La oposición se puso en guardia frente al anuncio de un veto total de Milei a la ley jubilatoria

El anuncio del presidente Javier Milei de que impondrá un veto total a la nueva ley jubilatoria que sancionó al Congreso colocó a la oposición dialoguista en un dilema. Mientras un sector anticipó que insistirá en la ley si es vetada, otros legisladores advierten sobre las consecuencias de llevar la disputa a un punto de quiebre definitivo con el Gobierno: son los que, por lo bajo, han sugerido a emisarios oficialistas que el veto no sea total, sino parcial. Anoche, el Presidente, volvió a apuntar contra el Congreso al calificar a los senadores y diputados de “degenerados fiscales”.

“Si el veto presidencial solo afecta a aquellos artículos que impactan de lleno al equilibrio fiscal pero se salvaguarda la recomposición del 8,1% de los haberes jubilatorios que el Gobierno no reconoció por la inflación de enero, el conflicto podría desactivarse. Pero si el veto es total, nos obligaría a reunir nuevamente los dos tercios de los votos para insistir y estalla la guerra”, advierten las voces más dialoguistas de la oposición.

En rigor, la posibilidad de un veto parcial fue conversada entre delegados de los bloques de Pro y la UCR con del Poder Ejecutivo previo a que el Senado convirtiera en ley la media sanción que aprobó la Cámara de Diputados en junio pasado.

Había tres artículos de esa iniciativa que irritaban al Gobierno por su impacto fiscal. Son los que establecen un aumento anual adicional al reajuste por inflación en marzo -según la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y con el Índice de Precios al Consumidor (IPC); la garantía de un haber mínimo para quienes cobran una única prestación previsional; y la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas.

En la oposición dialoguista admitían que estos artículos afectan el equilibrio fiscal y estaban dispuestos a no insistir en ellos si el Poder Ejecutivo los vetaba. El problema es que el Senado sancionó la ley con una mayoría aplastante – 61 votos a favor y 8 en contra-, incluidos cinco de los seis representantes de Pro. Esto sacó de quicio al presidente Milei, que amenazó con un veto total.

La reacción del presidente puso a la oposición en guardia: no faltaron voces que le advirtieron al presidente sobre las consecuencias de una guerra abierta con el Congreso, que ya le demostró su poder de fuego con los dos tercios de los votos en ambas cámaras, la misma mayoría que la Constitución requiere para insistir con la ley.

“Milei tiene derecho al veto, pero también eso tiene consecuencias”, alertó el diputado Miguel Pichetto. No solo se refería a un eventual enfrentamiento con el Congreso; también al costo político que, está convencido, pagará el presidente por cargar contra uno de los sectores que más sufrió el ajuste fiscal.

“Desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma”, agregaron los diputados del bloque que comanda Pichetto, Encuentro Federal. Ellos ya anticiparon que, de ser vetada, insistirán en la ley.

“Estamos comprometidos con la búsqueda del equilibrio fiscal -agregaron-. Sin embargo, observamos con preocupación una distorsión en las prioridades de gestión del Gobierno. Es falso que el ajuste lo está pagando la casta. Más de un tercio recae sobre los jubilados”.

En la UCR, bloque que en la Cámara de Diputados fue promotor de la ley, hay una mayoría también dispuesta a resistir la ofensiva del presidente Milei si el veto es total.

“Estamos comprometidos con el objetivo de alcanzar el déficiti fiscal cero, pero sostenemos firmemente que éste no puede lograrse sacrificando los haberes jubilatorios”, planteó en un comunicado la bancada que conduce Rodrigo De Loredo.

“La aprobación de esta ley recibió un respaldo contundente en ambas cámaras. Existen alternativas viables para financiar el ajuste sin perjudicar a los jubilados, como la revisión de los gastos tributarios y la eliminación de exenciones impositivas injustificadas a las grandes empresas. pero el Gobierno se niega a considerar estas opciones”, añadieron los radicales.

Si bien la ley se aprobó con los dos tercios de los votos, en la oposición admiten que si es vetada totalmente será difícil replicar esa mayoría para insistir en ella, ya que el Gobierno hará lo imposible por cooptar las voluntades más lábiles. Sería un triunfo pírrico, le advierten al oficialismo, pues con un clima tan enrarecido difícilmente prosperen otras leyes que para el Poder Ejecutivo son claves para dar signos de gobernabilidad, como el presupuesto 2025.

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