La peligrosa estrategia del oficialismo de anestesiar al Congreso y convertirlo en una olla a presión
En Diputados, a la oposición le faltó un puñado de votos para el quorum y debatir la movilidad jubilatoria; en el Senado Villarruel cedió a la presión para debatir el DNU 70/23
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La fallida sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para discutir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria fue el primer round de un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición por el manejo de la agenda parlamentaria. A los opositores les faltó un puñado de voluntades para acariciar el quorum y el oficialismo respiró de alivio. Mañana, sin embargo, la oposición en el Senado podría recuperar terreno si une filas y le asesta el rechazo al mega DNU 70/23 del Poder Ejecutivo.
Esta dinámica tan electrizante como impredecible en la que está sometido el Congreso tiene crispados a los libertarios y sus aliados de Pro que, en minoría, apelan a la única herramienta que tienen a mano: intentar anestesiar el funcionamiento legislativo para evitar que la oposición les marque el paso.
Se trata de una estrategia de manual, aunque de alcance limitado. Las evidencias saltan a la vista. En el Senado, después de mucho dilatar la convocatoria a sesión, su presidenta Victoria Villarruel cedió a la presión de los distintos bloques y llamó a debatir mañana en el recinto un temario en el que incluyó el mega decreto del Gobierno. La jugada es riesgosa, pero en los hechos inevitable: a la vicepresidenta se le hacía cada vez más costoso en términos políticos mantener cerrado el recinto con el único objetivo de impedir el debate del polémico decreto. Para peor, cuanto más tiempo transcurría, más voluntades opositoras reunía el rechazo.
En la Cámara de Diputados Martín Menem enfrenta una encrucijada similar y demora la constitución de las comisiones del cuerpo para evitar que la oposición le marque la agenda en los distintos temas, entre ellos el previsional. ¿Cuánto tiempo más podrá el oficialismo dilatar una respuesta a los millones de jubilados que mes a mes ven caer estrepitosamente sus ingresos por efecto de la inflación? El presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, uno de los lugartenientes del Gobierno en la Cámara baja, admite que si bien el problema es urgente, el debate sobre una nueva fórmula de movilidad recién empezará una vez que el Poder Ejecutivo ingrese en el Congreso su propuesta. Descuenta que recién será después de Semana Santa.
A ese ritmo, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria recién vería la luz en un par de meses si se consideran los tiempos de debate en Diputados y en el Senado. Durante casi un semestre los jubilados y pensionados habrán visto licuados sus ingresos con la fórmula vigente que, al no contemplar la inflación, permite al ministro Luis Caputo exhibir equilibrio fiscal en las cuentas públicas.
Habrá que ver si los bloques dialoguistas –en especial el radicalismo- siguen acompañando al Gobierno en su estrategia de dilatar los tiempos. Como en el Senado con el DNU, el tema previsional amenaza con convertir a la Cámara de Diputados en una peligrosa olla a presión. A la UCR no le resultó cómodo abstenerse de dar quorum en la sesión especial y arriar una de sus banderas partidarias más tradicionales, la de la defensa de los jubilados. Si esta bancada bajaba al recinto, el quorum estaba garantizado y, con él, el primer golpe legislativo a la gestión de Javier Milei.
Martín Menem logró disuadirlos: convocó a la Comisión de Previsión y Seguridad Social y les dio la excusa perfecta a ellos y a los bloques provinciales para no sumarse a la sesión opositora. A última hora le ofreció a la UCR la presidencia de este cuerpo, cabecera en la discusión.
“No es cierto que haya toma y daca como dicen en el kirchnerismo”, se atajó radical Karina Banfi, vicejefa del bloque. “Vamos a dar el debate sobre la movilidad jubilatoria, hay varios proyectos presentados y falta que ingrese la propuesta del Gobierno. Es un tema urgente”.
Sin embargo, el Gobierno sigue sin dar señales de enviar prontamente su nueva propuesta de movilidad, pese a que ya estaría redactada en la versión acotada de la Ley de Bases que enviará el Gobierno. Según trascendió, consistiría en una indexación mensual de los haberes con el índice de precios al consumidor (ahora la actualización es trimestral) pero solo contemplaría, como toda compensación, 10 puntos por la inflación de enero pasado, que trepó al doble.
“La compensación completa por enero implicaría un impacto de 2600 millones de dólares para el fisco”, admiten en las filas libertarias. Un agujero letal para las arcas fiscales de Caputo.
El ministro de Economía mide los tiempos para calzar la nueva fórmula. En un escenario de baja inflación y crecimiento incipiente –como la que él imagina para el segundo semestre-, una actualización atada a la inflación sería menos gravosa para el fisco que la fórmula actual, que se rige bajo los parámetros de la variación salarial y de la recaudación de la ANSES.
Nada nuevo bajo el sol. Todos los gobiernos en los últimos años buscaron adaptar las formulas de movilidad jubilatorias a sus conveniencias fiscales. Aunque los “beneficiarios” del sistema no se vean “beneficiados”.
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