La oposición se une contra la reforma militar y pide una sesión especial
La ofensiva opositora contra la reforma de las Fuerzas Armadas dio ayer otro paso: el Frente Renovador y el Bloque Justicialista solicitaron una sesión especial para tratar todas las iniciativas que apuntan contra el decreto reglamentario con el que Mauricio Macri amplió la intervención de los militares en tareas de seguridad interior.
Dirigido al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, el pedido apunta a realizar una sesión especial el 8 de agosto, el mismo día en que el Senado debatirá la legalización del aborto. Lleva las firmas del diputado del Bloque Justicialista, Diego Bossio; de la jefa de la bancada del Frente Renovador, Graciela Camaño, y de los diputados massistas Marco Lavagna, Alejandro Grandinetti y Vanesa Massetani, entre otros.
El temario para esa eventual sesión contiene proyectos del Frente Renovador, el Frente para la Victoria (FPV), Libres del Sur, el Movimiento Evita y el Frente de Izquierda. Es decir, es una iniciativa que involucra a toda la oposición, por lo que sería factible que se reuniera una mayoría para rechazar el decreto 683/2018.
Los proyectos muestran, de todos modos, que la postura de la oposición sobre el debate de fondo es variada. El FPV, Libres del Sur, el Movimiento Evita y el FIT presentaron proyectos para derogar el decreto de Macri. El artículo más cuestionado de esa norma es el que elimina el límite sobre la noción de "agresión externa" que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas. Por decreto, Néstor Kirchner lo restringió a la agresión militar de otro estado.
El Frente Renovador coincidió en el rechazo del decreto de Macri, aunque por medio de un proyecto de resolución. Propuso debatir una propuesta de "seguridad ampliada y atribuciones subsidiarias de defensa", que involucra a los militares en el combate de los delitos complejos, como el terrorismo y el narcotráfico.
Por su parte, el presidente del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner, presentó un proyecto para que el Gobierno convoque al Consejo de Seguridad Interior "a efectos de definir un plan de apoyo operativo para la lucha contra el narcotráfico". El proyecto exige además "la urgente redistribución de los efectivos de Gendarmería a efectos de retomar de manera efectiva el criterio de control y vigilancia de las fronteras".
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