La paradoja de nuestra sociedad
La debilidad del compromiso de la sociedad argentina con su Constitución y las leyes, una elevada percepción de desigualdad ante la ley, una democracia de baja calidad agravada por la falta de confianza en sus instituciones son algunas de las principales conclusiones que surgen de la Segunda Encuesta de Cultura Constitucional; proyecto conjunto de IDEA Internacional y Poliarquía Consultores, dirigido por los autores de esta columna junto con Eduardo Fidanza. La mayoría de los entrevistados percibe a la Argentina como una sociedad transgresora, en la cual las leyes en general y la Constitución en particular no son respetadas por los ciudadanos ni por los dirigentes.
La desagregación de los datos pone de manifiesto las paradojas de nuestra sociedad frente a la Constitución y la leyes. En el terreno positivo, se destacan la alta valoración que tienen los entrevistados de la Constitución y el hecho de que el respeto a la ley aparece como el logro más deseado para los argentinos. Pero de la investigación surgen también noticias muy preocupantes, entre ellas un bajo grado de conocimiento de la norma suprema junto a un alto nivel de falta de respeto por la legalidad. El 80% de la población considera que la Argentina vive la mayor parte del tiempo al margen de la ley, mientras que para el 83% los argentinos son desobedientes y transgresores, aunque la mayoría no se ubica a sí misma en esa categoría.
Particularmente grave es el hecho de que los políticos en primer lugar (74%), seguidos de los policías (52%), los funcionarios públicos (43%), la gente (39%) y los jueces (38%) sean percibidos como los mayores y principales violadores de la ley. En resumen: una sociedad que se autocalifica como transgresora, en la cual el 43% opina que hay momentos en que es necesario desobedecer la ley.
Estos datos evidencian el abismo que existe entre lo que deseamos ser como sociedad y lo que somos en la realidad. Por un lado, una alta valoración de la Constitución (91%) y una demanda de líderes capaces de manejarse con apego a las leyes. Pero, por el otro, una sociedad que conoce y cumple poco con su Constitución, ya que el 73% así lo reconoce, con cifras mayores de desconocimiento de las constituciones provinciales y cartas orgánicas municipales: 87% y 94%, respectivamente. La encuesta muestra una elevada percepción de desigualdad ante la ley: el 63% estima que no hay igualdad ante la ley y el 85% está en desacuerdo con la frase de que la Justicia juzga a las personas sin importar su dinero.
Una de las fortalezas logradas en los últimos 32 años es que los argentinos valoramos y apoyamos la democracia. Lamentablemente, este apoyo a la democracia viene matizado por una elevada desconfianza y falta de credibilidad en las principales instituciones, sobre todo en los partidos políticos, el Congreso, el Poder Judicial y la Presidencia.
El apoyo a la democracia tampoco se ha visto acompañado de una consolidación del régimen republicano y federal. Sus atributos principales -la igualdad ante la ley, el control ciudadano, la responsabilidad de los funcionarios públicos, el equilibrio de poderes, entre otros- lamentablemente siguen siendo débiles o ausentes. Especial gravedad reviste la incapacidad del Estado para perseguir el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la investigación de delitos que quedan impunes, a lo que se suma un considerable incremento de la violencia, lo cual agrava la desconfianza en las instituciones y, especialmente, en el Poder Judicial. Consecuencia de ello, contamos con una democracia de muy baja calidad institucional y con gran debilidad en sus aspectos éticos, políticos, culturales y educativos.
Tampoco hemos logrado fortalecer el Estado de Derecho, es decir, "la subordinación de todo poder al Derecho, desde el nivel más bajo hasta el más alto" (Norberto Bobbio). Por el contrario, se ha venido imponiendo el gobierno de los "hombres" en lugar del de las "instituciones y de las leyes", atento a la violación sistemática del orden normativo. Prueba de ello es la profundización del hiperpresidencialismo, que se advierte en todos los órdenes gubernamentales.
Estamos, pues, ante un problema complejo, que no puede ser enfrentado con respuestas simples. Su solución demanda una estrategia integral y de largo aliento dirigida a desarrollar y arraigar una "cultura de la legalidad". Para ello, es imperativo, mediante reformas institucionales y culturales, acortar la distancia que separa a la sociedad de su Constitución y de sus leyes, poniendo énfasis en la importancia de contar con una educación cívica que reafirme los principios y valores de la Constitución, como lo ordenó la incumplida ley N° 25.863. Sólo de este modo podremos superar el estado actual de anomia "boba" que caracteriza a nuestra sociedad, que, además de antidemocrática, es una de las causas principales de nuestro subdesarrollo (Nino).
Hernández es constitucionalista y Zovatto es politólogo y jurista
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