representantes de jugadores”.
LA NACION procuró consultar al fiscal Domínguez, quien declinó responder. Pero desde su Fiscalía rechazaron ser o haber sido la punta de lanza de una operación. Recordaron que la Procelac tiene la obligación de investigar todas las denuncias que reciba, aunque sean anónimas, y que así lo hizo durante siete meses. Sólo cuando verificó que tenía asidero, radicó una denuncia formal ante la Justicia. Y que la Fiscalía requirió datos a la AFI y al Juzgado federal de la Plata que investiga la presunta persecución contra el “Pata” Medina para verificar si el anónimo “respondía a actividad ilegal de los servicios de inteligencia”.
Junto al fiscal Domínguez recordaron los obstáculos que surgieron durante esta pesquisa. “Hasta ahora, el desafío de los fiscales era llevar las investigaciones ‘sensibles’ hasta la instancia de juicio oral. A partir de este caso es que siquiera los dejen investigar”.
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